Estudia encausarlos; ``abdicaron de sus atribuciones'', afirma el procurador

José Galán y Ricardo Olayo Ť La decisión de la sala 11 del Tribunal Superior de Justicia de declarar incompetente a la justicia del DF para conocer del proceso contra tres altos ejecutivos de la empresa IBM -resolución que les abre la puerta a la libertad-, mereció el rechazo del jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, quien dijo que la combatirán legalmente, y del procurador, Samuel del Villar, quien la consideró ``ilegal y de naturaleza política, no jurídica''.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) buscará que el asunto no sea trasladado al ámbito federal, como lo establece la sentencia de la sala 11, subrayó ayer Cárdenas al considerar que no fue correcta la determinación de incompetencia de los magistrados que la integran. ``Esperamos que la justicia actúe con toda rectitud'', dijo en relación al recurso de inconformidad que interpondrán.

A su vez, Del Villar anunció que la dependencia analiza tres caminos a seguir: juicio político, juicio administrativo o incluso juicio penal en contra de los magistrados ``que abdicaron de sus atribuciones constitucionales: ejercer la función judicial del fuero común en el Distrito Federal''.

En conferencia de prensa, Del Villar dio lectura a nueve fundamentos detallados sobre esa decisión adoptada por los magistrados Javier Ayala Casillas y Guadalupe Carrera Domínguez, quienes la hicieron saber a la PGJDF en las tocas 756/98, 997/98 y 998/98 el lunes en la noche, minutos antes del inicio de las vacaciones decembrinas del tribunal, y dos meses y medio después del término legal estipulado por el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Los ejecutivos de la IBM, Roberto Hiriart Torruco, director ejecutivo de Operaciones de Industria; Edgardo Alberto Cantú, gerente de ventas, y Joaquín Saldaña Otero, fueron encontrados culpables hace tres meses de uso indebido de atribuciones y facultades en el fraude de 26.7 millones de dólares en equipo de cómputo y programas inservibles vendidos a la PGJDF en 1996 y 1997. Por ello, se les dictó auto de formal prisión. Pero como apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia, ahora éste declinó su competencia y están libres en espera de la decisión del Poder Judicial federal.

Inconforme con el fallo, la Procuraduría analiza tres caminos a seguir con respecto a los dos magistrados: en primer lugar, la PGJDF analiza recurrir al Consejo de la Judicatura para fincar posibles responsabilidades penales; utilizar sus facultades para investigar posibles responsabilidades penales, y por medio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, examinar la posibilidad de iniciar juicio político.

Para el procurador de Justicia del Distrito Federal, esta decisión judicial --a la que no puede apelar la PGJDF-- ``tiene una trascendencia mayor: esta resolución ilegal pretende sentar un precedente para negar el derecho constitucional otorgado a las autoridades del gobierno de la ciudad de México para investigar los actos de corrupción cometidos por sus funcionarios''.

En sus consideraciones, Del Villar afirmó que la determinación de los magistrados de ``declinar'' su competencia sobre el asunto, ``a fin de que sea la autoridad judicial la que siga conociendo el mismo'', lo que en los hechos significa remitir el caso al Ministerio Público federal, ``no tiene sustento en ningún ordenamiento jurídico, ni en la Constitución, ni en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal ni en las leyes aplicables'', dijo.

De igual forma, el procurador se refirió a los criterios de jurisprudencia adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido la competencia de las autoridades del Distrito Federal para conocer de los hechos delictivos cometidos por servidores públicos en contra del patrimonio y la hacienda pública de esta entidad federativa, y afirmó que el propio Tribunal Superior de Justicia se ha declarado para ventilar ``300 o 400 casos sobre los mismos delitos en el Distrito Federal''.

``La decisión es ilegal porque desconoce las vías legales de declinación de competencia establecidas en el artículo 473 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala que la excepción de incompetencia se substanciará por separado y sin interrumpir la instrucción'', explicó Del Villar. ``Además, se violó el artículo 455 del mismo código, al entablar o sostener competencia sin otorgar la audiencia de ley a la representación social o Ministerio Público''.

Finalmente, el procurador informó que la PGJDF estará atenta a la resolución en comento del juez federal al cual sea turnado el caso, ``a la luz de lo establecido por la jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación'', y que a la letra dice: ``si un juez del fuero común entabla competencia por declinatoria ante un juez federal, sin cumplir con la obligación que le impone el Código de Procedimientos Penales y el Código Federal, en su artículo 443, de oír previamente la opinión del Ministerio Público, debe declararse ilegalmente planteado el conflicto competencial respectivo''.