Zedillo: ineludible, el impuesto telefónico
Frente a la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto para 1999, el presidente Ernesto Zedillo advirtió anoche que ``no existe ningún margen tributario'' para eludir la propuesta de aplicar el impuesto especial al servicio telefónico, ya que ello haría enfrentar a las arcas públicas un faltante de por lo menos 22 mil millones de pesos, y subrayó que ante la pérdida de ingresos petroleros y la previsible escasez de crédito externo para el próximo año, evitar ese gravamen ``no está en el rango de lo posible''.
Ante la imposibilidad de modificar el esquema presupuestario presentado a ese órgano legislativo, porque así lo establece la ley, la Presidencia de la República reitera en un comunicado su sugerencia para que ante el nuevo ajuste a la baja en los precios de la mezcla mexicana de petróleo de exportación haya un nuevo recorte al gasto programable comprendido en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1999, hasta por 10 mil millones de pesos.
La Presidencia enfrenta con tales argumentos la irreductible posición de algunos legisladores -sobre todo de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional- contra el impuesto al servicio telefónico y señala que ese gravamen proporcionaría recursos por 11 mil 300 millones de pesos.
Precisa que dicho ajuste al gasto sería adicional a las restricciones ya contenidas en la iniciativa presupuestal, así como a los sucesivos recortes realizados este año y pide no omitir ``que al realizarse el ajuste aludido, inevitablemente se afectarán programas de indiscutible importancia económica y social, pero ante las actuales circunstancias, no hay otra opción''.
Medidas para elevar ingresos
El análisis presidencial destaca que aun si se aplica la reducción adicional que solicita, existiría un faltante para el Presupuesto de Egresos, ``que el H. Congreso debe cubrir con nuevas medidas para elevar los ingresos''.
El Ejecutivo precisa que desde su punto de vista no existe ningún margen significativo para evitar las propuestas de fortalecimiento tributario que están a consideración del Legislativo.
Asume que grupos de legisladores han sugerido que sería posible evitar ``algunos de los gravámenes propuestos e incluso absorber la pérdida de los ingresos petroleros, si se reduce aún más el gasto público''.
Y añade: ``Lamentablemente, esta alternativa no está en el rango de lo posible. En efecto, incluso después de haber realizado un recorte adicional por 10 mil millones de pesos, de no aprobarse el impuesto especial al servicio telefónico y, además, canalizar recursos por 5 mil 500 millones de pesos -como lo han sugerido algunos señores legisladores-- a otros fines, estaríamos enfrentando un faltante de por lo menos 22 mil millones de pesos''.
Esa cantidad, asegura la Presidencia, equivale a 1.7 veces la inversión total propuesta para el próximo año en educación, salud y seguridad social; a una cantidad mayor que todos los recursos propuestos para gastarse en 1999 en el conjunto de los programas de la Alianza para el Campo, el Procampo, el Programa de Empleo Temporal y la inversión en infraestructura hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua.
Sería además, subraya el texto, 2.2 veces el total de recursos propuestos para el programa nacional de seguridad pública y 1.7 veces la suma de los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial, así como del Instituto Federal Electoral.
Para hacer explícita su posición, el presidente Zedillo asume que la Cámara de Diputados ha convocado a un período extraordinario de sesiones a partir de mañana, frente al hecho de que aún no se logra un acuerdo sobre un programa de finanzas públicas para los próximos doce meses que sea congruente con los objetivos de menos crecimiento económico, menor inflación, estabilidad financiera y avances en la política social.
Recuerda entonces los fundamentos de su propuesta presupuestal y que el programa fiscal prevé un balance deficitario de un máximo de 58 mil millones de pesos, que equivalen a 1.25 por ciento del producto interno bruto, porque se considera como el ``máximo déficit sanamente financiable'' en los mercados de crédito internos y externos.
Luego alude una vez más al agudo deterioro adicional que han sufrido los mercados petroleros, situación que permite, de manera ``prudente y responsable'', calcular un precio promedio para la mezcla mexicana de entre 9 y 10 dólares para el próximo año, lo que significará ``una pérdida adicional de ingresos fiscales por un monto de hasta 15 mil millones de pesos''.
Compensar tal faltante mediante la contratación de más deuda externa, ``sería prácticamente imposible'' porque habrá menos disponibilidad de créditos en el mundo y México tendrá menor ingreso nacional.
Insiste en que un mayor déficit fiscal conduciría a reducir la inversión y la generación de empleos, elevaría la inflación y llevaría al deterioro del poder adquisitivo de las familias; encarecería el crédito y afectaría más a los deudores y a aquellos que requieren préstamos para sus empresas y hogares. ``Además se correría el riesgo de otra crisis como las que ya no queremos vivir los mexicanos.''
Luego de lo anterior, el Ejecutivo federal, ``al igual que la ciudadanía'', asegura confiar en que en los próximos días se examinen con toda objetividad los argumentos que presenta, ``y que el debate y la decisión'' de los legisladores correspondan cabalmente a las condiciones que vive la economía del país.
``Es de la mayor importancia asegurar un balance fiscal que permita lograr el mayor crecimiento posible del ingreso y el empleo, reducir al máximo posible la inflación y dotar a la economía de la fortaleza financiera y fiscal para evitar una crisis de fin de sexenio'', concluye el comunicado presidencial.