El examen de la conducta de los gobernantes no puede nunca considerarse como una maniobra, como lo afirma José Angel Gurría, queriendo descalificar la denuncia en su contra.

El juicio político solicitado por el PRD, primero, contra Guillermo Ortiz, Miguel Mancera y José Angel Gurría y, después, por el PAN solamente en contra del primero, expresa una convicción mayoritaria en la Cámara de Diputados en el sentido de que el gobierno federal violó la Constitución y la ley en la operación Fobaproa.

La Secretaría de Gobernación, al responder en nombre del Poder Ejecutivo, asume el papel de abogado de los servidores públicos acusados, con lo cual transgrede el espíritu de la Constitución misma que señala -artículo 72, inciso j- que el Poder Ejecutivo no puede hacer observaciones (ejercer el derecho de veto) a las resoluciones de las cámaras del Congreso cuando éstas realicen funciones de jurado o cuando los diputados resuelvan acusar a algún alto funcionario por los delitos que, antes, se denominaban ``oficiales''.

Como se sabe, el Presidente de la República no es responsable de actos u omisiones contrarios a la Constitución y las leyes, ni por las otras causales del juicio político, por lo que se actúa contra los miembros del gabinete para juzgar los actos políticos del Poder Ejecutivo. En un procedimiento jurisdiccional, como el juicio político, el gobierno federal no debe intervenir para presionar a las cámaras del Congreso, sino que está obligado a respetar la facultad de los legisladores de examinar la conducta de los servidores públicos sujetos al escrutinio parlamentario. Sería evidentemente ridículo que el Presidente fuera defensor de un colaborador suyo en un juicio penal o civil.

Para muchos está claro que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México violaron la Constitución, la Ley General de Deuda Pública y otras más al permitir las operaciones de Fobaproa sin la autorización del Congreso, pues se contrató deuda pública, es decir, se comprometió el crédito de la nación. Por el lado que se analice el problema, lo que no puede negarse es que los compromisos contraídos por el gobierno federal obligan a éste a pagar y que los pagarés emitidos por el Fobaproa no tienen más valor que el respaldo gubernamental.

Existen muchas otras violaciones a la legislación, pero lo más importante es que en la operación Fobaproa se realizaron ``actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho'', como lo prevé la Constitución al dar el sustento del juicio político. Los actos se refieren a contratación ilegal de deuda y las omisiones a que no se pidió la autorización constitucional.

Al defender a los funcionarios denunciados, el gobierno acusa al PRD de ``oportunismo electoral'', pero, si enjuiciar a los gobernantes por sus actos ilegales tiene repercusión favorable a los denunciantes, de tal manera que de esa forma se conquiste simpatía entre los electores, eso querría decir que, al menos, una parte importante del pueblo apoya el juicio contra los servidores públicos denunciados y que, por tanto, lo que debería hacerse es abrir el procedimiento para ventilar el asunto, como lo pide la Constitución.

La Secretaría de Gobernación contrapone la ``solución a los problemas financieros del país'' con la apertura de un juicio en el que los denunciados podrán presentar sus alegatos y defenderse. Esta contraposición no se sostiene en absoluto, pues la solución de los problemas de México no se impide con el enjuiciamiento de servidores públicos. Podría decirse, en cambio, que la falta de escrutinio político del Congreso sobre los actos y omisiones de los gobernantes es uno de los principales factores de las calamidades financieras: si hubiera existido control sobre Salinas no se habría caído en los Tesobonos y si las operaciones de Zedillo hubieran pasado por la consulta al Congreso, como ahora está compuesta la Cámara de Diputados, la historia de Fobaproa, probablemente, sería muy diferente.

La impunidad de los poderosos no podrá ser nunca el camino de la solución de los problemas de la República, como lo pide la Secretaría de Gobernación en su declaración, acto de intolerancia política de quien acusa de eso mismo a un partido de oposición por la sencilla petición de éste para que la Constitución deje de ser letra muerta.