Julio Boltvinik
Recorte a universidades y BM
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1999 está plagado de contradicciones y de línea. En estos días ha habido fuertes reacciones por parte de los rectores de las universidades públicas a las que el proyecto deja sin gasto de inversión, según declaró el secretario general de la ANUIES (La Jornada 03/XII/98).
En general, la inversión pública en educación disminuiría fuertemente (casi 40 por ciento) en 1999. ¿Por qué ocurre esta disminución, cuando en su IV Informe Presidencial Zedillo presentó orgullosamente los avances logrados por su administración en educación superior?
El texto del presupuesto justifica el recorte al gasto en educación superior alegando, en primer término, que éste por alumno es seis veces más alto que el de la educación básica (¿qué esperaban?), para luego sostener que: ``el acceso a los niveles educativos superiores por parte de jóvenes provenientes de familias extremadamente pobres es especialmente bajo, con lo que el subsidio federal beneficia en gran proporción a la población con posibilidades de ingresos para cubrir parcial o totalmente el costo de la educación. Es por ello que, en un contexto de escasez, y dado el monto de recursos que absorben estos niveles, se deben promover esquemas alternativos de financiamiento que permitan reorientar recursos hacia la población con mayores rezagos'' (página IV.35). Esta es la razón para intentar pegarle a la educación superior.
Aquí es donde aparece la línea del Banco Mundial. A principios de este año, en una colaboración titulada ``¿Privatizar la UNAM?'' (20/II/98), cité en este mismo espacio un documento de la oficina del Banco Mundial en México (Education and Earning Inequality in México) que con los argumentos arriba citados del Presupuesto, recomienda privatizar el sistema educativo nacional: ``la mejor respuesta es que el gobierno reduzca su rol directo en la asignación de recursos a la educación, excepto en los casos en los que haya clara evidencia de fallas en los mercados. Tal traspaso de responsabilidades al sector privado se recomienda especialmente en el caso de la educación superior''. En agosto de este año, en el documento de la sede del Banco Mundial titulado México: Enhancing Factor Productivity Growth. Conuntry Economic Memorandum, se retoma el asunto.
Con base en los resultados del primer estudio citado, en el que se muestra que la educación superior resulta más rentable privada y socialmente que la básica, el Banco Mundial plantea el siguiente dilema de política. Desde el punto de vista de la eficiencia resultaría mejor invertir más en educación superior que en la básica, mientras que desde el de la equidad resultaría más conveniente lo contrario. ``La respuesta políticamente menos controversial, añade, de asignar más recursos a la educación superior enfrenta restricciones fiscales. Haciendo a un lado la posibilidad de más recursos públicos, la única opción para expandir la inversión en educación superior (deseable desde el punto de vista de la eficiencia) sin cortar los fondos públicos para la educación primaria es atrayendo una mayor participación del sector privado'' (página 110).
El documento continúa tirando línea: ``Hay muchas opciones para una mayor participación del sector privado en la educación superior. Mayor participación en el financiamiento de los servicios educativos o en la provisión directa de los mismos. Al menos, del incremento en las tasas privadas de rendimiento de la educación superior se deriva un argumento muy fuerte para aumentar el nivel de recuperación de costos en la educación superior''. Aquí se requeriría, señala el texto, un programa de préstamos educativos o becas o apoyo financiero para los carentes de recursos (sujetas a prueba de tal carencia), para el cual el Banco Mundial anuncia que ya está trabajando con el gobierno de México a través de un proyecto específico. O sea, línea con apoyo para desarrollarla.
En síntesis, el Ejecutivo Federal, con lineamientos y apoyo del Banco Mundial, decidió recortar el gasto a la educación superior (si los diputados no dicen otra cosa) como un mecanismo para obligar a las instituciones que la imparten a aumentar las cuotas que cobran y hacer posible la implementación del proyecto que está llevando a cabo con el BM para préstamos educativos, de manera que el mercado participe también en la UNAM.
El argumento sobre la equidad contradice muchas acciones emprendidas en el mismo paquete presupuestal, como los subsidios que la nueva legislación del IMSS obliga al gobierno federal a otorgar a todos sus trabajadores, bien documentados en el texto. Pero este análisis quedará para otra ocasión.