Se desclasificarán documentos sobre Pinochet: Rubin

Reuters, Afp y Dpa, Washington, 1o. de diciembre Ť Estados Unidos anunció hoy que se apresta a desclasificar y publicar documentos relacionados con las violaciones de los derechos humanos en Chile, cometidas por el régimen militar de Augusto Pinochet tras derrocar del gobierno constitucional de Salvador Allende.

``Desclasificaremos y haremos públicos la mayor cantidad posible de información'', señaló el vocero del Departamento de Estado, James Rubin, al afirmar que Estados Unidos está revisando los documentos que posee y que podrían arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos durante el periodo pinochetista.

Sostuvo que su gobierno condenó los abusos de la dictadura y que dado el interés en el caso se estaban revisando los documentos clasificados, y que aunque ``ha cooperado'' con el juez español Baltasar Garzón desde hace un año, últimamente él no les ha solicitado más información sobre el general retirado y sus actividades.

Según reportes de prensa, entre los documentos entregados hasta el momento por Washington a la justicia española destacan evidencias de Pinochet y su régimen con acciones de tortura y genocidio, de la Operación Cóndor y que entre las víctimas se menciona a los estadunidenses Charles Horman y Frank Teruggi.

Rubin dijo que Washington no está ``listo aún para exponer'' su punto de vista sobre ``los aspectos legales de la decisión de los lores'' británicos, que el miércoles pasado dictaminaron que Pinochet carecía de inmunidad diplomática y que puede ser juzgado por delitos de lesa humanidad.

El vocero reiteró el comentario hecho la víspera por la titular del Departamento de Estado, Madeleine Albright, en el sentido de que varios países, tras emerger del autoritarismo, o de un conflicto, alcanzaron diferentes equilibrios entre justicia y reconciliación, y que había que respetar a las democracias, en alusión a Chile.

Al respecto, Amnistía Internacional criticó el comentario de Albright sobre el caso Pinochet e infirió de sus declaraciones que Washington se opone a la extradición cuando dijo que tal decisión debe ser dejada en manos del pueblo chileno, pues su representante es el gobierno, lo que equivale a que no se le extradite.

Advertencia a tiranos

El viceministro del Exterior británico, Tony Lloyd, al informar ante la Cámara de los Comunes sobre la ratificación el lunes en Nueva York por el Reino Unido de los estatutos de la Corte Penal Internacional, dijo que era una ``fuerte señal para los Pinochet del futuro'', de que sus acciones no serán toleradas en ninguna parte del planeta.

No obstante, reafirmó que en el caso de Pinochet ``la responsabilidad de la hora actual está en manos del ministro del Interior, Jack Straw, quien hará públicos sus consideraciones y puntos de vista en el momento adecuado''.

Straw, de acuerdo con la justicia británica, tiene de plazo hasta el 11 de diciembre para emitir su veredicto.

En relación a las presiones de Estados Unidos para que Gran Bretaña libere al ex dictador, su antiguo aliado en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende y las políticas represivas en el Cono Sur, un vocero del primer ministro británico, Tony Blair, dijo que comentó que ``los estadunidenses tienen derecho a expresar sus opiniones'', pero que eso no influirá.

Un sondeo de opinión arrojó que 51 por ciento de los británicos favorece la extradición a España del anciano ex militar chileno, contra 32 que cree que se le debería liberar y dejar que vuelva a Chile, dio a conocer el diario The Evening Standard.

Mientras, esta noche Pinochet fue echado del lujoso Grovelands Priory Hospital y trasladado en una ambulancia, seguido por un convoy policial, hacia otro lujoso complejo residencial denominado Wentworth Estate, considerado como una residencia para gente célebre que busca discreción.

La dirección del hospital siquiátrico de Grovelands Priory, donde estuvo internado desde el 29 de octubre, ya lo había dado de alta y se quejó de que el ex dictador no se marchaba y estaba abusando de su hospitalidad, por lo que incluso llegó a amenazar con adoptar medidas legales si no se iba.

En Madrid, el canciller chileno José Miguel Insulza concluyó una visita de 48 horas a España, donde se entrevistó con el presidente del gobierno, José María Aznar, y su homólogo Abel Matutes, entre otros funcionarios y líderes del Congreso, en el marco de su periplo que comenzó en Londres en su ofensiva por rescatar a Pinochet.

Sin embargo, tanto Aznar como Matutes le dijeron que España era respetuoso de los procesos legales y la separación de poderes, que no podían frenar la extradición y que en todo caso dependía de Londres.

Al parecer, la única garantía que recibió es que en caso de que Pinochet vaya al banquillo de los acusados, tendrá un proceso apegado a la independencia e imparcialidad de los magistrados.

Insulza insistió en que de producirse la extradición será un ``error'' y en que ello polarizará la situación en Chile; aunque pidió respeto a la capacidad de Chile para resolver sus problemas, se declaró ``optimista'' porque dijo haber visto algunas señales ``positivas''.

Entre tanto, activistas de derechos humanos de Bolivia presentaron una querella criminal ante España contra Pinochet por la desaparición de cinco bolivianos durante su régimen, y el sindicato IG Metall reclamó la extradición hacia Alemania del ex dictador por heridas y secuestro de tres ciudadanos alemanes tras el golpe.

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 1o. de diciembre Ť En tanto que las fricciones en la coalición gobernante continuaban en torno a la forma de incidir para lograr el retorno a Chile de Augusto Pinochet, la derecha prefería reanudar las caravanas de viajeros a Londres.

En medio de los desacuerdos entre los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Socialista (PS), de la coalición gobernante, surgió la voz del presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, con la afirmación de que en Chile hay garantías para someter a juicio al ex dictador si es liberado.

Dávila no sólo defendió la capacidad de la justicia chilena para procesar a Pinochet, sino que objetó el proceso iniciado en España por el juez Baltasar Garzón, cuyas gestiones llevaron a su arresto el 16 de octubre, al afirmar molesto que ``se está pisoteando la soberanía de nuestro país.''

``No le quepa la menor duda al mundo de que en Chile se puede hacer justicia'', aseveró, y argumentó que el Poder Judicial chileno es el único que tiene en estos momentos preso a un ex jefe de seguridad nacional, en alusión a la sentencia de siete años del ex general Manuel Contreras, de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, el brazo represor de la dictadura.

No obstante que recientemente la corte desechó una petición de Eduardo Frei para nombrar un magistrado especial para asumir las 14 demandas que existen contra Pinochet en Chile, señaló que no se descarte la designación de dicho magistrado.

La declaración de Dávila salió al paso de una carta publicada hoy por los diarios locales, enviada por diputados socialistas al ministro británico del Interior, Jack Straw, en la que le dicen que en Chile no existen condiciones ni garantías para llevar a proceso al ex dictador.

La postura de esa carta fue respaldada por la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra, quien tras regresar de Londres asentó que era ``una mentira'' la posibilidad de que Pinochet sea juzgado en su propio país.

En ese marco, continúa también la disputa entre los democristianos y sus aliados socialistas: ``El país tiene que saberlo, hay que traer a Pinochet'', declaró el líder del PDC, Enrique Krauss, mientras que la diputada socialista Fanny Pollarolo reafirmó que ``en Chile no tenemos condiciones para que se haga plena justicia''.

El PDC propuso un acuerdo nacional para avanzar en materia de derechos humanos y dar fin al proceso de la transición, incluyendo el regreso de Pinochet para ga- rantizar la estabilidad, y el PS dijo que la iniciativa podría ser avalada si se crean las condiciones para juzgar a Pinochet.

El precandidato presidencial socialista, Ricardo Lagos, criticó la carta enviada a Straw, entre cuyas firmas destacan las de Pollarolo, Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Juan Bustos, al señalar que era lamentable que hayan actuado al margen de la dirección del partido, por lo que no compartía el procedimiento ni el contenido.

En paralelo, el Senado, tras varias semanas de debate, aprobó respaldar las gestiones del gobierno de Frei para lograr el retorno de Pinochet; además, acordó por unanimidad facultar al líder del Senado, Andrés Zaldívar, a que realice en Chile o en el extranjero todas las gestiones que estime conveniente en torno al problema.

En cambio los partidos de derecha decidieron enviar a un primer grupo de pinochetistas a Londres para apoyar a su caudillo, al tiempo que el gobierno advirtió que combatirá con energía, policial y judicialmente, a los grupos de ultraderecha que la víspera amenazaron con represalias si para antes del 25 Pinochet no está en Chile.

El viceministro del Interior, Belisario Velasco, declaró que las organizaciones paramilitares están fuera de la ley y se les combatirá, al referirse a un supuesto comu- nicado del grupo fascista Patria y Libertad, que antes del golpe contra Allende llevó a cabo toda una serie de acciones violentas y de sabotaje hasta propiciar el golpe.

Ese grupo amenazó con tomar represalias contra objetivos británicos y españoles, así como en contra de los socialistas y comunistas chilenos que han aplaudido la detención de Pinochet.

Augusto Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador, declaró por su parte que los fusilamientos que ordenó su padre fueron ``justos'' porque ``no se ejecutó a personas, sino a bestias'', y que ni él ni su padre se arrepienten del golpe de Estado, aunque dijo que si es necesario pedir disculpas por la reconciliación, ``lo haríamos'', pero que Salvador Allende también tendría que hacerlo y ya murió.