Determina Londres que la demanda española pase a tribunales

Reuters, Afp, Dpa y Ap, Londres, 9 de diciembre Ť Gran Bretaña autorizó hoy proseguir el proceso de extradición a España de Augusto Pinochet, decisión que provocó aplausos de los adversarios del ex dictador y el retiro del embajador chileno de Londres por parte del gobierno de Eduardo Frei.

Mientras que en esta capital y Madrid los exiliados chilenos bailaban de alegría por el fallo, el gobierno de España dijo en forma escueta que la suerte del octogenario ex general está ahora en manos de los tribunales británicos, y reiteró su posición de respeto a la decisión tomada y de lo que resuelvan las justicias británica y española.

La decisión fue adoptada por el ministro británico del Interior, Jack Straw, al determinar que el anciano ex militar está acusado en España de los delitos equivalentes en el Reino Unido a intento de asesinato, conspiración para asesinar, torturas, conspiración para torturar, toma de rehenes y conspiración para tomar rehenes.

En un comunicado, apuntó que la Convención Europea sobre Extradición, de la que son signatarios Gran Bretaña y España, obligó a Londres a actuar en dirección de la extradición, y que aunque Suiza y Francia también presentaron peticiones extradición, se le dio preferencia a la solicitud española.

Subrayó que ``ninguna cláusula de la ley internacional excluye la jurisdicción española en este asunto, y que la secretaría de Estado ``no considera que la posibilidad de un juicio en Chile sea un factor que exceda la obligación del Reino Unido de extraditar al senador Pinochet a España''.

Straw rechazó el alegato que se hizo a nombre del ex dictador de que no debería tener en cuenta el dictamen de la Cámara de los Lores ``por una supuesta parcialidad de los law lords'', y que tampoco le pareció que ``el senador Pinochet deba disfrutar de inmunidad diplomática o protección como director de una misión especial''.

También rechazó argumentos de que el intento de extradición estuviera ``políticamente motivado'', así como los alegatos de que por la salud y edad del acusado ``converti- rían en injusto y opresivo seguir adelante''.

Más bien, la secretaría de Estado resolvió que Pinochet no está mal de salud para soportar un juicio.

Straw, quien sin embargo excluyó el genocidio de los delitos que se imputan, acotó que ``la demanda española para extradición va ahora a ser examinada por los tribunales'', por lo que el viernes el ex militar deberá comparecer ante la Corte de Bow Street, especializada en extradiciones, en lo que se espera sea un proceso de varios meses.

Proceso prolongado

Si bien algunos especialistas no descartan que el proceso pueda prolongarse incluso hasta más de un año, la primera etapa es que el viernes Pinochet comparecerá por primera vez ante el juez Graham Parkinson, a las 14 horas, para ser informado de los delitos que se le acusa en la orden del juez español Baltasar Garzón.

En la siguiente etapa los magistrados examinarán el expediente de la extradición y habrá varias audiencias, en las que las partes podrán apelar.

Luego, si los tribunales de apelación confirman la decisión de Bow Street, el expediente pasará otra vez a manos de Straw para que confirme la extradición o incluso decline la decisión de hoy.

Allegados de Pinochet confirmaron que éste se presentará ante el juez y que no esgrimirá razones de salud, y que la noticia la recibió sin inmutarse en la lujosa residencia donde se halla bajo estricta vigilancia.

``Está tranquilo, está cansado... tiene una inquietud legítima'', dijo el senador chileno de derecha Ignacio Pérez Walker.

Mientras los chilenos de derecha y familiares de militares, que se encontraban en Londres en solidaridad con su caudillo, se refugiaban a orar, sólo los conservadores criticaron la decisión de Straw, y sobre todo la ex primera ministra Margaret Thatcher al calificar lo ocurrido como un ``error grave''.

Thatcher, quien defendió a Pinochet en todo momento por considerarlo un aliado en la guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982, dijo que Straw tenía amplios poderes para ``poner fin a este episodio vergonzoso y dañino'' y ``se decidió por prolongarlo'', y que fue ``una decisión política carente de liderazgo político''.

El embajador de Chile en Gran Bretaña, Mario Artaza, antes de partir de regreso a su país en protesta por la decisión, señaló que su gobierno ``reafirma su posición inalterable de que ningún tribunal extranjero puede juzgar a un compatriota por delitos cometidos dentro de nuestro territorio''.

Ante una masa de periodistas, que invadieron la sede diplomática chilena, Artaza rechazó ``enérgicamente'' la decisión del ministro Jack Straw por considerar que se trata de una ``transgresión de la soberanía jurisdiccional de Chile'' y contraria a su legislación y los principios de la inmunidad diplomática y territorialidad de la ley.

Straw adelantó dos días su decisión, y ante la inminencia del fallo diputados de la derecha chilena habían pedido a la cancillería de su país gestiones de ``urgencia'' para que Gran Bretaña invalidara la decisión de los lores, debido a la supuesta ``militancia'' de uno de ellos en Amnistía Internacional.

Pero también Amnistía Internacional había adelantado gestiones para tratar de retener al ex dictador en Londres en caso de que el fallo de Straw hubiera sido adverso, quien por su parte se abstuvo de informar previamente de su decisión tanto a ese organismo como a los abogados de la causa contra Pinochet que querían tomar providencias.

No politizar, pide Madrid

La reacción del gobierno de Madrid estuvo a cargo del vocero oficial y ministro de Industria, Josep Pique, quien subrayó que su gobierno siempre ha dicho que este caso debe mantenerse en el ámbito estrictamente judicial y que no se le debe ``politizar''.

Esto, significa que el gobierno no planea involucrarse en el delicado asunto.

El juez Baltasar Garzón, quien solicitó el arresto de Pinochet y pidió su extradición, expresó su beneplácito por la decisión británica por considerar que se trata de un paso importante en el proceso, aunque sabe que ahora deberá venir un prolongado proceso ante los tribunales del Reino Unido.

Garzón tiene ya listo el auto de procesamiento para enjuiciar a Pinochet por lo delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas, en el marco de un sumario abierto tanto por los delitos cometidos durante la dictadura chilena de 1973-1990 como en relación con la Operación Cóndor que abarcó varios países sudamericanos.

Fuentes judiciales confirmaron que Garzón, quien no necesariamente tiene que enviar el auto de procesamiento a Londres, pidió al gobierno de Estados Unidos la desclasificación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relacionados con las violaciones de los derechos humanos en Chile.

En los círculos políticos, judiciales, sindicales, de derechos humanos, de los exiliados chilenos y de la acusación de la causa popular, hubo satisfacción por el fallo.

En cambio, observadores hicieron notar que el gobierno conservador de José María Aznar estaría en una situación embarazosa que no puede exteriorizar.

El opositor Partido Socialista Obrero Español criticó la actitud del gobierno, al señalar que esto parece un partido de futbol en el que ahora Aznar ``tiene la pelota en su campo'', aunque insista en que ``esto es un debate técnico''.

En forma paralela, el exilio chileno en España y Gran Bretaña celebró en las calles la decisión de Londres de dar luz verde al proceso de extradición contra Pinochet.

La Coordinadora Pro Juicio a Pinochet en Madrid dijo que estaba festejando aun cuando sabía que el proceso de extradición va a ser largo. En Londres, los exiliados bailaron en las calles cerca del Parlamento, y los pinochetistas les lanzaron insultos.

Pero a los festejos se unieron declaraciones de organismos humanitarios británicos, los que señalaron que lo sucedido es una ``fuerte señal'' en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.