Amparo a 21 observadores italianos que fueron expulsados de México

Roberto Garduño Ť La justicia mexicana amparó el lunes pasado, ``contra cualquier acto de gobierno'', a 21 ciudadanos italianos que fueron expulsados de territorio nacional el pasado 10 de mayo. En esa fecha, la Secretaría de Gobernación aplicó el artículo 33 constitucional a esos visitantes extranjeros acusándolos de ``incurrir en transgresiones a la ley'', por realizar una visita como observadores de derechos humanos a la comunidad de Taniperla.

Aquella deportación masiva afectó a 135 ciudadanos italianos, de los cuales sólo 21 --que fueron expulsados de por vida-- interpusieron un amparo ante la juez Tercero de Distrito en Materia Penal, Olga Sánchez Contreras, el pasado 29 de junio.

Cinco meses después, la juez Sánchez Contreras resolvió que la Secretaría de Gobernación ``violó las garantías que la Constitución mexicana concede a los ciudadanos extranjeros''.

Tras su expulsión del país, los observadores italianos promovieron, a través del bufete jurídico Tierra y Libertad, un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Por intermediación de la abogada Bárbara Zamora, los deportados ofrecieron pruebas y testigos para enfrentar la acción de las autoridades migratorias mexicanas.

Dichas pruebas se acumularon en el expediente 477/98, que la juez Olga Sánchez Contreras estudió y apenas el lunes pasado falló a favor de conceder el amparo a los 21 extranjeros solicitantes. La resolución de la magistrada señala que la justicia de la Unión protegerá a los 21 italianos contra cualquier acto del gobierno mexicano.

Bárbara Zamora informó a este diario que los datos aportados por sus clientes demostraron ``evidentes violaciones de la Secretaría de Gobernación. Si los 21 italianos hubieran cometido delitos, otra habría sido la resolución; pero demostramos la abundancia de violaciones''.

La abogada refirió que la decisión de expulsar a los observadores el pasado 10 de mayo violó la Convención Americana de Derechos Humanos, documento que México suscribió y fue ratificado en el Senado de la República. El documento refiere en su artículo 9 que ``está prohibida la expulsión colectiva de extranjeros''.

Una vez que la juez Olga Sánchez Contreras concedió el amparo, la Secretaría de Gobernación tiene 10 días para impugnar esa decisión. De ser aceptado el recurso de las autoridades federales, el caso se llevaría a una revisión del amparo y esto lo conduciría a una segunda instancia judicial. Por lo pronto, tanto el bufete Tierra y Libertad como la Secretaría de Gobernación esperan recibir el texto completo de la resolución de la juez.

El periplo de los italianos en Chiapas

El pasado 6 de mayo, 135 italianos -entre ellos varios diputados de aquel país-- que se encontraban en Chiapas como observadores, y cuya estadía coincidió con la disolución de dos municipios autónomos, decidieron viajar a la comunidad de Taniperla, donde había mujeres y niños secuestrados por paramilitares. La decisión de visitar aquel poblado provocó una airada respuesta de las autoridades federales, incluso del presidente Ernesto Zedillo, quien calificó de injusto que ``progresistas'' acusen a México de opresor de indios.

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) trataron de impedir la visita de los ciudadanos italianos a aquella comunidad, por lo que los observadores abandonaron los vehículos que los trasladaban y caminaron desde la cabecera municipal de Ocosingo hasta el ejido, enclavado en las cañadas de la Lacandona. Era el 7 de mayo.

En Taniperla, un día después la delegación de observadores de los derechos humanos fue agredida por paramilitares de filiación priísta del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), que mantenían secuestradas a 180 mujeres zapatistas y 300 niños desde el 11 de abril de este año.

Mientras los priístas increpaban y agredían a los observadores, en la ciudad de México el subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, Fernando Solís Cámara, afirmaba que la violación y el desacato de los italianos a las leyes mexicanas ``ofende al país que les abrió las puertas''. Los calificó de ``aventureros'', ``delincuentes'', ``provocadores profesionales'' y ``turistas revolucionarios''.

Al día siguiente, el presidente Ernesto Zedillo emitió su juicio sobre la visita de los italianos, ``no nos preocupa que vengan personas de fuera a ver nuestros problemas, que vengan a observar esa realidad con un propósito claro, pero ojalá que no vengan desde antes con una agenda de lo que deben decir para hacer el juego a quienes alientan el turismo revolucionario, ¿o no creen ustedes?, porque vienen a hacer un turismo revolucionario''. También, la Secretaría de Gobernación informó entonces que habría nuevas reglas para los observadores extranjeros que visitaran México con la intención de conocer la situación de los derechos humanos.

De regreso de Chiapas a la ciudad de México, los 135 italianos fueron recibidos en la capital del país con un oficio que les hizo llegar el Instituto Nacional de Migración para recordarles que su permiso de estadía vencía a la medianoche del domingo 10 de mayo, y de no abandonar el país antes de esa hora incurrirían en un desacato a las disposiciones migratorias, en cuyo caso se aplicarían las sanciones previstas por la Ley General de Población, es decir, la expulsión fundamentada en el artículo 33 constitucional.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte y Europa, Juan Rebolledo Gout, señaló que México ``tiene una mala imagen en el exterior'' por los conflictos que suscitan las visitas de extranjeros a Chiapas. En respuesta, Sergio Zulian, integrante del grupo de italianos, aseguró que en México no se respetan los derechos humanos, ``eso es lo que vimos y así lo diremos al Parlamento Europeo''. Desde entonces, el informe que proporcionaron los deportados a ese organismo se asumió como exigencia, que ahora se pretende materializar con la instalación de un centro de observación de derechos humanos en San Cristóbal de las Casas.

El domingo 10 de mayo salieron 88 italianos del país, fueron expulsados por las autoridades mexicanas, quienes les advirtieron que no podrían ingresar a México durante los próximos 10 años. Para el lunes 11 quedaban 57, a 40 de ellos se les aplicó el artículo 33 constitucional, con la precisión de que jamás podrían regresar, porque desconocieron ``la validez del orden jurídico mexicano'' y rechazaron sujetarse a las decisiones y actos de las autoridades nacionales.

Una vez instalados en su país, 21 de esos observadores --quienes siguen realizando trabajo en pro de los derechos humanos en Albania y otros países de los Balcanes-- solicitaron ante la juez Olga Sánchez Contreras el amparo, que ésta les concedió el pasado 14 de diciembre.