Abre Garzón el proceso penal contra Pinochet

Reuters, Afp, Dpa y Ap, Madrid, 10 de diciembre Ť El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue hoy formalmente procesado por el juez español Baltasar Garzón, bajo cargos de genocidio, terrorismo y torturas, cuyo resultado estimó en más de 3 mil desapariciones y asesinatos de personas.

En tanto que el juez notificaba a las partes y a las autoridades británicas del auto de encausamiento, en Londres la defensa de Pinochet pidió ante la Cámara de los Lores la anulación del fallo que lo despojó de la inmunidad el 25 de noviembre y un día después de que el ministro Jack Straw diera luz verde para su extradición a España.

Garzón ratificó en el auto de procesamiento, de 285 páginas, la orden internacional de detención contra el anciano ex militar ante el riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, así como el embargo acordado el 19 de octubre en torno a los bienes que el acusado pueda tener en diferentes países.

Reafirmó las acusaciones de genocidio, justificado por las matanzas atribuidas al régimen pinochetista --motivadas por el objetivo de eliminar a la oposición política--, de terrorismo, por actuar en detrimento del orden constitucional e internacional, y de tortura, porque hay unos 50 mil casos documentados de tortura bajo detención.

Hace énfasis en que tanto Pinochet como la junta de gobierno elaboraron un plan criminal con objeto de tomar el poder en Chile, siendo el segundo paso la detención y desaparición de los colaboradores del presi- dente Salvador Allende, cuyas acciones se desarrollaron desde el 11 de septiembre de 1973 a 1990, cuando dejó el poder.

Destaca que el punto álgido ocurrió entre 1974 y 1975 dentro y fuera de Chile, y que desde su posición de mando Pinochet crea y coordina con otros responsables militares y civiles chilenos y, después, del exterior, un plan para ejecutar una ``feroz represión'' contra la vida, seguridad y libertad de las personas y sus patrimonios.

Refiere las acciones de la Operación Cóndor con otros países y militares de la zona, como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina, para lo cual se usaron las estructuras institucionales con la finalidad de conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros y torturas.

Todo eso, anota, fue seguido de la muerte de personas, desplazamientos forzados de miles de personas y desaparición selectiva de 3 mil 51 de ellas, más de 300 mil personas privadas de la libertad, y más de 100 mil chilenos expulsados u obligados a exiliarse, de acuerdo con testimonios documentales.

Un mexicano, entre los asesinados

En otro desglose de cifras menciona que entre las víctimas hubo 2 mil 531 chilenos, 112 indígenas mapuches, 16 españoles, 14 argentinos, ocho uruguayos, siete brasileños, seis ecuatorianos, cuatro bolivianos, un peruano y un mexicano, referente a acciones dentro o fuera de las fronteras de Chile.

El Plan Cóndor, asienta, fue ideado por el general Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, con objeto de reforzar la represión violenta de las víctimas, y sustituido en 1977 por el Centro Nacional de Informaciones, organizaciones que actuaron siguiendo órdenes del ex dictador.

Entre los crímenes más destacados cometidos fuera del país menciona el del ex comandante del ejército del ejército chileno, general Carlos Prats, ejecutado junto con su esposa en 1974 en Buenos Aires, y el del ex canciller Orlando Letelier, en 1976 en Washington, además de extender sus tentáculos terroristas a España y Francia.

En tanto que en España se cree que la extradición puede darse en no menos de seis meses, en Londres la defensa del ex dictador presentó un recurso de solicitud de revocación del fallo de los lores.

Sobre esto no se dieron detalles, pero tendría como base un supuesto ``conflicto de intereses'' por un lord que colaboró con una institución de Amnistía Internacional.

Al respecto, la organización humanitaria dijo que el recurso de apelación contra el juicio de los magistrados de los lores es un señuelo para ``desviar la atención'' de los crímenes imputados al ex dictador.

Una fuente de la Cámara de los Lores confirmó la petición, e indicó que será estudiada la próxima semana, y que esto no tiene precedentes y ningún fallo de los lores ha sido anulado con anterioridad.

Trascendió que con dicha petición para anular el fallo se intenta evitar el largo proceso de extradición, que podría durar años.

Mientras, Pinochet deberá comparecer este viernes a las 14 horas ante un tribunal de apelaciones que presidirá el juez Graham Parkinson, aunque la comparecencia tendrá lugar en un tribunal de máxima seguridad en Londres, donde han sido juzgados los principales criminales del Reino Unido.

Parkinson le preguntará si es Augusto Pinochet Ugarte, y enseguida procederá a la lectura de la orden de arresto de Garzón y los cargos en su contra, además de que se fijará fecha para la vista de extradición.

Sin embargo, se cree que las cosas no serán normales y que Pinochet estaría preparando una ``sorpresa'', como vestir su traje de gala del ejército, en el que porta cinco estrellas en el hombro tras la autodesignación de capitán general, y las escarapelas que lo elevan a comandante en jefe benemérito.

Algunas fuentes creen que Pinochet también podría emitir una declaración pública, en la que haría una ``férrea defensa'' de su régimen tras el derrocamiento de Allende, y hablaría de logros de un modelo económico, de la institucionalidad de la Constitución de 1980, que la actual democracia chilena es su obra respetando la ``legalidad'' y que se presentaría como figura histórica.

En tanto que unos 250 pinochetistas continuaban manifestando su apoyo al caudillo y a su esposa, el ex dictador se verá obligado a cambiar la lujosa mansión que habita a un complejo de alta seguridad de Belmarsh Prision durante cada audiencia, a donde será trasladado por una caravana de coches fuertemente vigilada por la policía.

El recinto, donde han estado delincuentes comunes y acusados de terrorismo que habían escapado de otras prisiones, está situado en el sureste de la capital y tendrá vigilancia de Scotland Yard; en el banquillo de los acusados, Pinochet estará separado del público por una mampara de cristal.