Concentremos la atención en uno de los tantos aspectos conflictivos que existen hoy en la economía mexicana y que se expresan con mucha claridad en el proyecto del Presupuesto Federal para 1999. Este aspecto es la creciente desigualdad en la sociedad y la acumulación de la pobreza. Es ahí donde finalmente se manifiestan todas las otras contradicciones, que van desde la gran inestabilidad macroeconómica, hasta el evidente castigo que provoca el desplome de los precios del petróleo sobre una enormemente frágil estructura fiscal del Estado.

Elías Canetti anotó en uno de sus famosos aforismos que, ``El sentimiento más bajo que conozco es la aversión por los oprimidos, como si hubiese que justificar su sojuzgamiento a partir de sus atributos. De este sentimiento no están libres muchos filósofos nobles y justos''. El sentimiento contrario --la pasión por los oprimidos o los pobres-- es, desde la perspectiva de la política económica, igualmente una aversión. Y de este sentimiento, al parecer, no están libres los altos responsables de conducir la política social. Pero es claro que en el terreno del mercado al que se quieren llevar todas las manifestaciones de las relaciones sociales, la pasión por los pobres no tiene nada que ver con la equidad; es más, ni tiene nada que ver con la mínima eficacia que debe tener la política económica para provocar (en el sentido literal de incitar o de ayudar y facilitar) la creación de una mayor actividad económica y las condiciones reales y duraderas de mejoramiento de las condiciones de vida de prácticamente más de 40 por ciento de la población del país (según las cifras oficiales).

El gasto programable del gobierno federal está proyectado para representar 15 por ciento del PIB, el más bajo desde que se inició el proceso de la reforma económica hace 17 años. Una de las expresiones del resultado de la reforma en que más de la mitad del gasto tiene que destinarse al desarrollo social, pero en el marco de una mayor pobreza, de necesidades insatisfechas acumuladas y de menores perspectivas de mejoramiento real de la población marginada. Esto indica que este sector es el más perjudicado y que registra una creciente desventaja absoluta frente a otros sectores de la economía.

El presupuesto que tiene el Congreso para su dictamen es un documento de emergencia. Pero no lo es únicamente por el efecto que produce la caída del petróleo y que todavía obligará a un mayor ajuste de las cuentas públicas. La emergencia presupuestal se advierte aun con una estimación del precio de 11 dólares por barril de crudo como está calculado originalmente. El costo financiero de la deuda pública representa el 18 por ciento del total del gasto de gobierno y significa un aumento real del 30 por ciento con respecto al año anterior. No hay ningún otro rubro que tenga un aumento similar, mientras que las participaciones a estados y municipios por medio de las cuales se dirige una parte importante de los recursos para la salud, educación y desarrollo social crece 8.7 por ciento.

Es muy claro el rechazo que prevalece hoy en muchos sectores de esta sociedad a un mayor gasto del Estado. Esta postura tiene sus bases prácticas, especialmente asociadas con las presiones inflacionarias y las distorsiones que provoca en el mercado. Los técnicos dicen que no se debe gastar más sino gastar bien, es decir, ahí donde la asignación social de los recursos es más rentable. Con ello se abre una discusión que podría comprometer seriamente a la política social que se instrumenta, puesto que no es muy evidente su eficacia después de varios años desde que se aplica en sus formas asistencialistas ``modernas'' como Solidaridad, Procampo, Progresa, etcétera. Pero en todo caso no habría que olvidar que el pago de los intereses (135 mil millones de pesos) de una deuda pública creciente y en una parte, la del Fobaproa, muy cuestionada, es también parte del gasto público.

A pesar de su proporción en el conjunto del gasto público, el sector social muestra el mismo apocamiento que el resto de la economía. Esto se aprecia en la propuesta social que significa la política económica en la que la única oferta es la restricción, condición que va mucho más allá de la austeridad que se acepta ya por sus propios operadores, como una parte de la personalidad o del inconsciente del modelo económico. Pero no es lo mismo la austeridad cuando se ejerce por convicción y en un marco de capacidades reales de crecimiento y mejores expectativas, que cuando se hace por necesidad en un entorno de achicamiento de las oportunidades como única perspectiva para la mayoría de las familias, los trabajadores y los productores. Hay en esto una especie de esterilidad política e intelectual sobre la cual reflexionamos de manera insuficiente.