La conjunción de factores internos y externos por demás desfavorables para el crecimiento de la economía mexicana con un manejo a la vez fundamentalista y trastabillante de las finanzas públicas coloca al país ante una perspectiva inmediata desalentadora.

En casi todos los sectores se reconoce como un hecho que el año próximo será sumamente difícil y desfavorable para los agentes productivos y que la gran mayoría de las medianas y pequeñas empresas, los trabajadores, los profesionistas, los campesinos y los empleados, enfrentarán severas dificultades para subsistir, para mantener sus niveles actuales de vida, para encontrar un sitio en medio de la recesión.

Peor será el panorama para quienes ya fueron expulsados de la economía formal durante los quince años de políticas económicas depredadoras del tejido social --los que sobreviven con trabajos ocasionales, o recurren al comercio ambulante, o han llegado a la mendicidad--.

En los días que corren, las autoridades económicas ya no sólo piden a la población que renuncie a las expectativas de mejorar su nivel de vida en el corto plazo --como se demandaba a principios del actual sexenio--, sino también que acepte con resignación el empobrecimiento.

En el año que está por terminar, la Secretaría de Hacienda recortó el presupuesto en tres ocasiones. Ahora propone nuevos y multimillonarios recortes a futuro. Los funcionarios económicos han cambiado sin empacho todas las variables, han formulado proyecciones reiteradamente equívocas sobre los precios internacionales del crudo y han enviado al Congreso propuestas de ingresos y presupuesto que contienen aristas inaceptables hasta para algunos legisladores del partido oficial. Tales inconsistencias contrastan con la defensa inamovible de un déficit fiscal reducido, como si el acatamiento incondicional de esa consigna fuera, por sí mismo, la única vía -o la fórmula mágica- para salir de la crisis y recuperar el crecimiento.

En tales circunstancias, e independientemente de los vericuetos de la negociación entre el PRI y el PAN para dar carpetazo al Fobaproa --y, con él, a las posibles irregularidades cometidas al amparo de la privatización y el rescate bancarios, así como a la patente violación a la Constitución cometida por el Ejecutivo al contraer deuda pública sin la aprobación ni el conocimiento del Congreso--, es obligado reconocer que no será necesario esperar al final del sexenio para presenciar la próxima emergencia económica. El país vive ya, de lleno, una nueva fase aguda de la crisis crónica de la que no ha terminado de salir desde principios de la década pasada.

En declaraciones --hasta ahora no desmentidas-- ante la cúpula cetemista, el director del Banco de México, Guillermo Ortiz, se refirió a la coyuntura actual como la peor crisis en la historia del país. La crudeza declarativa del funcionario --acaso alentada por la autonomía de la institución que preside-- contrasta con la ``nueva solidez'' con la que se percibe, desde el punto de vista presidencial, la economía mexicana. La descalificación inmediata del secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, de la propuesta perredista para dar una reorientación social al presupuesto de 1999, choca con la receptividad manifestada por su subordinado, el subsecretario de Ingresos Santiago Levy, hacia esa misma iniciativa.

En suma, ante el panorama desolador y exasperante, las autoridades no parecen haber encontrado una postura común, y ello representa un factor adicional de incertidumbre y dificultad para transitar por la nueva crisis.