Indignación del presidente chileno; el ejército, "conmocionado"

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 9 de diciembre Ť El gobierno de Chile rechazó hoy ``enérgicamente'' e indignado la decisión británica de autorizar el proceso de extradición a España de Augusto Pinochet, llamó a ``consultas'' a su embajador en Londres y convocó a reunión al Consejo de Seguridad Nacional.

En tanto que el ejército se declaró ``profundamente conmocionado'' y calificó la decisión británica de ``abusiva'' y ``humillante'', sectores de de izquierda se manifestaron satisfechos y la policía detuvo esta noche a una treintena de simpatizantes del ex dictador que protestaban frente a las embajadas de Inglaterra y España.

El presidente Eduardo Frei, quien se encontraba en Río de Janeiro participando en la cumbre del Mercosur, reafirmó que su gobierno desconoce la competencia de los tribunales europeos para juzgar al ex presidente de facto, y dijo que acudirá a todas las instancias internacionales para evitar que se le enjuicie en España.

El canciller José Miguel Insulza, quien acompaña al presidente, también rechazó la determinación británica porque se ``agrede'' la jurisdicción chilena, y asentó que este hecho constituye ``una falta de consideración en el camino que Chile encontró pa- ra su democratización'' y que ahora los avances serán más difíciles.

Insulza, quien en su reciente viaje a Londres no fue recibido por el ministro británico del Interior, Jack Straw, citó versiones según las cuales éste ``se jugaba su carrera política'' con la decisión, y añadió que ahora Chile está estudiando la mejor manera de lograr la devolución del ex dictador.

Subrayó que su gobierno está ``molesto por el desinterés por los efectos políticos de esta situación'', y que la decisión de Straw equivalía a denegar el reconocimiento de un derecho de Chile; afirmó que Chile es partidario de una legislación penal internacional sobre derechos humanos, pero rechaza la extraterritorialidad unilateral.

El vicepresidente chileno, Raúl Troncoso, llamó a Santiago al embajador Mario Artaza para que informe sobre la decisión británica, y convocó a una reunión para el viernes del Consejo de Seguridad Nacional, que integran los jefes de las fuerzas armadas, los líderes del Congreso, el contralor general y el presidente de la nación.

Insistió en que el gobierno seguirá usando todos los medios a su alcance en favor de Pinochet, pidió el respaldo de todas las fuerzas políticas y el compromiso de la sociedad y llamó a la calma y la responsabilidad en cada una de las acciones que se desarrollen y a resguardar la estabilidad y so- beranía jurisdiccional.

``Los chilenos no queremos ser presa del extremismo. Ya sabemos el enorme precio que tuvimos que pagar por ser prisioneros del extremismo'', declaró el ministro secretario general de la Presidencia, John Biehl, al aludir a la división de los chilenos que culminó con el sangriento golpe militar pinochetista de 1973.

Por su parte, el ejército emitió una comunicado de seis puntos en el que deploró la resolución británica, y se solidarizó con su ex comandante en jefe y refrendó su compromiso con ``los valores y principios que sustentó el gobierno militar'', el periodo histórico de nueva institucionalidad y ``recuperación de la democracia''.

Sostuvo que los chilenos son hoy víctimas de un proceso hacia la consolidación de una ``abierta injusticia y un atropello a la soberanía nacional'', y acotó que hasta el momento han fallado las gestiones del gobierno y que ha habido actitudes de personas que perjudicaron a Pinochet, en alusión a los socialistas.

También emitieron mensajes de repudio al fallo británico la armada, la fuerza aérea y la policía por el acto ``inamistoso'', en tanto que el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, descartaba una alteración de las relaciones entre gobierno y militares porque ``son suficientemente sólidas''.

Fernando Matthei, ex comandante de la fuerza aérea, se mostró pesimista sobre el futuro del país al calificar de ``gravísimo'' lo ocurrido, y a su vez la Fundación Pinochet afirmó que la soberanía ``fue atacada'' en una actitud colonialista, y que no se puede aceptar que un ex presidente de la república ``siga sufriendo atropellos''.

Los partidos de la derecha, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, calificaron el fallo británico de atentado en este siglo contra la independencia del país y de su derecho de nación libre para resolver sus asuntos, y responsabilizaron a los socialistas de sabotear todas las gestiones del gobierno y otros sectores en favor de Pinochet.

Entre otras críticas de la derecha, el líder de los diputados, el democristiano Gutenberg Martínez, censuró la ``contradicción'' del derecho internacional, y el dirigente del Senado, Andrés Zaldívar, al condenar ``asesorías'' de afuera anunció que viajará a Estrasburgo para discutir en el Parlamento Europeo el caso Pinochet.

Reacción de la izquierda

El diputado socialista Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado ex canciller Orlando Letelier, llamó a la calma y a bajar el tono beligerante de algunos sectores políticos, ya que ello no ayuda a hacer las cosas de otro modo en Chile.

Letelier fue uno de los políticos que acudióeron a Londres a prestar su testimonio contra el ex dictador.

Isabel Letelier, la esposa del ex canciller asesinado por la dictadura, dijo que la extraterritorialidad no puede ser invocada para proteger a Pinochet ante crímenes de lesa humanidad, y se declaró satisfecha por la decisión británica.

La viuda se halla en Washington para pedir la desclasificación de archivos secretos que implican al ex dictador.

El candidato presidencial socialista, Ricardo Lagos, dijo que el fallo británico muestra que en Europa hay conciencia de que en Chile no se ha hecho justicia, mientras que los comunistas marcharon en forma pacífica por el centro de Santiago para celebrar el fallo y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos también se declaró satisfecha.

Mientras la policía dispersaba a manifestantes pinochetistas y detenía a una treintena que protagonizaban disturbios frente a las embajadas británica y española, Hernán Alvarez, ministro chileno de la Corte Suprema de Justicia, rechazó el fallo porque no acepta intromisiones de otras jurisdicciones sobre delitos en el país.