Los concesionarios abandonan la idea de ampararse ante el impuesto telefónico

Víctor Cardoso y Laura Gómez Ť El gobierno ganó la batalla del impuesto adicional al servicio telefónico. Los concesionarios modificaron su actitud beligerante, y pasaron del rechazo a la idea de ampararse en caso de que el Congreso de la Unión apruebe el nuevo gravamen, a continuar con sus planes de negocio y aceptar los posibles efectos negativos de corto plazo.

Los dirigentes de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Adán Rivera y Bertha Luján, respectivamente, de manera conjunta mantuvieron su rechazo a la aplicación de este impuesto que, según ellos, provocará que sectores como el turismo contraiga su expansión productiva y pequeñas empresas cancelen su servicio y cierren.

Las empresas Pegaso y Miditel -fuera del compromiso contraído en la Cámara Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti)- manifestaron que no se ampararían en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la propuesta del Ejecutivo para aplicar el gravamen telefónico de 15 por ciento, como parte de la miscelánea fiscal para 1999.

Los concesionarios de telefonía local modificaron su actitud de rechazo al pretendido impuesto, a pesar de haber publicado un desplegado en el que hacían notar a los poderes Ejecutivo y Legislativo los daños económicos que provocaría su aplicación. Incluso, los socios extranjeros de algunas empresas amenazaron con retirar sus capitales en caso de que la Cámara de Diputados aprobara el nuevo gravamen, porque desde su perspectiva repercutiría en el desarrollo de los negocios en México.

Ayer, la ANIT y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio propusieron al gobierno federal que, en lugar de aplicar un impuesto telefónico, se renegocien los términos, montos y estructura de la deuda externa gubernamental, para evitar un presupuesto recesivo y contraccionista con un alto costo productivo y social. Dijeron que entre las medidas a tomar -en caso de que su demanda no sea escuchada- estaría cancelar algunas de las líneas telefónicas que poseen sus asociados, que representan más de 40 mil millones de pesos anuales.