Avances y postergaciones, signos del CNCA en la gestión de Tovar

En una década sólo se han otorgado 87 becas para programas en Lenguas Indígenas

Renato Ravelo La aparición del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) hace diez años, como mecanismo del Estado para apoyar la cultura y promover su difusión, generó una serie de cuestionamientos institucionales, legales e históricos. A una década de distancia, Rafael Tovar y de Teresa, su presidente, desde hace un sexenio ha logrado responder a la mayoría -en ocasiones postergando su respuesta- para convertirse en el único funcionario de la administración pasada que aún sobrevive. Desde 1989 el CNCA ha otorgado 12 mil 629 becas y apoyos comunitarios, los menos, para consolidarse en una constante -aunque sea en logo- en el paisaje cultural nacional y definirlo en su contraste: en ese lapso grandes exposiciones han venido y sólo 87 becas se han dado al programa en Lenguas Indígenas.

Creado por decreto presidencial, el CNCA es cuestionado en tres áreas: por ser una instancia susceptible de ser coptadora de los creadores; por la duplicación de funciones con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a causa de su indeterminación jurídica; y, por responder a criterios centralistas predominantes hasta hace diez años.

Este año el CNCA ejerció un presupuesto de 3 mil 157 millones de pesos, de los que 475 se destinaron a preservar y difundir del patrimonio cultural; 709 a educación e investigación; 607 a difusión de la cultura; 283 al rubro ``cultura en medios audiovisuales''; 400 al fomento del libro y la lectura; 138 al estímulo de la creación artística; 141 a la descentralización de los bienes y servicios culturales; 13 a la cooperación cultural internacional; 34 al desarrollo cultural infantil; 14 a un rubro reciente, animación y desarrollo cultural, y 285 a la infraestructura. Además, sólo 53 millones fueron destinados al ``fortalecimiento y difusión'' de las culturas populares.

Otorgamiento de becas

La gestión de Tovar y de Teresa ha podido responder al cuestionamiento sobre la posible injerencia del CNCA en la libertad de creación, al poner como jurados a integrantes de la comunidad artística: calificación de pares, se le ha llamado.

En la actualidad existen 21 programas de becas y apoyos. En 10 años se ha apoyado lo mismo a jóvenes creadores (680), ejecutantes (354), creadores intelectuales (103). Los jurados de las mismas, en casi todos los casos, son integrantes de la comunidad artística.

El centralismo se nota aún en su distribución, a pesar de que ya se tienen convenios de descentralización y fondos estatales con todos los gobiernos de los estados: de las principales becas, 65 por ciento se ha quedado en el Distrito Federal, 28 por ciento se ha ido a los estados y 6 por ciento ha beneficiado algún proyecto extranjero.

Para sus cuentas, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes suma a esas cifras las de los llamados Pacmyc, que son proyectos comunitarios y municipales. De éstos en 10 años se han otorgado 5 mil 636 apoyos en los estados y 259 en el DF. Se trata, sin embargo, de partidas que en promedio para este año son de 20 mil pesos para el proyecto de toda una comunidad. En el área metropolitana, por ejemplo, este año se entregaron 47 financiamientos, los que en su conjunto no llegaron al millón de pesos. El Pacmyc destinó este año 14 millones de pesos a más de mil proyectos.

La libertad de creación basada en un reglamento flexible para los becarios ha impedido un control estricto sobre el destino exitoso de los financiamientos. El aspecto pendiente es la difusión: hay casi 4 mil proyectos, revistas, grupos y creadores apoyados de distintas formas, en 10 años. Los productos culturales, sin embargo, enfrentan aún las dificultades de llegar al público.

INBA e INAH

El cuestionamiento inmediato al CNCA fue que desplazaría al Instituto Nacional de Bellas Artes. En cierto sentido así ha sido, aunque el INBA ha visto incrementada su labor difusora. Este año se realizaron 150 exposiciones nacionales y extranjeras en los recintos del instituto.

Como parte de los pendientes del CNCA, en relación con el INBA, se encuentra el polémico proyecto de la Unidad Artística y Cultural del Bosque, así como el cumplimiento cabal del convenio con el fideicomiso del Auditorio Nacional, pues tal y como se publicita ahora, para la UACB existe un convenio que señala que parte de las ganancias del recinto de Reforma serían directamente para el INBA. Actualmente, dicha cantidad se incorpora a los llamados recursos generados.

Finalmente, en esta década la educación artística ha quedado con un adeudo pendiente. A su integración al Centro Nacional de las Artes, que se publicitó con una reforma a los planes de estudio, no se ha completado y se ha tratado de cubrir esa ausencia con cátedras magistrales y cursos. Las condiciones del inmueble han sido, en parte, casi de desmovilización de la comunidad: todavía este año se destinaron 32 millones para readecuar el edificio de Tlalpan y Churubusco.

La existencia del CNCA, por el contrario, ha sido casi del todo benéfica para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fundado hace casi 60 años, el INAH en la práctica dependía de muchas instancias. Era considerado una dependencia adolescente de un gran poder real.

En el aspecto político, el INAH goza casi de un trato de adulto, pues signa convenios y hace consultas. Como parte de ese impulso se efectuaron los trabajos en 12 megaproyectos, los cuales incrementaron las posibilidades de estudio de la arqueología.

Ciertamente, sin embargo, eso ha implicado que se le exija como adulto. Uno de los fundamentos para el juicio político que se solicita contra Tovar y Teresa Franco, pesa en la resolución de un amparo en el caso Cuicuilco en el que un juez por primera vez señala que a pesar de que el INAH ``cuenta con las facultades suficientes para proteger los vestigios arqueológicos materia de la controversia, dicha autoridad ha omitido hacer uso pleno y eficiente de las facultades''.

Indefinición jurídica

La indefinición jurídica del CNCA tiene varias aristas. Por un lado, cuenta con el peso ``legal'' para firmar convenios de formación de fondos estatales, los cuales en su conjunto han significado la asignación de 2 mil 748 estímulos.

Por otro, normativamente el consejo se encuentra constituido por un grupo de órganos desconcentrados (INBA, INAH, Radio Educación), organismos descentralizados (Fondo de Cultura Económica), asociaciones civiles, direcciones generales y fideicomisos, que suponen confusión administrativa y en ocasiones política.

Un ejemplo: la asociación civil del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli recibía apoyo del CNCA, por la cercanía de su presidente Fernando Lozano con el consejo. El conjunto llegó a ser sede del programa Orquestas y Coros Juveniles de México. Diferencias que llevaron la realización de una auditoría a ese proyecto, en el que Lozano llegó a encabezar varios aspectos, determinaron que se le quitara el apoyo al conjunto y se regresara a la competencia exclusiva del gobierno de la ciudad. El programa salió de la Ollin y la indefinición jurídica surgió a la hora de determinar la pertenencia del equipo.

Otro ejemplo: el Centro Nacional de las Artes no pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes ni al CNCA, sino a una figura que abarca la competencia de varias secretarías de Estado y contrata algunos servicios de mantenimiento para evitar aumentar la planta de sindicalizados.

Tovar y de Teresa ha sorteado lo mismo conflictos graves como Teotihuacán -en el que se tuvieron que destruir obras comerciales cuestionadas-, que escándalos como la intención de realizar una fiesta de cumpleaños en el castillo de San Juan de Ulúa, o resolver el enojo de Fernando del Paso cuando su obra sobre García Lorca quedó sin director. También ha sido un benefactor de la oferta musical citadina y gestor de importantes exposiciones.

Una falta de normatividad, que pareciera asunto importante pero no urgente, acecharía en todo caso más la continuidad que la práctica del organismo que algo adolece de furia de futuro.