Astillero Ť Julio Hernández López

La renuncia de Víctor García Lizama a la presidencia de la Junta de Asistencia Privada (JAP), pone fin a un proyecto político y económico de largo alcance.

Hombre formado en el sistema, conocedor de los métodos de ascenso político y de apropiación del poder, García Lizama pretendió crear una plataforma propia desde la cual pudiese usar políticamente el dinero donado por altruistas para beneficio de los pobres.

Poco se puede decir en esta columna en este momento, que no se haya señalado -y documentado plena e irrefutadamente- en fechas anteriores. Hace más de un año que en este mismo espacio se comenzaron a documentar las irregularidades cometidas con el llamado banco de los pobres, el Monte de Piedad, y con otras instancias sujetas al dominio del presidente de la JAP. Insistir hoy en ellas sería un acto excesivo.

Hay, sin embargo, otras aristas actuales sobre las que conviene reflexionar. Con este golpe político, el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas está encaminado a tomar el control de una masa cuantiosa de recursos utilizables para atender algo de lo mucho en lo que se requiere dinero.

Al extirpar los afanes patrimonialistas de la familia de García Lizama, el gobierno cardenista enfrenta, sin embargo, cuando menos dos riesgos.

Uno de ellos es el del enojo profundo y persistente de un influyente segmento de la política nacional. Don Víctor, el ahora ex presidente de la JAP, tenía alianzas muy claras con ciertos personajes e instituciones como, por ejemplo, la cúpula de la Iglesia católica, en especial el arzobispo Norberto Rivera Carrera; la directiva de la Universidad Iberoamericana y la familia González Torres en particular; así como una amplia gama de gente adinerada y, en algunos casos, de abolengo social.

De este ámbito proviene el segundo peligro para el cardenismo: si el gobierno capitalino cometiese el desatino de pretender utilizar los fondos de la asistencia privada para programas o actividades que pareciesen ser de proselitismo partidista o de promociones rumbo al 2000, seguramente encontraría la oposición cerrada, apasionada, de quienes difícilmente aceptan que el líder moral del PRD, y virtual candidato presidencial, controle ahora el patrimonio donado por millonarios ya difuntos que legaron sus fortunas para ayuda de los pobres y no para proyectos grupales como los que desarrolló García Lizama, pero que ahora no desean que realice Cárdenas.

No estaría de más, ya para terminar con este asunto, que los arreglos cupulares hechos para lograr la salida de García Lizama lesionen el imperio de la ley. El nombre de don Víctor y de varios de sus familiares directos ha sido involucrado en diversas acciones irregulares, tanto en materia jurídica como moral.

Dejar de lado tales acusaciones, tan sólo para cumplir con negociaciones coyunturales, jamás permitiría saber si tales señalamientos reiterados y nunca desmentidos fueron ciertos o falsos. Don Víctor debería solicitar por sí mismo una exhaustiva investigación que dejase a salvo su nombre y el de varios de sus familiares.

La autoridad, una autoridad dotada del enorme aval del apabullante triunfo electoral y de una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debería decirnos a todos con claridad si acaso, como mucho se ha dicho, los dineros de la asistencia privada fueron empleados en los años recientes para promociones personales, enriquecimientos individuales y malos manejos intencionales.

No está de más citar dos nombres que no derramarán ninguna lágrima por lo que le ha pasado a García Lizama: Eugenio Joel González, líder del sindicato del Nacional Monte de Piedad durante 20 años, y el asesor jurídico de este sindicato, el ex oficial mayor, Jesús González Schmall.

Y, bueno, después de tanto escribir el nombre de Víctor García Lizama en esta columna, parece que ha llegado el momento de cerrar este voluminoso expediente. Eso esperamos.

Apretar el cinturón...

Diversos actores de la vida pública nacional están advirtiendo sobre los riesgos de estallido social que conlleva la aplicación del programa económico gubernamental en curso.

Durante un largo tiempo pareció posible subir de grado el esfuerzo de los más pobres, y moverse en una franja de escenarios más o menos controlables.

Pero ahora, con este terrible golpe económico, con la inflación desatada y los salarios mínimos devaluados en sus presuntos aumentos aún antes de aprobarlos, lo social se vuelve impredecible.

Ya en otros países se han vivido los episodios de la violencia social desatada cuando la gente ya no encuentra salida a sus problemas económicos.

El incremento de la delincuencia en las calles de la ciudad de México, con sus perfiles de salvajismo, impunidad y descaro, pudiesen ser sólo un preludio de los niveles a los que puede llegar la gente cuando de tanto apretar el cinturón, éste queda ya nada más para asaltar y agredir a otros.

Más del ex presidente incómodo

La visita a México de la procuradora suiza, Carla del Ponte, es un ladrillo más en la pared que se levanta contra el salinismo y su pretensión de reinstalarse en México como fuerza política.

Varios expedientes, en diversos frentes, se han abierto en el caso de Raúl Salinas de Gortari, con el propósito claro de cercar las intenciones de su hermano Carlos.

Astillas: Hasta enero será aprobada la convocatoria perredista para elegir nuevo presidente del comité nacional. Siguen Amalia García y Jesús Ortega al frente. Si Amalia cerró ya, como se dice, la alianza con el cardenismo, todo hace suponer que tiene un buen trecho avanzado. A Ortega lo rechazan algunos segmentos influyentes de la cúpula perredista que le consideran demasiado negociador... En el PRI, por su parte, se empeñan en asegurar que sí habrá asamblea nacional aunque, según parece, se programa para septiembre u octubre del año próximo. Al ritmo que evoluciona la política nacional, en un escenario tan lleno de imprevistos, ponerle una fecha tan lejana a una asamblea que se supone será bastante complicada, es un ejercicio casi de ficción.

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