El jueves pasado fueron arrestados cuatro integrantes del Ejército Mexicano por haber detenido, el 19 de noviembre, al convoy que trasladaba a once comandantes del EZLN a San Cristóbal de las Casas, donde participarían en un encuentro con legisladores de la Cocopa y representantes de la sociedad civil. Con su acción, los militares -que se encuentran actualmente sujetos a investigación-, además de introducir tensiones en la comitiva y entorpecer el traslado de los dirigentes zapatistas, podrían haber incurrido en violaciones a la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Pacificación que, de confirmarse, deberán ser sancionadas conforme a derecho.

Cabe recordar que durante la primera sesión de conversaciones entre los zapatistas y los integrantes de la Cocopa, los primeros formularon duras recriminaciones por considerar que no existían, entre otras cosas, las condiciones de seguridad indispensables para la realización del encuentro.

La luz del arresto de los militares que detuvieron por algunos minutos el convoy que conducía a los zapatistas a San Cristóbal, los señalamientos de los mandos insurgentes en torno de que el gobierno federal no había emprendido a cabalidad las medidas de seguridad necesarias para la realización del encuentro resultan comprensibles y no del todo injustificadas.

Ya sea que existieran órdenes expresas para entorpecer el traslado de los zapatistas o que los militares ahora detenidos hubiesen actuado de manera aislada o imprudente, es evidente que el suceso -sospechoso y contrario a las disposiciones legales- suscitó desconfianza entre los zapatistas, introdujo un factor de preocupación que alteró negativamente el clima en el que se desarrollaron las conversaciones entre la Cocopa y los integrantes de la dirigencia del EZLN e interfirió los importantes esfuerzos de la comisión legislativa en favor del restablecimiento de los canales de diálogo y la reactivación del proceso de paz en Chiapas.

Aunque han pasado años y muchas generaciones de militares latinoamericanos se formaron en la Escuela de las Américas, la Sorbona de los futuros dictadores, un ala de esa peculiar clase media que es el sector castrense se siente, como sus congéneres civiles, víctima del desprecio y de las medidas económicas antisociales de quienes imponen el llamado ajuste estructural y redescubre el nacionalismo y el latinoamericanismo que hace pocas décadas marcó a los militares que, como el coronel Camaño, lucharon por una República Dominicana independiente o que, como el boliviano general Torres, el peruano Velasco Alvarado o el panameño Torrijos, trataron de gobernar con sus pueblos. De esa ala salieron también los oficiales que en Guatemala o en El Salvador se fueron a las guerrillas junto a estudiantes y trabajadores o los oficiales y suboficiales que en Brasil se opusieron al golpe militar o que en Chile fueron asesinados por Pinochet.

De ahí que en los sectores castrenses no sólo existan los pretorianos del capital financiero y los golpistas sino también otros que recuerdan a los generales Cárdenas, Bolívar y San Martín. Del lado de esos militares con conciencia social y convicción en favor del desarrollo de los pueblos quiere colocarse el ex teniente coronel Hugo Chávez, favorito en las elecciones presidenciales venezolanas de hoy. Según Chávez, su intentona militar fue emprendida en defensa de la soberanía de Venezuela y en contra de un gobierno que impuso por la fuerza y a costa de cientos de muertos la política del Fondo Monetario Internacional. En este contexto, el ex militar afirma que su programa político es contrario a las oligarquías venezolanas y en favor de los sectores populares y la justicia social.

Si Chávez triunfase, como todo parece indicarlo, no estaríamos por lo tanto ante un nuevo peronismo, popular en su base pero conservador en su dirección sino ante un movimiento nacionalista que enfrentaría la oposición extrema de los intereses financieros y petroleros, de la oligarquía local y de los beneficiarios del ``pensamiento único'' neoliberal.