En las fronteras de la libertad

Eugenio Bermejillo

A cinco años de aprobada la ley indígena chilena su utilidad está en tela de juicio. Muchos se preguntan ¿de qué sirve una legislación que protege las tierras de los pueblos indígenas, cuando el gobierno mueve toda su fuerza a favor de proyectos que los forzarán a abandonar lo poco que les queda de su territorio tradicional? Ante el viraje político del presidente Eduardo Frei --quien fuera opositor a la dictadura pinochetista y ahora se ha convertido en defensor del dictador--, empeñado en impulsar grandes proyectos de infraestructura rechazados por los indios, está en duda si basta que la legislación enuncie los derechos indígenas para que se conviertan en norma cotidiana de conducta para pueblos indígenas y gobierno.

Una serie de violaciones a estos derechos ha tensado las relaciones entre el movimiento indio chileno y el gobierno. Sin embargo, el conflicto se ha escalado ante la amenaza de desplazamiento forzado de comunidades mapuches que provocaría el avance del proyecto hidrológico en el Alto Bío-bío, que comprende la construcción de siete grandes centrales de generación eléctrica.

El Consejo Inter-regional Mapuche y la Coordinación Arauco-Tirua denunciaron el pasado 30 de marzo al gobierno chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por la detención de 85 mapuches ente octubre de 1997 y marzo de 1998, como ``resultado de la introducción de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista en cinco comunas en la región Mapuche''. Esta denuncia afirma: ``Si observamos los últimos acontecimientos en Chile podemos señalar categóricamente que las injusticias y la violación de los derechos humanos del pueblo mapuche continúan hoy como en el pasado, el reemplazo del sistema dictatorial del régimen de Pinochet por el democrático, no ha sufrido cambio alguno en lo que al trato al pueblo mapuche se refiere.''

Hoy sólo existen alrededor de 10 mil integrantes de este pueblo, ya que en los conflictos por el establecimiento de la frontera entre los gobiernos de Argentina y Chile, los mapuches resultaron severamente diezmados. Los sobrevivientes se concentraron en la Región del Bío-bío, precisamente la región que se afectaría de concluirse el proyecto hidrológico.

Luis Guillermo Davinson del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera afirma: ``El Conflicto en el Alto Bío-bío es emblemático para el movimiento indígena chileno. También lo es para el mundo empresarial. Es la lucha entre dos conceptos de lo que debe hacerse en Chile''.

La serie de presas tendrá un fuerte impacto sobre el medio ambiente, no sólo del Alto Bío-bío, sino río abajo, e incluso en la zona pesquera del Golfo de Arauco. Quien desarrolla este proyecto es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Endesa), antigua paraestatal que se terminó de privatizar en el año 1988 durante la dictadura, en una operación que, según la Contraloría General de la República, dejó pérdidas al país estimadas en mil millones de dólares. Parte del proyecto hidrológico será sufragado por un crédito del Banco Mundial.

Desde 1989 las comunidades mapuches del Bío-bío han manifestado su rechazo a la construcción de represas. En esta larga batalla los recursos legales internos parecen haberse agotado. El 22 de junio de 1993 la Corte de Concepción prohibió a la filial de Endesa alterar el caudal del Bío-bío, secarlo y provocar golpes de agua, pero se abstiene de ordenar la paralización de las obras. Al día siguiente Endesa apeló ante la corte Suprema de Justicia en Santiago alegando fallas técnicas en el procedimiento, y más tarde la Suprema Corte revocó el fallo anterior. Esta decisión no detuvo la lucha por el Bío-bío, sino que la llevó al ámbito internacional. En 1995, el Banco Mundial recibió 300 firmas de familias mapuches que se oponen a ser trasladados de sus actuales hogares.

El gobierno ha realizado un paciente trabajo de años para mellar la organización mapuche. Usando la labor asistencialista y clientelar de la Fundación Pehuen subsidió entre un 60 y 80 por ciento la compra de productos básicos. Estos se venden a cada jefe de familia, que con sólo estampar su firma en la recepción se transforma en ``socio''. Estas listas fueron presentadas al Banco Mundial como muestra del ``respaldo'' de la población mapuche al proyecto.

El proyecto hidrológico del Alto Bío-bío es especial por su importancia política, pero no es el único que se realiza en Chile sin consultar a los indígenas. El citado documento que los mapuches presentaron a la ONU concluye: ``Similares problemas confrontan un sin número de comunidades indígenas por la implementación de numerosos megaproyectos tales como la carretera de la Costa, la circunvalación de Temuco, la expansión urbana, la explotación forestal, privatización de localidades costeras y sus aguas, etc. Todos estos proyectos, lejos de beneficiar a los más necesitados y pobres del país, los sume aun más en la pobreza causando enormes problemas sociales y culturales en nuestro pueblo''. Y agrega ``Debemos dejar absolutamente claro que nosotros los mapuches no nos oponemos al desarrollo, pero queremos un desarrollo equitativo, sustentable y armónico, con respeto a nuestros derechos y valores culturales ancestrales, y un desarrollo del cual no nos veamos absolutamente excluidos''.

La Batalla del Bío-bío ha colocado al movimiento indígena chileno en una posición paradójica. Luis Davinson señala que la legislación vigente en Chile está muy por debajo de la que han logrado otros pueblos en América Latina. Así los mapuches que la rechazaron durante su proceso de aprobación, hoy la están defendiendo; en cambio su antiguo gran defensor, el gobierno chileno, está hoy empeñado en violarla.