Para la Cocopa en lo que puede ser
la última oportunidad del sexenio
¿Se puede mejorar la acción policiaca contra la delincuencia sin deteriorar aún más la situación de los derechos humanos en nuestro país? ¿Se puede hacer una mejor vigilancia de los derechos humanos sin menoscabo de la atención integral que merecen las víctimas y dando castigos justos a los delincuentes?
En teoría, cualquier observador razonable diría que deben cuidarse los tres aspectos para lograr al mismo tiempo mayor eficiencia policiaca, sobre todo preventiva, mejor protección de los derechos humanos y el que no se pierda de vista a las víctimas. En la realidad, sin embargo, parece que esto es más difícil de lo que se ve en el papel. Sin duda, esta dificultad ha contribuido a que, cada vez que se habla del problema de la inseguridad pública, se fragmente la totalidad del fenómeno, lo que sesga su comprensión.
Por otro lado, aun cuando en el discurso se dice que hay una gran preocupación por los derechos humanos e incluso se puede reconocer la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cierto es que el tema no parece tener la misma atención por parte del gobierno federal que otros como otorgar mayor presupuesto para la policía o comprar más armamento. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) o la CIDH han proporcionado información reciente, que apunta al incremento de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Esta información ha sido confirmada por organizaciones nacionales e incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado su honda preocupación por la impunidad y la situación de los derechos humanos en varios lugares del país. El mismo Pierre Sané, director de AI, ha asegurado que en menos de un año los derechos humanos en México han pasado de estar en una crisis a ser catastróficos. Por venir de quien viene y por lo delicado del tema, esta declaración no puede tomarse a la ligera.
En todos los casos, de manera preocupante, la respuesta oficial tiende a la indiferencia o la subestimación de la información. En el caso de Chiapas, por ejemplo, una y otra vez la Cancillería o alguna otra dependencia, según se trate de un señalamiento internacional o nacional, han respondido que hay falta de información suficiente o bien que se manejan intereses políticos concretos. ¿Todos estos informes son malintencionados o exagerados? Hay bases para creer que, como asegura la CIDH, hay un endurecimiento de las prácticas de control por parte de las fuerzas de seguridad, sobre todo en estados y regiones pobres y apartados. Subrepticiamente, se tratan de ``disculpar'' estas medidas con el argumento del combate al crimen organizado o a los grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario.
En el caso de los derechos de las víctimas, éstos están totalmente borrados de la agenda de las instituciones y los partidos, aunque deberían ser parte esencial de nuestras preocupaciones públicas. Un ejemplo de esta indiferencia es la falta de pronunciamientos sobre la petición de grupos ciudadanos de establecer juzgados especiales para atender los delitos sexuales con el objeto de proporcionar mejores condiciones a las víctimas de estos crímenes. La propuesta se sustenta en el hecho de que en nuestro país se comete una violación cada siete minutos. Como este ejemplo hay varios que permiten afirmar la indefensión de las víctimas que, además de ser presas de los delincuentes, no reciben un tratamiento legal, físico y psicológico adecuado.
Estos y otros temas deberían ser tomados en cuenta cuando la Cámara de Diputados retome las medidas recientemente aprobadas por el Senado sobre la base de una propuesta del Ejecutivo. La iniciativa contiene reformas en materia penal y modificaría al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo. Varios juristas prestigiados y senadores, incluso del PRI, han asegurado que de aprobarse dicha iniciativa se retrocedería 100 años en materia penal.
Los ciudadanos, las organizaciones de defensa de derechos humanos, pero sobre todo los legisladores, debemos estar atentos a la evolución del debate en la Cámara de Diputados, no se vaya a ``filtrar'' o a ``negociar'' aprovechando que el centro de atención estará en el presupuesto o el Fobaproa.