La Jornada martes 31 de noviembre de 1998

Piden a legisladores impedir recortes a la educación pública

Señora directora: Los abajo firmantes, miembros de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, le agradecemos insertar la presente en El Correo Ilustrado del periódico La Jornada, que usted tan dignamente dirige.

A todos los miembros

del H. Congreso de la Unión

La educación en general, y la educación superior pública en particular, son el instrumento con que cuenta un pueblo para acceder al desarrollo, a la justicia y a la igualdad. El presupuesto que se destine a la educación siempre será la mejor inversión en tanto que la ganancia redundará necesariamente en una mejor calidad de vida y en un futuro más justo, más equitativo, más prometedor. Estamos convencidos de que esa es la lógica que debe privar en cualquier Estado, en cualquier gobierno.

En la Unidad Xochimilco de la UAM estamos profundamente preocupados ante la evidencia de que el gobierno federal no está actuando bajo esa lógica. Lejos de promover el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones de educación superior pública, en el Proyecto de Egresos de la nación plantea un severo recorte a los presupuestos destinados a ese fin.

Señores y señoras: como representantes del pueblo mexicano, es su obligación y responsabilidad velar por el progreso justo y equitativo de nuestra nación. En ese sentido, llamamos a esa responsabilidad, pero también a su sensibilidad y conciencia para que impidan que los presupuestos destinados a la educación superior pública sufran nuevos recortes que puedan poner en riesgo no solamente el desempeño interno de nuestra institución, sino el futuro de nuestro país.

Atentamente

Luis Berrucos, René Avilés Fabila, Rafael Reygadas, Arturo León, Minerva Gómez, Eugenia Vilar, Javier Meza, y 265 firmas más

Solicitan a diputados chiapanecos rechazar la impunidad de paramilitares

Señora directora: Mucho agradeceremos la publicación de la siguiente carta, en rechazo a la impunidad de paramilitares en Chiapas.

C. miembros de la Cámara

de Diputados de Chiapas

El 25 de noviembre, el gobernador interino de Chiapas, Roberto Albores, dio a conocer públicamente su proyecto de ley de desarme integral para otorgar amnistía y créditos agropecuarios a grupos civiles que depongan las armas en forma voluntaria y delaten los nombres de sus jefes y las organizaciones que los apoyan.

Ese proyecto de amnistía, lejos de ser un paso para la paz en Chiapas, es una medida que legitima la impunidad, pues otorga el perdón a grupos que han participado en hechos graves y violentado flagrantemente los derechos humanos de los chiapanecos, como son la masacre de Acteal, los sucesos del municipio El Bosque y los desplazados de la comunidad de Taniperla. Con ello se vulnera el derecho universalmente reconocido y más preciado que es la vida, ya que se dejan sin resolver homicidios tan reprobables como los arriba mencionados en aras de una supuesta ``reintegración a la vida pacífica y productiva de la entidad''.

Lo anterior adquiere aún mayor relevancia si precisamos que las autoridades que han reconocido la presencia de grupos armados en Chiapas se han empeñado en nombrarlos grupos civiles armados, cuando en realidad la naturaleza de los más importantes -como el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Máscara Roja, Los Chinchulines, Fuerzas Armadas del Pueblo, Paz y Justicia, Tomás Munzer-, es la de ser paramilitares. Esos grupos son adiestrados militarmente, poseen una organización jerárquica castrense, emplean armas de uso exclusivo del Ejército, además de ser entrenados presumiblemente por militares.

Por otra parte, al considerar a todos los grupos bajo el mismo nombre de ``civiles armados'' se desconocen las distinciones que hay entre éstos, es decir, se agrupa bajo el mismo membrete a paramilitares, guardias blancas y a las bandas de delincuentes comunes, como si todos incurriesen en delitos de la misma gravedad y por ello fuesen merecedores de las mismas penas.

De llegar a ser aprobada esa ley se legitimaría la presencia de esos grupos y se dejarían en la más completa impunidad los crímenes y delitos por ellos cometidos, en vez de luchar contra su ilegalidad y aplicarles la ley.

La amnistía a los grupos armados de Chiapas implica reconocer que han cometido únicamente el delito de portar armas, desconociendo otros graves que se les han señalado como asesinatos, amenazas de muerte, intimidaciones, tortura, desapariciones, violaciones a menores, provocación de desplazamientos, atentados contra la vida, coalición de funcionarios y control de poblaciones.

Pero aun el otorgar créditos como ``una oportunidad más a quienes se encuentran al margen de la ley, conformando grupos civiles armados'' -como lo señaló el gobernador Albores-, lejos de desactivar la dinámica de violencia en el estado significa recompensar a los delincuentes con créditos. Eso es otra forma de disfrazar el apoyo económico gubernamental que han venido recibiendo los grupos paramilitares, con el mismo argumento de fomentar el desarrollo productivo.

Ejemplo claro de ese apoyo económico es el otorgado por el gobierno del estado -entonces a cargo de Julio César Ruiz Ferro- al grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, con el nombre ``Convenio de Desarrollo Productivo'', el 4 de julio de 1997. En dicho convenio -en el que fungió como testigo de honor el entonces comandante de la séptima Región Militar, general Mario Renán Castillo- se financiaba a Paz y Justicia con un total de 4 millones 600 mil pesos, otorgados en tres ``ministraciones'': el 4 de agosto de 1997, el 4 de diciembre de 1997 y el 4 de mayo de 1998.

Por lo antes expuesto, solicitamos a esa Cámara de Diputados que considere las graves consecuencias que, de aprobarse esa ley, sufriría la sociedad mexicana, ya que se dejaría en total impunidad los crímenes cometidos por esos grupos paramilitares.

Atentamente

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC: Mario Patrón Sánchez, coordinador de Asesoría y Defensa, y Jorge Fernández Mendiburu, coordinador de Análisis e Investigación Jurídica

Convocan estudiantes a una reunión de organización

Señora directora: Existe una serie de problemáticas que de manera global repercuten en todas nuestras instituciones.

El drástico recorte al presupuesto educativo es muestra clara de la falta de interés del gobierno para desarrollar ese sector, por lo tanto, nuevamente exigimos 8 por ciento del PIB a educación.

De igual manera, nos une la lucha contra el Examen General de Egreso de Licenciatura, contra el porrismo y el autoritarismo, entre muchos otros.

Así pues, uno de los acuerdos a los que como estudiantes de todo el país llegamos durante el encuentro entre la sociedad civil y el EZLN en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue el de impulsar reuniones regionales para discutir y operativizar el desarrollo de la consulta sobre derechos y cultura indígenas, y nuestro papel como estudiantes y jóvenes.

Bajo ese entendido, convocamos a la reunión de organización que se realizará el martes primero de diciembre, a las 16:30 horas, en el auditorio 1 del edificio 1 de la ESIME Zacatenco del IPN.

Atentamente

Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico, Comité Estudiantil Metropolitano, Consejo Estudiantil Universitario, FZLN, OPEX, UAM-Iztapalapa, CNA, Colectivo Estudiantil de la UPN, Preparatoria Popular Tacuba, Universidad Iberoamericana, Uameros por la Paz con Dignidad, Caravana Ricardo Flores Magón, estudiantes y jóvenes independientes. Juan Luis Toledo Sánchez