Joaquín Muñoz se cree dueño de zonas arqueológicas: INAH
Arturo Jiménez Ť Ante lo que consideraron una ``amenaza de privatización'', funcionarios y arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia rechazaron las acusaciones de Joaquín Muñoz sobre malversación y daño arqueológico en San Luis Potosí y, en respuesta, lo consideraron responsable de incurrir en irregularidades cuando fue delegado del INAH, de 1990 a1992, y de querer explotar turísticamente la zona arqueológica de Tantoc.
En la conferencia de prensa estuvieron Joaquín García Bárcenas, presidente del Consejo de Arqueología del INAH; Alejandro Martínez Muriel, coordinador nacional de Arqueología de ese instituto; y Rosa María Reina, investigadora de la Dirección del Salvamento Arqueológico.
Además, participaron los arqueólogos Diana Zaragoza y Patricio Dávila, director del proyecto Tantoc y acusado por Muñoz Mendoza de ``errores'' en la excavación y restauración de esa zona, así como de malos manejos de recursos. También estuvieron especialistas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
Decisión en manos de los jueces
El conflicto entre el INAH y Muñoz Mendoza inició desde que Teresa Franco, directora general del instituto, le pidió su renuncia como delegado en San Luis Potosí, en 1992.
Se mostraron documentos sobre la adquisición de ``diversos bienes y servicios'' por el INAH-SLP al Centro de Documentación e Investigaciones Históricas, asociación civil que dirigía Nicola Kuehne Heyder, antropóloga y esposa de Muñoz Mendoza. Se habló también de un posible fraude con piezas llevadas para exhibirse en España, así como del traslado irregular de objetos del Museo Regional Potosino al domicilio del matrimonio Muñoz-Kuehne.
Dávila dijo que el caso Muñoz tiene un ``ángulo nuevo'', pues el también director de la Fundación Eduard Seler ``se ostenta como dueño de zonas arqueológicas''.
El arqueólogo contó que Muñoz Mendoza compró más de 120 hectáreas del rancho donde se ubican las ruinas de El Consuelo y tiene en comodato por 20 años El Aserradero, terrenos propiedad de Angel Castrillón, donde se ubica Tantoc. Aunque precisó que la zona más importante, aún oculta, está bajo resguardo del INAH.
El problema, señalaron, radica en que Muñoz pretende utilizar esas zonas para las prácticas de los estudiantes de su Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas. Comentaron que ese centro carece de registro de la SEP y del aval del Consejo de Arqueología.
Muñoz Mendoza, agregaron, no es arqueólogo y sólo estos especialistas pueden ``meter mano'' al patrimonio cultural.
Señalaron que en el país hay unas 27 mil 500 zonas arqueológicas en terrenos de régimen de propiedad diversa. Un terreno donde se encuentre este patrimonio nacional, aclararon, puede ser comprado por un particular, con la prohibición de dañar el asentamiento o lucrar con las piezas.
El 9 de septiembre de 1995, comentaron, se suspendieron los trabajos en Tantoc porque los ganaderos, cercanos a Muñoz, expulsaron a los antropólogos. Siguieron dos años de ``trabajo de gabinete'' y desde finales de 1997 todo está detenido. Edificios y piezas, advirtieron, podrían resultar dañados en Tantoc.
Dávila dijo que ubicaron centenares de piezas prehispánicas y que varias de ellas fueron llevadas al Museo de las Culturas de la Huasteca, en Ciudad Valles. Cuando ya era inminente su expulsión y la de su equipo, volvieron a tapar los vestigios.
Sobre la posibilidad de expropiar estos terrenos, comentaron que a Muñoz Mendoza ``le urge un acto de fuerza'' para convertirse en víctima. El, agregaron, es un ``hábil sinvergüenza'' y muy persuasivo.
Ante la posibilidad de ser este un caso de impunidad -como lo calificó la directora general del INAH-, los funcionarios y antropólogos dijeron desconocer de dónde viene el presunto poder de Muñoz.
Indicaron que Muñoz aparece ante la opinión pública como alguien con credibilidad, pero en los juzgados entra en contradicciones. Por eso, agregaron, el Poder Judicial de la Federación decidirá este caso.