Cuando por fin el Congreso tiene mayor oportunidad de ejercer su poder republicano para acotar al Ejecutivo, en razón de la mayoría opositora de la Cámara de Diputados, la campaña de desprestigio contra su efectivo trabajo pone en riesgo no sólo las ventajas de su composición democrática, sino también la transición misma del sistema presidencialista al de una República de poderes equilibrados.

Los graves problemas del plan económico del gobierno, la corrupción y la impunidad que lo caracterizan son las condiciones que permiten poner en juicio, ante la opinión pública, las importantes resoluciones que los legisladores deben tomar. Al Congreso el Ejecutivo le presentó una disyuntiva que lo deja sin alternativa satisfactoria para la población: o la aprobación para convertir en deuda de todos los mexicanos la inmensa quiebra bancaria contenida en el famoso fondo Fobaproa, o la inminencia de una crisis financiera para el país. Ante tal circunstancia la oposición en el Congreso, obviamente, no ha respondido con prontitud.

La contestación inmediata de aprobación a la propuesta presidencial del Fobaproa es la que se hubiera dado con una mayoría tradicional priísta. En ese caso, los mexicanos estarían ya condenados a pagar una deuda pública sumamente cuantiosa que cancelaría la esperanza de una recuperación económica nacional por prolongados años.

En cambio, la oposición ``tratando de encontrarle la cuadratura al círculo'' ha dado distintas respuestas que no han fructificado en salidas a la llamada ``crisis Fobaproa''. Sin embargo, es importante hacer notar, precisamente porque es lo que oculta la campaña contra el Congreso, que ha sido el Ejecutivo el que no ha querido acceder a las propuestas legislativas, principalmente porque la condición previa -en que coinciden PRD y PAN-, es sancionar a los responsables de actos inconstitucionales de negligencia y probablemente hasta de complicidad para, posteriormente, poner en práctica alternativas financieras y económicas que no tengan como ejecutores a esas mismas personas.

Por eso, la insistencia del PAN sobre la renuncia de Guillermo Ortiz y Eduardo Fernández, así como de otros funcionarios de primer nivel, pues sería incongruente que quienes permitieron una quiebra bancaria de tales magnitudes y, después, para su salvamento comprometieron recursos públicos sin la autorización constitucional correspondiente, quedaran ahora al frente de las acciones de solución. Vendría después la concreción de las alternativas que propone el PAN para evitar una crisis financiera mayor, con la aclaración y la conciencia de que el costo fiscal para el pueblo de México no puede evitarse del todo, aunque desde luego las autorías por realizarse limpiarían lo más posible el monto que estaría a cargo del erario público. Pero aquí es donde el PRD no ha aceptado el procedimiento ni propuesto uno alterno.

Con todo, la situación empantanada no es producto de las desavenencias de las fracciones de oposición en la Cámara, sino de un Ejecutivo que espera que sus planes y programas sean aceptados tal cual, como si el poder Legislativo fuera una oficina de trámites burocráticos. La realidad de su responsabilidad en la gravísima y dolorosa situación económica de la mayoría de los mexicanos acaba de ponerse de manifiesto otra vez en el Presupuesto de Egresos para el año entrante y la Ley de Ingresos que han turnado al Congreso ``para su aprobación''. Ambos proyectos son una prueba contundente del fracaso de sus políticas económicas, pues como están planteados deparan para México un 1999 más difícil que los años anteriores.

El Congreso tiene una gran responsabilidad y que está comenzado a cumplir por la posibilidad de parar y de modificar los proyectos gubernamentales y cuando lo considere conveniente para la nación. La composición democrática de su Cámara de Diputados apenas comienza a darnos la oportunidad.