Para sacar adelante el rescate de los banqueros, el PAN aceptó formar parte de una coalición inestable con el gobierno de Zedillo. Juntos elaboraron una propuesta para superar el escándalo del Fobaproa. Los dirigentes panistas creyeron poder ganar un amplio espacio político mostrando a su partido como responsable y constructivo. Para lograrlo presentaron la iniciativa de ley para crear el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

Es posible que la iniciativa panista nazca muerta debido a las oscuras negociaciones tras bambalinas. De ser así, la bancada de Acción Nacional tiene una segunda oportunidad para reformular su propuesta, introduciendo un replanteamiento de fondo para la recapitalización del sistema bancario mexicano. Por eso es importante examinar los vicios de la iniciativa que presentó en la Cámara de Diputados.

Más allá de diferencias de forma entre las propuestas del PAN y la SHCP, se imponen dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia de esencia entre las propuestas del PAN y la original de la SHCP? La propuesta panista, ¿reduce significativamente el costo fiscal del rescate?

Según el PAN, con su iniciativa se impide la conversión de pasivos del Fobaproa en deuda pública. El mecanismo es el siguiente: las operaciones de compra de cartera se revierten, devolviendo a los bancos la cartera contra la cancelación de los pagarés suscritos por el Fobaproa. Pero, en el mismo acto ``se constituye la garantía del IPAB sobre el valor de tal cartera (...) de tal manera que si el deudor de la cartera no paga, el instituto cubrirá al banco el importe del riesgo compartido hasta por el monto efectivamente no cubierto''.

Todo lo que no puedan cobrar los bancos será garantizado por el IPAB. Y para ``cubrir el importe del riesgo compartido'' el IPAB deberá ser aprovisionado con recursos públicos asignados ``año por año, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación''.

Es decir, en lugar de deuda pública, los pasivos del Fobaproa estarían garantizados por el nuevo instituto, y el costo ``si el deudor no paga'', será cubierto con erogaciones anuales contra el Presupuesto de Egresos.

¿Dónde está la diferencia entre el rescate a través del IPAB y el del Fobaproa? Según el PAN hay una diferencia de fondo entre consolidar como deuda pública y pagar con erogaciones anuales con cargo al presupuesto federal.

Sin embargo, ya sea como deuda pública consolidada, o como garantía de pago por parte del IPAB, el Congreso deberá votar cada año las partidas presupuestales correspondientes para el costo financiero de esas obligaciones.

Desde el punto de vista del desvío de recursos públicos, es equivalente consolidar como deuda pública los pasivos del Fobaproa y ``cubrir los costos (del IPAB) año por año, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación''. ¿No sabrán los legisladores panistas que el costo financiero de la deuda también se cubre con partidas del presupuesto de egresos?

La consolidación como deuda pública del rescate de los banqueros debe rechazarse por inconstitucional y porque implica un colosal desvío de recursos públicos para ayudar a los banqueros a salvarse de la disciplina del mercado. En la propuesta panista, al igual que la de la SHCP, se desvían recursos de los sectores productivos para inyectarlos en los circuitos del sector bancario y financiero. La correa de transmisión será la misma: el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por último, el texto de la iniciativa del PAN no permite definir el costo fiscal de las operaciones del nuevo instituto. Recuerde el lector que la SHCP estima que se puede recuperar 40 por ciento de los activos del Fobaproa, es decir 222 mil millones de pesos. El 60 por ciento restante, 330 mil millones de pesos, es lo que se tiene que pagar con cargo al erario público. Nada en la propuesta del panismo permite pensar que estamos frente a un escenario distinto.

El PAN debe entender que de aprobarse su iniciativa, se convertirá en miembro de una coalición inestable cuyo proyecto será proporcionar los recursos que necesita el IPAB, heredero del apetito financiero del Fobaproa. El año que viene no debe titubear en votar un Presupuesto de Egresos en el que figure una partida por más de 60 mil millones de pesos para pagar las garantías que el IPAB otorgará a los banqueros.