Rinden informe sobre irregularidades en que incurrió García Lizama

Ricardo Olayo Ť Carmelina Ortiz Monasterio, consejera de la Junta de Asistencia Privada, dijo que la ley en la materia requiere reformas, pero para hacer esta institución totalmente privada, y defendió a Víctor García Lizama, de quien ayer se informó que operaba con irregularidades en la presidencia de la junta.

Como presidente de la junta, García Lizama tenía bajo su responsabilidad un vehículo y también administraba un local que pertenece a instituciones de asistencia privada, lo que violentaba la ley. Ganaba 74 mil pesos al mes, disponía de chofer automóvil, gastos de representación y otras prestaciones, pero no dejó el acta de entrega-recepción de su gestión, ni entregó las oficinas a quien lo sustituyó, informó el encargado interino del despacho en la junta, José Altamirano Escoto.

Ortiz Monasterio dijo que está inconforme con la manera de proceder del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa, y argumentó que se requirió de mayor tiempo para discutir la iniciativa que fue discutida ayer.

Sin embargo, aseveró que ella y su familia seguirán apoyando las actividades de beneficencia en favor de gente con discapacidad. En particular encabeza el patronato de la Asociación Proparalítico Cerebral (APAC), y ayer fue entrevistada al salir del recinto de Allende y Donceles en el que sesionaba el pleno de legisladores capitalinos.

Indicó que únicamente dos instituciones, las que encabezaron José Barroso Chávez (Cruz Roja Mexicana) y Benjamín Trillo (Montepío Luz Saviñón) --ambos opositores a García Lizama--, ocultaron datos de sus estados financieros. De Barroso dijo que es capaz y hábil en el manejo de los patronos.

El periodo de Ortiz Monasterio concluye en marzo próximo, pero dijo que no está aferrada a ser vocal en el consejo de la Junta de Asistencia Privada. La experiencia adquirida, subrayó, es trascendente por la ayuda que se dio por medio del Nacional Monte de Piedad, sin distingos a pesar de los cuestionamientos que se han hecho en este punto a García Lizama.

La incomodidad, expresó, ``es la falta de democracia, porque la mayoría de mis hijos y yernos votaron por el PRD'', y ahora cometen una imposición.

Al jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, se le pidió hacer cambios, pero con el objetivo de convertir en completamente privada la operación de la junta, reiteró.

A pesar de la defensa de García Lizama, éste fue impugnado por el gobierno en su actuación, y aún ahora se han encontrado nuevas irregularidades. Altamirano Escoto, quien lo sustituyó interinamente en la presidencia de la junta, informó ayer en entrevista que no dejó el acta de entrega- recepción, y tampoco entregó las oficinas ubicadas en la calle Calderón de la Barca en Polanco.

Como encargado del despacho, dijo que no recibe ingresos ni prestación alguna, pero en los informes administrativos se indica que el ex presidente percibía un salario de 74 mil pesos --por encima de cualquier otro funcionario del gobierno capitalino-- y disponía de otras prerrogativas.

Una de las primera medidas que adoptó, precisamente para evitar la idea de que los bienes de las instituciones serán copados por el gobierno, fue regresar a su titular un vehículo prestado y un local comercial que pertenece a otras instituciones. Encontró también que la JAP opera con un déficit de 2 millones de pesos, en gastos relativos al pago de personal y gastos de mantenimiento; este dinero es entregado por las instituciones según lo mandata la ley en proporción de seis pesos por cada mil pesos que ingresan a cada institución.