Activistas del 68 piden amparo ante negativa del MP a abrir averiguación
Fabiola Martínez Ť Siete activistas del movimiento estudiantil del 68 -organizados en el Comité 68-98- solicitaron la protección de la justicia federal (juicio de amparo) ante la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar a 13 ex funcionarios, señalados como presuntos responsables de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, en los hechos del 2 de octubre de aquel año.
En la solicitud de amparo -depositada ante un juez penal de distrito con sede en el Reclusorio Norte- se señala como autoridades responsables al titular de la PGR, Jorge Madrazo, y al director general del Ministerio Público Especializado ``A'' de esta dependencia, quien argumentó que ``ha operado la prescripción de la acción persecutora para integrar la averiguación previa respectiva''.
Sin embargo, sostienen los activistas, de acuerdo a la Constitución Política de nuestro país y otros convenios internacionales firmados por México, los delitos de lesa humanidad (incluido el genocidio), no prescriben. Por lo que ``consideramos que la resolución de la PGR obedeció más a presiones políticas que a argumentos jurídicos'', señaló José Gilberto Piñeiro, activista del movimiento del 68.
Los funcionarios (de 1968) que se pretende sean juzgados son: Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de la República, y Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, ambos fallecidos. Además, Luis Echeverría Alvarez, secretario de Gobernación; Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, y Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal.
Asimismo, Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República, Luis Cueto Ramírez, jefe de la policía del Distrito Federal; Crisóforo Mazón Pineda, comandante de la operación Tlatelolco, y Ernesto Gómez Tagle, comandante del Batallón Olimpia, entre otros, a quienes se responsabiliza de culpabilidad ``real, histórica y moral''.
En conferencia de prensa, Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité 68-98, dijo que se integró el expediente de solicitud de juicio de amparo con todos los requisitos de ley, por lo que esperan la resolución del juez en un lapso breve.
Sin embargo, de negárseles la protección de la justicia federal, recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitar el juicio para los ex funcionarios, toda vez que entre los estudiantes afectados figuran varios ciudadanos de doble nacionalidad.
Alvarez Garín y los activistas Roberto Escudero y José Gilberto Piñeiro, entre otros, señalaron que ignorar al genocidio como delito grave es la peor injusticia que se puede cometer.
``Luis Echeverría cometió dos genocidios, uno en 1968 y otro en 1972, por lo que pudiera ser igual de culpable que el mismo ex dictador Augusto Pinochet'', manifestaron.