Es ``irresponsable'' sostener que el fallo del tribunal fue político y no jurídico, replican

Raúl Llanos y Gabriela Romero Ť La fracción parlamentaria del PRI en la Asamblea Legislativa pidió ``moderación, prudencia y tranquilidad'' al procurador de Justicia capitalino, Samuel del Villar, ya que ``irresponsablemente'' cuestionó el fallo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el caso IBM.

En conferencia de prensa, Eduardo Escobedo, Octavio West y Luis Miguel Ortiz Haro manifestaron que no es válido que cuando un fallo del Tribunal no favorezca al gobierno capitalino, se le considere como una decisión política y no apegada al aspecto judicial.

De hecho, consideraron que ese tipo de actitudes, como la asumida por el procurador, genere un ``peligroso enfrentamiento'' entre la Procuraduría y el Poder Judicial, ``por lo que es necesario controlar este tipo de manifestaciones''.

Eduardo Escobedo, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, externó que ``es preocupante'' que las resoluciones del máximo órgano judicial local sean calificadas como decisiones políticas, ya que su ámbito es meramente judicial, por lo que ``exhortamos al funcionario a que no se intranquilice''.

Manifestó que en el caso IBM, el Tribunal ya determinó que la Procuraduría no tenía facultad en el caso de la adquisición del equipo de radiocomunicación, ni tampoco la PGJDF ha comprobado fehacientemente que haya un delito de coalición de los ex servidores públicos y directivos de esa empresa.

Octavio West mencionó que ahora los inculpados en ese caso tendrán la decisión de presentar una contrademanda hacia los funcionarios de la Procuraduría de Justicia capitalina.

Recordó que desde el primer momento en que esa corporación denunció las irregularidades en la compra del equipo de radiocomunicación, ``nosotros dijimos que existían muchas irregularidades, que la Procuraduría no tenía facultades y que más que cargos legales se evidenciaba una persecución política.

Pidió que se investigue las adjudicaciones que se realizaron al principio de esta administración por parte de la PGJDF y que no contaron en ningún momento con el aval del Comité de Adquisiciones. Ahí sí existieron anomalías; sin embargo, no hubo consecuencias de tipo legal contra ningún servidor público.

El legislador priísta consideró, de hecho, que la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF es incompetente para conocer de la Cuenta Pública de 1995, 96 y 97, por lo que deberá enviar esa revisión a la Cámara de Diputados para que juzgue lo conducente.

Interrogado en torno al futuro de esta controversia, Eduardo Escobedo manifestó que ``cuando resuelva la autoridad de carácter federal se verá si se actuó con ignorancia o con fines políticos. Si la situación recae en la primera hipótesis, tendremos que preguntar al gobierno capitalino en manos de quién está la administración y procuración de justicia; si se actuó en este caso a sabiendas que había incompetencia legal, estaría a la vista el tinte político''.

Lo que es un hecho, dijo, es que se vendió a la opinión pública el que hubo fraude y apropiación de recursos públicos en la adquisición del equipo de comunicación, y eso nunca lo ha acreditado la Procuraduría, ahora será decisión de los afectados el proceder legalmente contra sus detractores.