Todo parece indicar que se ha cancelado, al menos para un futuro inmediato, la posibilidad de una reforma a la Ley Federal del Trabajo a partir de una iniciativa del Presidente de la República. El Fobaproa, la crisis financiera y de Estado, y el exceso de pretensiones del sector patronal han abortado, de manera natural, posibilidades de acuerdos.

También ha influido la composición de la instancia negociadora integrada por la representación empresarial y las centrales sindicales tradicionales con una limitada presencia de la UNT. Esta fue desde un principio descalificada por su precaria representatividad y su evidente resistencia para aportar una reforma laboral y productiva, cimentada en la autonomía y democracia sindical y en una auténtica concertación entre los factores de la producción.

La pregunta ahora es ¿qué hacer? Largos años de análisis y diagnósticos, pero sobre todo la experiencia de todos los días, acreditan la urgencia de poner en práctica sugerencias que todos los actores en el mundo laboral reconocen, pero cuya aplicación siempre se difiere por temor. Se admite que el defecto más profundo de nuestro sistema laboral es el exceso de simulación que ahoga la participación responsable de los trabajadores y, por ende, la posibilidad de concertar convenios colectivos que respondan al nuevo entorno productivo.

Todo esfuerzo de modernidad se enfrenta a obstáculos tan elementales como la imposibilidad de que los trabajadores tengan acceso a información relativa al nombre de sus supuestos líderes o el domicilio del titular de sus contratos colectivos. Parece ridículo pero así es: somos el único país en el mundo en que las autoridades niegan a los trabajadores la identificación de los sindicatos en donde están afiliados y esto es así gracias a los archivos de las juntas de Conciliación y Arbitraje, que se conservan como secretos celosamente vigilados por funcionarios temerosos de que se descubran los millares y millares de contratos de protección patronal que hoy subsisten en la mayoría de los centros de trabajo.

¿Qué hacer?: abrir la cloaca de esos archivos y facilitar mediante votaciones secretas los intentos de cambio en la representación gremial.

Dar información a los trabajadores sobre los líderes que dicen ser sus representantes y poner a disposición de cualquier interesado el contenido de los contratos colectivos.

Mediante esta elemental medida se identificaría a los traficantes de contratos colectivos de protección, se pondría una luz sobre los murciélagos que tanto desprestigian y tanto dificultan una transición hacia la democracia en nuestro entorno laboral.

El acceso público a los contratos colectivos y el voto secreto no requiere de reforma legal alguna, es tan sólo un acto de congruencia democrática.

Incluso el PRD y el PAN lo recomiendan en sus respectivos programas laborales; pero hasta ahora no se ha puesto en práctica en ninguno de los tribunales de trabajo. Hacerlo, por ejemplo, en el Distrito Federal, significaría un gran avance.