En casi todos los sectores se ha alertado sobre los diversos peligros que representaría para el país la aprobación sin modificaciones del proyecto presupuestal para 1999 presentado recientemente por el gobierno federal al Poder Legislativo. Uno de los riesgos más graves es el que conllevaría el severo recorte a los fondos públicos destinados a la educación, en general, y a la actividad universitaria, en particular.
A este respecto, los rectores de las universidades públicas advirtieron, ayer, que con los presupuestos estipulados en el documento del Ejecutivo, sus instituciones no podrían operar más allá de abril del año entrante.
El caso de la UNAM es por demás representativo: si este año nuestra máxima casa de estudios recibió participaciones federales por mil 600 millones de pesos, el entrante recibiría únicamente 900 millones, de los cuales 700 están ya comprometidos para pago de salarios. Si los legisladores aprobaran ese presupuesto, la UNAM tendría que paralizar, de aquí a cuatro meses, sus tareas de investigación y mantenimiento, los estudios de posgrado, la adquisición de materiales diversos, así como sus programas de difusión cultural y extensión académica.
En términos generales, los recortes previstos para la inversión educativa del país son del orden de 37.5 por ciento. Si a ello se le agrega el impacto inflacionario generado por las recientes alzas en las tarifas gubernamentales, así como las propuestas de elevar impuestos, los impactos inmediatos e inevitables serían, por una parte, una grave reducción en las actividades de las instituciones de enseñanza, una caída en el nivel de la de por sí deficiente escolaridad pública y un aumento del desempleo entre los profesores de asignatura, los investigadores, los científicos y los trabajadores culturales; por la otra, la denegación, en los hechos, a un vasto sector de la población, de su derecho constitucional a la educación gratuita. Adicionalmente, si se considera el estancamiento y el deterioro en que se encuentran tales instituciones después de 16 años de neoliberalismo en el poder y de acoso presupuestal a la enseñanza pública, resulta inevitable prever, en caso de que se aprobaran las cuentas gubernamentales para el año entrante, un colapso sin precedentes del sistema educativo nacional en su conjunto.
A mediano plazo, esta política presupuestal lesiva para las instituciones de enseñanza pública en todos sus niveles -a las cuales se encuentran estrechamente ligadas la investigación, la divulgación cultural en todas sus facetas, las actividades deportivas y la preservación y promoción del conocimiento en su más amplio sentido- generaría irremediables rezagos sociales, humanos, económicos, cívicos, tecnológicos, políticos y culturales, los cuales se traducirían, inexorablemente, en un inaceptable retroceso del proceso civilizatorio de la nación, en una desarticulación social generalizada y en un incremento de los factores de indefensión y debilidad ante el panorama externo.
Independientemente de las circunstancias económicas actuales, ciertamente sombrías, México necesita ensanchar sus actividades educativas. Recortarlas equivale a recortar el futuro del país. Cabe esperar que los legisladores hagan gala de lucidez y sentido nacional y restituyan, al menos, la situación presupuestal de la enseñanza pública y de las instituciones universitarias a los niveles reales -es decir, que se les incremente el porcentaje equivalente a la inflación- del año que está por terminar. Una opción real, y ética, sería destinarles parte de las multimillonarias cantidades que el gobierno insiste en pagar, a costa del erario público, a los grupos financieros y especulativos afectados por la crisis que inició con el presente sexenio y de la que, hasta ahora, no hemos salido.