Sendos diputados del PRI y del PAN dieron a conocer, ayer, que esos partidos han acordado ya un anteproyecto de iniciativa legal para resolver el asunto del Fobaproa mediante la conversión en deuda pública de dos terceras

partes de los 552 mil millones de pesos que constituyen el hueco financiero causado por el rescate de la banca privada que emprendió la presente administración en 1995. Paralelamente, ese anteproyecto plantea la creación de un ``Instituto de Seguro de Depósitos Bancarios'' --que asumiría las actuales funciones del fideicomiso--, por medio del cual se daría cobertura legislativa a la principal ilegalidad cometida en la operación de salvamento de las instituciones de crédito, que fue la suscripción de deuda pública sin autorización del Congreso de la Unión.

Los legisladores señalaron que ``sólo'' unos 350 mil de los 552 mil millones serían, según esta propuesta, pagados por los contribuyentes en el curso de la próxima década, siempre y cuando el Congreso aprobara, anualmente, 35 mil millones.

La autoría del PRI en este proyecto es entendible, toda vez que con él se haría posible que el gobierno actual superara la situación laberíntica y desesperada en la que lo colocaron las acciones inhábiles, equívocas y posiblemente ilegales de sus más encumbrados operadores y ex operadores económicos, hacendarios y financieros.

Es mucho más difícil, en cambio, entender la inconsistencia entre el discurso y los actos de Acción Nacional. Un día antes de que se diera a conocer el anteproyecto mencionado, el presidente del CEN panista, Felipe Calderón Hinojosa, aseveró, en el curso de un programa radiofónico, que su partido no votaría a favor de una iniciativa que cargara a los contribuyentes el costo del rescate bancario, insistió en que los diputados blanquiazules no se plegarían a la insistencia priísta y gubernamental en este sentido y aseguró que el PAN estaba interesado en investigar y castigar las presuntas irregularidades en el manejo del Fobaproa. Todos esos propósitos se vieron anulados, 24 horas después, con la divulgación del anteproyecto bipartidista, en el cual se propone obligar a la sociedad a que pague las pérdidas bancarias y se facilita un mecanismo de impunidad para el menos oculto de los ilícitos cometidos: la suscripción de deuda pública sin el aval del Poder Legislativo.

La incoherencia del PAN se hace más evidente si se considera que, en el anteproyecto priísta-panista, se postula al gobernador del Banco de México, que actualmente es Guillermo Ortiz Martínez, para integrar la junta de gobierno del propuesto ``Instituto de Seguro de Depósitos Bancarios'', con todo y que el propio Acción Nacional promovió, a comienzos de esta semana, un juicio político contra ese funcionario.

La dirigencia blanquiazul no está en posición de ignorar que la propuesta de la que es coautora representaría la legalización de un vasto saqueo al erario y que el costo político correspondiente sería, para quienes la aprobaran, tan alto como el daño patrimonial que causarían a la nación.

Resulta obligado preguntarse, entonces, qué beneficios políticos espera obtener Acción Nacional de su alineamiento con una iniciativa a todas luces inmoral, impopular y lesiva para la gran mayoría de los mexicanos, y qué le han ofrecido, a cambio, el gobierno y su partido.