Júbilo de organismos de derechos humanos; silencio de EU

Afp, Ap y Reuters, Río de Janeiro, 9 de diciembre Ť Chile logró en el caso de Augusto Pinochet el apoyo del Mercado Común del Sur (Mercosur), que aprobó este miércoles en esta ciudad un documento en el que rechazó ``la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales'' pues ``viola la igualdad jurídica de los estados'', al tiempo que Estados Unidos declinó comentar la decisión británica de permitir que siga adelante el proceso de extradición a España del ex dictador chileno.

En cambio, grupos internacionales y latinoamericanos de derechos humanos recibieron con beneplácito la decisión británica de proseguir con el procedimiento de extradición de Pinochet, pues abre ``una nueva era en los derechos humanos'', y podría permitir una ``cadena de extradiciones de asesinos''.

Sin mencionar la decisión británica, los países miembros del Mercosur --Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, más los asociados Chile y Bolivia-- pidieron ``respeto a la igualdad soberana de los estados'' y la ``no intervención en asuntos internos''.

Este documento debía ser divulgado el jueves, último día de la cumbre del Mercosur que se celebra en Río, pero fue filtrado hoy y ``ya aprobado'', según el canciller chileno, José Miguel Insulza.

El Mercosur defiende además ``la importancia de los consensos internos forjados democráticamente en los países de la región'', en evidente alusión al proceso chileno de recuperación de la democracia.

Sin embargo, el documento también reitera su compromiso ``con los derechos humanos'' y el ``desarrollo progresivo de la normativa internacional sobre responsabilidad penal'' en caso de ``crímenes de trascendencia internacional''.

Así, según fuentes diplomáticas, el documento habría conciliado las posiciones de Argentina, que respaldada por Uruguay buscaba un apoyo total al gobierno chileno, y la de Brasil, que prefería una actitud que involucrase también los esfuerzos de la comunidad internacional por proteger los derechos humanos.

Bolivia tampoco tenía una posición fácil, ya que su actual mandatario, Hugo Bánzer Bravo, gobernó dictatorialmente en la década de 1970 y se le vincula con la Operación Cóndor, una internacional del crimen de los gobernantes militares para apresar y canjear disidentes, para posteriormente ajusticiarlos o desaparecerlos.

El presidente Fernando Henrique Cardoso, quien sufrió persecución y exilio, se manifestó contrario ``a todas las dictaduras y todos los dictadores'', pero también defendió la soberanía jurídica de los estados, dijo hoy su portavoz, Sergio Amaral.

La víspera, el mandatario recordó su condición de exiliado político por la dictadura brasileña en Santiago de Chile, durante el gobierno del presidente socialista Salvador Allende.

A su vez, el canciller argentino Guido di Tella reafirmó el ``apoyo total'' al proceso democrático chileno y se refirió en términos muy duros a España, de la que, dijo, ``no nos gustaba lo que hacía y por eso nos independizamos''.

Y agregó: ``Tal vez haya llegado el momento de romper por segunda vez la dependencia de España''.

Alegría en Argentina

En Buenos Aires, en cambio, hubo satisfacción entre los grupos de derechos humanos y opositores, aunque el diputado Juan Pablo Baylac, de la opositora Unión Cívica Radical, sostuvo que al margen de las violaciones de los derechos humanos por parte de Augusto Pinochet, su caso ``nos preocupa porque se vincula con el principio de territorialidad de la ley, que yo personalmente apoyo''.

Para la titular de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, la resolución del gobierno británico es ``un antecedente para otros dictadores de la región''.

``Estamos comenzando una larga cadena de extradiciones de asesinos'', dijo.

Otros organismos humanitarios expresaron su alegría por la decisión del ministro Jack Straw, entre ellos familiares de detenidos desaparecidos en Bolivia y Uruguay, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que afirmó que el castigo para los crímenes de lesa humanidad ``no tiene fronteras''.

En París, los defensores de derechos humanos, reunidos este miércoles para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se congratularon con la decisión británica, que según Amnistía Internacional ``abre una nueva era para los derechos humanos''.

La dirigente indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz, sostuvo a su vez que la detención de Pinochet ``es una luz de esperanza para todos los latinoamericanos''.

Satisfacción francesa y silencio estadunidense

De su lado, la ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, dijo que la decisión británica ``es la puerta abierta a una posible extradición de Pinochet, sin duda hacia España en primer lugar''.

Guigou explicó que los jueces británicos examinarán las peticiones de extradición en el orden en que fueron recibidas: España, Suiza, Francia y Bélgica.

En Bruselas, la bancada socialista del Parlamento Europeo expresó su alegría por esta ``grandiosa noticia''.

``Nos deleita que Pinochet, quien sigue siendo uno de los mayores déspotas de los tiempos modernos, tenga que responder por sus crímenes'', dijo el portavoz Tony Robinson,

Mientras, cerca de 50 personas celebraban afuera de la embajada de Gran Bretaña en la capital belga, ondeando banderas chilenas y gritando ``no dejen que este carnicero se vaya'', al tiempo que en Roma un grupo de jóvenes chilenos se manifestó ante la sede diplomática británica, en lo que denominaron una ``acción de gracias''.

Pero Estados Unidos se abstuvo nuevamente de expresar cualquier forma de respaldo a la extradición de Pinochet, al comentar que la decisión de Londres es el preludio de un largo procedimiento judicial donde ``nada en términos legales, en términos de derecho internacional, ha sido decidido hasta el momento''.

``Es muy prematuro hacer un comentario amplio'', dijo el portavoz del Departamento de Estado estadunidense, James Foley, quien insistió en que Washington ``valora tanto los principios de rendición de cuentas y justicia como los de democracia y legalidad en Chile''.

El gobierno del presidente Richard Nixon respaldó y financió la llegada al poder de Pinochet en 1973 mediante un golpe de Estado contra el presidente constitucional, el socialista Salvador Allende.

También en Washington, la organización Human Rights Watch dijo que la decisión del gobierno británico es ``un tremendo regalo de cumpleaños'' para el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, pero aclaró que ``esta decisión no es el fin del proceso''.

``Si va a haber un juicio, se deberá obtener toda la evidencia posible, y debemos tratar de que otros gobiernos, principalmente el de Estados Unidos, entreguen toda la información que tengan respecto de los crímenes cometidos por Pinochet o bajo su mando'', dijo.

``Estados Unidos, con su política, que lo menos que se puede calificar es de tímida, debilita el proceso encaminado a exigirle a Augusto Pinochet que rinda cuentas de sus crímenes'', dijo Joel Salomon, de Human Rights Watch.