El proyecto de presupuesto para 1999, enviado por el gobierno federal a la Cámara de Diputados, incluye un severo recorte para el sector educativo en general y las instituciones de educación superior en términos reales, frente a la inflación de 1998, la esperada en 1999, el crecimiento de la matrícula y la demanda social. Este recorte es más grave para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, por ser la más grande concentración poblacional del país y, por tanto, alojar a la mayor masa de población en edad escolar, estudiantes inscritos al sistema educativo y sus instituciones, y a organismos públicos de investigación y desarrollo.

Criticamos la concentración y centralización poblacional, económica y política en la metrópoli, pero tenemos que aceptar el hecho de que ella le asigna el papel hegemónico y motor, y la mayor responsabilidad en el mantenimiento de la actividad económica, cultural y social del país, por lo que demanda un esfuerzo educativo y presupuestal acorde a su peso específico en la nación y al mantenimiento de su productividad social, ante las rudas y desiguales condiciones de competencia en el mercado mundial y regional estadunidense, impuestas por la política neoliberal. Es obvio que sin un impulso sostenido y creciente a la educación en todos sus niveles, la formación de recursos humanos de alto nivel en las universidades y la investigación científica y tecnológica, con recursos financieros suficientes, es imposible garantizar el desarrollo económico y social, local y nacional, y mantener la competitividad tan reclamada.

Para las instituciones federales (UNAM, UAM, IPN, Cinvestav y Conacyt) que atienden, aunque no exclusivamente, a la sociedad metropolitana, el drástico recorte presupuestal anunciado significa un golpe demoledor, irreversible, al desarrollo de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y preservación de la cultura. Impedirá mantener la matrícula actual, totalmente insuficiente para satisfacer la demanda y las necesidades de desarrollo; obligará a reducir el número de docentes contratados para atender la matrícula actual, lo que significa la pérdida de recursos humanos cuyo costo de formación ha sido muy alto. Se degradará la calidad de la docencia, a pesar de los esfuerzos que hagan las instituciones para que no ocurra. Seguirá reduciéndose el salario tabular de docentes y administrativos, golpeado desde 1976 por la política salarial gubernamental, así como los sistemas compensatorios de becas y estímulos. Habrá menos recursos por alumno inscrito para atender la docencia. Se congelará la apertura de nuevos programas de licenciatura y posgrado. Se frenará la construcción de infraestructura física, y adquisición y mantenimiento del equipo para docencia, investigación y administración. Los ya escasos recursos para investigación científica y tecnológica se contraerán aún más. En algunos casos, será casi imposible mantener la operación mínima de los programas universitarios, en la medida que la mayor parte del presupuesto tiene que destinarse al pago de nómina, a pesar del agudo deterioro salarial.

Este impacto negativo sobre la educación, la superior en particular, cuestiona la política económica y social gubernamental. Mientras se dedica una parte sustantiva del presupuesto público para rescatar a sectores empresariales ineficientes y penetrados por la corrupción, o a gasto militar inútil (ocupación de Chiapas, por ejemplo); se castiga el financiamiento para mantener y mejorar las condiciones sociales básicas del desarrollo económico. Por su responsabilidad pública y política, los legisladores tienen obligación de revertir esta errada política gubernamental, asignando los recursos necesarios y suficientes para el sistema educativo y la universidad pública, que atienden a los sectores mayoritarios empobrecidos, por lo que depende del presupuesto aportado por toda la ciudadanía y no puede mercantilizarse. No sobra recordarles que en medio de la grave y prolongada crisis económica, social y política que vive México, los mexicanos los observan, los juzgan y sacarán sus conclusiones para las elecciones del año 2000, expresándolas en su voto.