Con la drástica caída del precio del petróleo mexicano, que se ubicó ayer en 7.50 dólares por barril, y la ampliación, por parte del Banco de México, del corto monetario de 100 a 130 millones de pesos diarios, la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas para 1999 se agrava sin que las autoridades ni los partidos políticos hayan ofrecido, hasta el momento, propuestas claras y suficientes para prevenir un nuevo desplome de la economía nacional.
En primer término, parece evidente que el polémico y rebatido Presupuesto de Egresos para 1999 deberá ser severamente ajustado, si no es que incluso formulado de nuevo, pues una de sus premisas fundamentales era que, durante el año próximo, el crudo mexicano se cotizaría en un promedio de 11 dólares por barril. Además, con la ampliación del corto, la economía tenderá a desacelerarse y es previsible un aumento de las tasas de interés, lo que encarecerá el costo del dinero y podría agudizar, todavía más, los problemas de cartera vencida.
Ciertamente, la caída de la cotización de los hidrocarburos es un fenómeno que queda fuera del control de cualquier gobierno, pero sus efectos no serían tan nocivos si las autoridades hubiesen establecido, desde tiempo atrás, políticas económicas y fiscales de largo aliento, favorecedoras del mercado interno y la producción, y no sólo del capital especulativo. De haberse aplicado una política económica distinta, cuyas prioridades fueran el desarrollo social, la dinamización de los mercados internos y el reordenamiento fiscal, el país contaría con un mayor margen de maniobra para afrontar las turbulencias económicas externas y, sobre todo, podría atemperar los impactos en el gasto social y en otras actividades prioritarias con motivo de la fuerte merma de los recursos públicos disponibles para 1999.
Sin embargo, la precaria situación en la que se encuentran las finanzas nacionales tiene también causas de índole local. Las más importantes son la errática conducción de la economía y la desastrosa administración del sistema bancario del país. En el segundo de los casos, es evidente que los graves problemas de cartera vencida en que incurrió la banca nacional; la entrega de las instituciones financieras, vía privatizaciones de dudosa transparencia, a individuos sin calidad moral -basta recordar a Carlos Cabal Peniche, Angel Isidoro Rodríguez y Jorge Lankenau-, y la acumulación de pasivos por más de 600 mil millones de pesos que ahora el gobierno pretende hacer pagar a los ciudadanos mediante la conversión en deuda pública de la cartera en poder del Fobaproa, podrían haberse prevenido con la aplicación de controles más severos sobre la actividad bancaria. La razón por la que las autoridades de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actuaron de manera tan permisiva es una de las interrogantes que el gobierno está obligado a responder ante la sociedad, máxime cuando, según diversas denuncias, cuantiosas sumas de dinero, transferidas al Fobaproa, habrían sido utilizadas para financiar de manera ilegal las campañas electorales priístas en 1994.
En las circunstancias actuales, resulta no sólo improcedente sino inmoral que en el presupuesto para 1999 se incluyan sumas tan elevadas -del orden de los 18 mil millones de pesos, según la propuesta oficial- para cubrir el rescate bancario. Mantener una partida tan considerable cuando los ingresos nacionales se reducirán con motivo de la baja del precio del petróleo y rubros tan importantes como la educación, la salud y el desarrollo agropecuario no contarán con los recursos suficientes para encarar las necesidades del país es altamente riesgoso y podría ser causa de estallidos sociales. De igual modo, el gobierno está obligado a reconocer ante los ciudadanos su responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis. Sancionar a quienes contribuyeron a la debacle de la economía nacional, sean desde la banca o la administración pública, es una medida indispensable para preservar la salud de la nación.
Por ello, resulta urgente buscar, con la participación de las diferentes fuerzas políticas, los organismos de la iniciativa privada y las organizaciones sociales, opciones presupuestarias, monetarias y fiscales consensadas que, privilegiando el gasto social y la economía popular, permitan, por un lado, afrontar las difíciles circunstancias económicas por venir y, por el otro, establecer de una vez por todas las bases para que las finanzas públicas no dependan de los ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos.