Renuncia Víctor García Lizamaa la Junta de Asistencia Privada
Ricardo Olayo Ť Impugnada su actuación, investigado por la Contraloría, el presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP), Víctor García Lizama, fue relevado ayer de su cargo, mediante un escrito dirigido por el jefe de gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, mismo que da respuesta a su solicitud de renuncia presentada hace unos días.
En 1991 García Lizama llegó al máximo puesto dentro del organismo que agrupa a las instituciones de asistencia privada, y hasta ayer acumulaba una elección y dos reelecciones. Su último periodo terminaría en abril del año 2000, aunque sus aspiraciones iban más allá de esa fecha, pues algunos de sus subalternos ya difundían documentos en los que se proponía un plan de trabajo para una nueva gestón al frente de la JAP, pues la actual ley no impone límites al respecto.
En su lugar, se hará cargo de la presidencia de la JAP de manera interina, el representante del gobierno capitalino en el consejo de vocales, José Altamirano Escoto, como lo marca la ley. En un plazo de 15 días deberá designarse al nuevo titular, proceso que se empatará con el análisis y probable aprobación de la iniciativa de ley de instituciones de asistencia privada, presentada en la Asamblea Legislativa.
Sin responder a los señalamientos en su contra, García Lizama redactó una carta que inicia con una palabra que no aparece en los diccionarios. Este es su primer párrafo: ``Osequiando (sic) su atenta solicitud, me permito someter a su alta consideración mi petición para que me releve anticipadamente del cargo de presidente de la Junta de Asistencia Privada para el DF, que me fue discernido por un periodo de tres años, que concluye el 27 de abril del año 2000''.
Después García Lizama expresa su opinión contraria a que el gobierno tenga mayor representación en el consejo de vocales --aspecto que ya fue reformado en la iniciativa de ley--, como una medida para estimular la creación de más instituciones de asistencia privada y su consecuente fortalecimiento.
En respuesta, Cárdenas le dirige una carta fechada ayer, en la que indica que al dejar su encomienda en la Junta de Asistencia Privada, el gobierno del DF reconoce las actividades realizadas al frente de la institución, las cuales ``han contribuido de manera decisiva a ampliar el número de instituciones de asistencia privada que prestan múltiples servicios a los habitantes de la ciudad de México''.
Recientemente, la imposición del presidente del Monte de Piedad Luz Saviñón, por parte de García Lizama, mereció una protesta ``enérgica'' de la representación de las autoridades locales, las cuales dieron a conocer otras irregularidades en su actuación.
Todo el expediente del ex titular de la JAP fue enviado a la Contraloría General del Distrito Federal para su estudio y, en su caso, para aplicar alguna sanción por el manejo del caso de Monte de Piedad Luz Saviñón.
Ayer, la secretaria de Educación, Salud y Desarrollo Social del Distrito Federal, Clara Jusidman, dijo que el gobierno no tiene interés en intervenir en la vida interna de estos organismos, aunque sí cuestionó la política injerencista que permite la actual ley y que ha generado múltiples quejas por esta forma de funcionamiento.
¿NEGOCIOS ASISTENCIALES?
La última acción que sin éxito pretendió consumar el presidente de la Junta de Asistencia Privada, Víctor García Lizama, fue el cambio de estatutos de 10 de las más importantes instituciones que agrupa el organismo, dados los montos de recursos que manejan y destinan en forma selectiva a las labores de altruismo.
Fue en la sesión del consejo de vocales del pasado jueves, cuando incorporó el tema en asuntos generales, pero su aprobación se vio frenada por la sospecha que despertó entre los vocales, aquel movimiento de última hora. Estaban involucradas las instituciones que se nutren del dinero de la gente de menores recursos, que recurre al empeño de sus propiedades, como el Nacional Monte de Piedad, El Montepío Luz Saviñón, y el Monte de Piedad Rafael Dondé, entre otras.
Las inconformidades contra García Lizama también se dieron al interior de las instituciones, pues el año pasado entregó al Teletón 40 millones de pesos del Nacional Monte de Piedad, para apoyar un proyecto de ayuda a los discapacitados, pero en general sólo entregó a las diferentes instituciones de asistencia privada que trabajan con esta población, 3 millones de pesos, cantidad infinitamente menor que le reportó menos rédito publicitario.
El ahora ex presidente de la JAP también fue señalado por el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, porque en 1995 no actuó para poner fin al excesivo interés que se cobraba por empeño, el cual era de hasta seis veces por encima de las tasas del mercado. Finalmente, mediante una recomendación tuvo que corregir esta situación. (Ricardo Olayo)