En el más reciente informe de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en el mundo se consigna un preocupante e indignante panorama sobre las violaciones ``sistémicas'' a esas prerrogativas que se cometen en nuestro país por parte de autoridades de distintos rangos y jurisdicciones. De acuerdo con este documento, las violaciones más numerosas y graves se vinculan, por una parte, a las acciones gubernamentales --federales y estatales-- ante el conflicto chiapaneco y, por la otra, al accionar de las corporaciones policiacas. Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos recalcó la preocupación internacional por los ataques y atentados de que han sido víctimas esos defensores en nuestro país.

Por voz del subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gout, el gobierno mexicano se apresuró a descalificar tales informes --sin haber tomado conocimiento de ellos--, afirmando que se trata de ``documentos de uso político y cuyo contenido no está sustentado en bases reales''.

Sin ánimo de desconocer los importantes avances institucionales que el país ha logrado en materia de protección de los derechos humanos en lo que va de esta década, ni de ignorar el avance de la conciencia social sobre la necesidad de hacerlos valer, ha de admitirse que, en lo sustancial, se mantiene la exasperante impunidad de servidores públicos involucrados en violaciones graves contra tales derechos. Los altos responsables intelectuales y políticos de matanzas como la de Aguas Blancas, en Guerrero, o Acteal, en Chiapas --los casos más conocidos e indignantes, pero no los únicos--, no han sido ni siquiera identificados. El 7 de junio de este año, efectivos del Ejército dieron muerte a once supuestos integrantes del Ejército Revolucionario Popular Indígena (ERPI), y hay suficientes indicios para preguntarse si las bajas se produjeron en combate o si se trató de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, ninguna instancia oficial ha emprendido una investigación al respecto. Y por lo que hace a los excesos policiacos, siguen sin esclarecerse los asesinatos de seis jóvenes de la colonia Buenos Aires, en la capital del país el 8 de septiembre del año pasado, a manos de efectivos policiacos.

Los ejemplos llenarían libros enteros. El hecho es que los señalamientos de Human Rights Watch distan de ser los únicos. El más reciente informe de Amnistía Internacional --organismo de prestigio y solvencia moral indiscutibles-- apunta en el mismo sentido, y su presidente, Pierre Sané, ha expresado, en más de una ocasión, su alarma por la catastrófica situación de los derechos humanos en territorio mexicano. Coinciden en ello numerosas organizaciones civiles de nuestro país que trabajan en estrecho contacto con la población civil y que elaboran sus informes con base en testimonios de las víctimas y de sus familiares.

En tales circunstancias, el negar la realidad, por dolorosa y vergonzosa que ésta sea, no contribuye a fortalecer la vigencia de los derechos humanos. Para revertir las violaciones sistemáticas a las garantías individuales habría que empezar por reconocer su existencia.