Hoy se discutirá en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el proyecto de nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada.

La mayoría perredista se encamina a aprobar sin grandes cambios el texto que, entre otras cosas, permitirá al jefe del gobierno capitalino nombrar al director de la junta que coordinará tales entidades asistenciales.

El paso que darán los diputados perredistas colocará de nueva cuenta en la mesa de discusión el tema de la estatización.

¡Muerte a los rojillos!

Con tal concepto, los adversarios de Cuauhtémoc Cárdenas intentarán estigmatizarlo como socializante y, de pasada, revivir obsoletas pero latentes furias anticomunistas.

Hasta ahora, el conflicto de las instituciones de asistencia privada, y de la más importante de ellas, que es el Nacional Monte de Piedad, se había mantenido en un terreno aparentemente ajeno a las ideologías, más bien caracterizado como una pugna menor entre facciones en lucha más por los beneficios temporales del poder que por una visión global del país.

Ayer, sin embargo, en la víspera de la decisión final, cuando menos dos actores de esta puja han asomado la cara en un esfuerzo de última hora por impedir el golpe que recibirán sus intereses.

El arzobispo primado de México, que es el cardenal Norberto Rivera Carrera, y el rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres, han sumado sus voces a las de quienes se oponen a la decisión cardenista de poner fin a la larga historia de corrupción, nepotismo y politiquería que durante largos años desarrolló un yucateco que ha sido insistentemente nombrado aquí, en anteriores columnas.

Con la Iglesia hemos topado

Don Norberto y el rector González Torres fueron dos de los principales sostenes del anterior presidente de la Junta de Asistencia Privada. Personajes clave de la estructura eclesiástica de poder económico y político, los dos citados mantuvieron un alto grado de influencia en las decisiones respecto al uso y destino de los fondos destinados por particulares a la ayuda de pobres y desvalidos.

Ahora que ambos han dado el paso al frente en el escenario (luego de mantenerse durante largo tiempo en la penumbra, moviendo hilos), queda más claro el motivo real de la disputa que ha consumido tanto espacio en los medios de comunicación: la pelea se refiere al manejo de una masa de millones de dólares que diversos ciudadanos han dejado, a su muerte, para que sean usados en favor de causas caritativas.

Entendido como un acto ético, religioso, de conciencia, la Iglesia católica pretende regir el fin que se dé a esos donativos. Por ello, en uno más de los actos de simulación que se dieron en el pasado, la jerarquía católica tenía, en los hechos, el dominio de esa masa económica.

Había, hay, cierto, una ley que somete al imperio del Estado todos los actos relacionados con esa materia de la asistencia privada. Pero, en la realidad, todo estaba sometido al entramado de relaciones, intereses y visión de la cúpula religiosa dominante en México.

El negocio de la caridad

Así, la voluntad de los testadores era interpretada por los guías morales a la hora de asignar recursos: tanto para tal fundación, más para aquella, menos para ésta. Y así se fue tejiendo una burocracia de la caridad que hacía el bien a los demás pero también a los propios.

La descomposición del aparato de control de los dineros privados destinados a la caridad llevó a un escenario polarizado, en el que por un lado se enfrentaron las fuerzas que la geometría política ubicaría en la derecha y la izquierda. De un lado, la cúpula clerical, apoyando a su representante (el ex director de aduanas y ex secretario general de gobierno de Yucatán a cuyo nombre se dará descanso en esta columna) y cerrando el paso a las pretensiones de corrección que desde el flanco cardenista (el izquierdo) se estaban dando.

La lucha, pues, no es menor ni anecdótica. Es el enfrentamiento entre las concepciones conservadora y progresista, clerical y liberal. Es la batalla para decidir el uso y destino de una gran masa de dinero.

Por ello se revuelven contra el cardenismo los grandes intereses afectados. Algunos por convicción genuina, que debe ser respetada. Otros por oportunismo político, viendo la excelente oportunidad de embarrar al virtual candidato presidencial del tono rojo tan adecuado para despertar reticencias electorales. Otros, porque durante largos años han sido los barones de la caridad, los negociantes del altruismo, los farsantes de la generosidad, los fariseos del templo teletónico.

Hoy, si las cosas no cambian a última hora (acaso por algún temor súbito de índole preelectoral, acaso por arreglos cupulares de cara al 2000), la mayoría perredista de la Asamblea Legislativa del DF dará el paso histórico de sustraer al dominio clerical el manejo de los recursos de la asistencia privada.

Martí Batres Guadarrama, el coordinador de la citada asamblea, ha puntualizado con toda propiedad el barbarismo jurídico tras el que pretenden parapetarse los opositores a la Reforma (la mayúscula es intencional): no puede ser estatizante una modificación a una ley. Ya corresponde al ámbito de lo estatal el tema de la asistencia privada, por tanto no puede ser estatizante ninguna de sus partes como, por ejemplo, la integración de la Junta de Asistencia Privada, que es un órgano desconcentrado de la administración pública y no un confesionario privado.

Reporte del Servicio Especial de Orejas del Ratón Miguelito

Esta columna envía a La Habana los resultados de una encuesta realizada sin mayor metodología científica que la de agarrar a los veinte primeros niños que tuvo a la mano y preguntarles si sabían quiénes eran los héroes de la patria mexicana y si sabían quién era Mickey Mouse. De los veinte encuestados, de edades entre los seis y los doce años, y cuyo nivel socioeconómico se estima como de clase media, todos se rieron del preguntón que se atrevía a preguntar la bobería relativa al superfamosísimo ratón de Disney. Seis niños, por otra parte, dijeron tres nombres de próceres nacionales. Otros tres recordaron sólo a Miguel Hidalgo. Servido, comandante.

Astillas: Esta columna también elabora fantasías políticas, aunque no las puede etiquetar como programas de gobierno o como declaraciones oficiales. Una de tales elucubraciones (teoría de los escenarios, se dice ahora pomposamente) se refiere al impacto que para bien de la certificación estadunidense de la lucha mexicana antidrogas tendría la consignación de un gobernador caído en desgracia y sometido a evidente desgaste público. Es una lástima que el propagandista del gobierno mexicano ya no se llame Otto, pues en caso de darse el golpe contra algún personaje apodado El Chueco, las planas de los diarios estadunidenses podrían cubrirse de gloria: fin a la impunidad en México, cae personaje de la nomenklatura involucrado en narcotráfico. Fantasías políticas de un columnista que no halla con qué llenar su espacio. Fantasías alimentadas por hechos como la detección que la Procuraduría General de la República hizo en Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, de tres ranchos y una casa de un gobernador caribeñoÉ Juan Vergel Pacheco y Jaime Garcés, diputados locales veracruzanos llegados al cargo en nombre del PRD, fueron suspendidos en sus derechos partidarios por tiempo indefinido a causa de su asistencia a la toma de posesión de Miguel Alemán como gobernador de la entidadÉ

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