El gobierno ya realizó gran esfuerzo de ``adelgazamiento'': Gurría
Elizabeth Velasco C. y Antonio Vázquez Ť El gobierno federal no puede absorber recortes adicionales a los paquetes de ingresos que propuso a la Cámara de Diputados, particularmente el del impuesto al servicio telefónico, porque se pondrían en peligro, entre otros, los programas de combate a la pobreza, de apoyo alimentario y de desarrollo rural integral, advirtió ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría.
La propuesta de ``algunos partidos de oposición, de que el impuesto telefónico no fuese aprobado, abre una brecha de carácter fiscal que no es posible acomodar mediante ajustes de gasto'', subrayó.
Al respecto, Francisco Hernández Juárez, líder colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), dijo que con el impuesto de 15 por ciento al servicio telefónico que propone Hacienda se corre el riesgo de que más de dos millones de usuarios cancelen el servicio para el próximo año.
``Cualquier incremento al impuesto telefónico sería gravísimo; de por sí tenemos millón y medio de usuarios que están en condiciones de no pagar, y cualquier aumento literalmente los dejaría sin el uso del servicio'', dijo Hernández Juárez tras subrayar que los telefonistas no están de acuerdo con aumento alguno.
Sin embargo, Gurría estimó que no es posible aprobar un presupuesto con ``déficit'' debido a que el gobierno ya ha realizado ``un esfuerzo enorme de racionalización y adelgazamiento del gasto'' a causa de la caída de los precios del petróleo. ``Por encima de lo que originalmente habíamos previsto, que era ya medio punto del producto interno bruto por debajo del cierre de 1998, ajustamos en uno por ciento del PIB, en virtud de la caída del precio del petróleo'', explicó.
El responsable de las finanzas públicas del país argumentó que la aprobación de un presupuesto ``que mantenga los equilibrios básicos y las finanzas públicas sanas'' es fundamental para que el próximo año ``podamos lograr la meta de crecimiento de tres por ciento del PIB, una mayor generación de empleos; para que nos preparemos, para que tengamos un periodo de cambio de administración tranquilo, en crecimiento''.
Entrevistado al término de la reunión del Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gurría adelantó que buscaría un acercamiento con los diputados para ``conversar con ellos; darles elementos de por qué es importante no sólo ajustar el gasto, sino también fortalecer las finanzas públicas por el lado de los ingresos''.
Para ello, dijo, se ha ofrecido a los diputados ``cooperación y apoyo técnico'' a fin de que el resultado sea ``un presupuesto que no tenga déficit mayor, porque ahora más que nunca tenemos que guardar la disciplina en las finanzas públicas ante la caída de los precios del petróleo y, por otro lado, que permita al Ejecutivo cumplir con los programas sustantivos, sobre todo en lo que se refiere a gasto social''.
Víctor Cardoso Ť El gobierno federal exigió a las empresas concesionarias de telefonía local, de larga distancia y de telecomunicaciones en general que dejen de atacar la iniciativa presidencial para aplicar un impuesto adicional de 15 por ciento al servicio telefónico. El regaño se extendió a la cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti) porque, según se dijo, el pretendido impuesto ``se va a aplicar''.
No obstante, los concesionarios siguen convencidos de que el impuesto desalentará inversiones, perjudicará a por lo menos cinco millones de usuarios con ingresos menores a cinco salarios mínimos y reducirá la competitividad de las empresas del país.
Además, los operadores --siempre según las versiones de la industria-- señalaron que el nuevo gravamen sería contraproducente para el propio gobierno, pues al ser el principal usuario del servicio telefónico del país, con un consumo anual de por lo menos 4 mil millones de pesos, el impuesto se traduciría en un gasto adicional de por lo menos mil 300 millones de pesos al año.
Luego de una intensa campaña realizada por los concesionarios a través de la Canieti en contra de la intención de la Secretaría de Hacienda de aplicar un impuesto adicional de 15 por ciento al servicio telefónico y a las telecomunicaciones en general, las empresas concesionarias señalaron que el nuevo gravamen afectaría a más de diez millones de hogares e impediría el acceso a los servicios de telecomunicaciones; inhibiría en por lo menos 16 por ciento el consumo de llamadas y causaría, entre otros efectos, un impacto inflacionario de 2.9 por ciento adicional al crecimiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor (inflación) durante los próximos dos años.
Los operadores argumentaron que, en plena era de la información y la globalización, un gravamen de esa magnitud haría que México perdiera atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros, generaría dudas sobre la regulación del país y retrasaría la generación de fuentes de empleo.
Dejar de hacer ruido
Según versiones de la industria, el pasado fin de semana ``autoridades del más alto nivel'' llamaron a una reunión a los principales involucrados para que ``dejaran de hacer ruido'' en contra de la iniciativa del impuesto al servicio telefónico propuesta en la miscelánea fiscal para 1999.
En esa reunión se les habría hecho notar a los concesionarios la necesidad de recaudar más fondos para sustentar el gasto público sin incurrir en endeudamientos, que distorsionaran las variables macroeconómicas del país.
Ahí los operadores habrían hecho notar a las autoridades el daño que el pretendido impuesto causaría a las propias finanzas públicas.
Sin embargo, indicaron las fuentes, las autoridades se mantuvieron firmes en avanzar para que el impuesto adicional de 15 por ciento al uso de servicio telefónico se aplique a partir del primero de enero de 1999.