Julio Moguel
Recordar Acteal

La nueva incursión policiaco-militar en Unión Progreso nos recuerda que la masacre de Acteal no fue una acción circunstancial, determinada por conflictos intercomunitarios, sino una medida de fuerza concebida y coordinada desde un centro político federal.

¿Cuál fue el objetivo de la ofensiva militar inaugurada en Acteal? ¿Qué fue lo nuevo de la fase que inauguró?

La masacre tuvo la fuerza suficiente para justificar una intervención armada que hasta el momento no había sido ensayada. Pero también para mover todas las piezas del tablero político nacional: llevó al desplazamiento del grupo político que hasta el momento había conducido la guerra contra el zapatismo, encabezada por Emilio Chauyffet en la Secretaría de Gobernación y por Julio César Ruiz Ferro en el gobierno del estado de Chiapas, y colocó en su lugar a un núcleo duro que, más cercano al presidente Zedillo, llegó para preparar en definitivo el camino, en el plano local, de las elecciones de 1998 y, en el federal, las del año 2000.

El nuevo equipo tuvo la misión expresa de lograr una derrota clara y definitiva del zapatismo en el plano político, asumiendo que, para ello, resultaba indispensable pasar a una fase de guerra superior, que ponía por delante, para derrotar al zapatismo, la desarticulación del mundo comunitario de la zona, al que se pensó ya ``irrecuperable'' desde el punto de vista ideológico y político, y, por lo demás, peligroso enemigo dado el proceso que en el momento afirmaban y extendían los gobiernos autónomos.

El 11 de abril un operativo policiaco-militar cercano a los mil efectivos de la Policía Judicial Federal, la estatal, Migración y el Ejército Mexicano, ataca el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, circunscripción política que tiene su cabecera en el ejido Taniperla, perteneciente oficialmente a Ocosingo. El 1o. de mayo, un amplio operativo policiaco-militar (se repite la cuota: alrededor de mil efectivos) se dirige a desmantelar el municipio autónomo Tierra y Libertad, con cabecera en Amparo Agua Tinta. Entre otras acciones, el 3 de junio sigue un nuevo operativo en Nicolás Ruiz. El 10 de junio son los habitantes de El Bosque los que pagan su cuota de sangre y humillaciones para que sea establecido el ``Estado de derecho''. Sigue una intervención armada en la sede del ayuntamiento autónomo de San Juan de la Libertad, mientras se ejecutan 15 órdenes de aprehensión en las localidades de Unión Progreso y Chavajeval. A mediados de junio, una treintena de detenidos, a los que Emilio Rabasa califica de ``asesinos y delincuentes'', son consignados, unos por usurpación de funciones, rebelión, asociación delictuosa, robo, otros por homicidio y lesiones. El 13 de junio, 32 municipios autónomos envían un mensaje escueto al primer magistrado: ``Es usted un asesino. Es todo''.

La nueva fase de la guerra es comandada sobre el terreno por el gobernador Albores, pero no sin la presencia regular del presidente Zedillo en el espacio mismo del conflicto. Una primera visita presidencial del periodo se lleva a cabo el 28 de abril, dos semanas después de la incursión militar dirigida a desmantelar el municipio autónomo Ricardo Flores Magón. La segunda gira se realiza el 19 de mayo, dos semanas después e la incursión castrense enfilada a desmontar el municipio autónomo Tierra y Libertad. El 29 de mayo se efectúa la tercera visita del Presidente, sólo cuatro días después del operativo dirigido a ``desmantelar'' un supuesto campamento de adiestramiento del EZLN. En su cuarta gira por la entidad, emprendida el 12 de junio, Zedillo visita Comitán, Las Margaritas y la capital del estado.

Dos días antes, El Bosque había vivido su turno y pagado su cuota de sangre en el ciclo perverso de las incursiones militares en las comunidades autonomistas. Es el 1o. de julio cuando Zedillo vuela de nueva cuenta a la entidad y visita Tila, Simojovel y Tuxtla Gutiérrez. El nerviosismo gubernamental se hace patente. El Presidente lanza en Simojovel una nítida declaración de guerra. En el curso de la tercera semana de julio, realiza su sexta gira en la entidad, tan pronto el secretario general de la ONU, Kofi Annan, abandona el país y el EZLN lanza su Quinta Declaración de la Selva. En resumen: seis visitas presidenciales a Chiapas en el curso estrecho de tres meses. La densidad y fuerza del mensaje de Ernesto Zedillo es elocuente. En un país de símbolos, el símbolo de la Primera Magistratura del país se pone en juego en el espacio mismo de la guerra.

La estrategia política emergente a partir de la masacre de Acteal quiso colocar el asunto de la reforma legislativa en una especie de ``borrón y cuenta nueva'', negando los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de la Cocopa. El 15 de marzo, Ernesto Zedillo presenta su propia iniciativa sobre el asunto. Un día después la envía al Senado, mientras declara que ``el EZLN ya no puede dañar al país''. La maniobra es transparente. El 16 de marzo Arturo Núñez, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, expresa que ``hay muchos elementos en común entre la iniciativa del Ejecutivo y la del PAN'', al tiempo en que el Partido Verde declara que ``los pasos del Presidente eran necesarios''. Por fortuna, diversos factores y la movilización de distintos actores y fuerzas hacen abortar el golpe de mano legislativo.

Mucho ha llovido desde que todas estas acciones, militares, policiacas y políticas, quisieron destruir en este 1998 que termina la esperanza zapatista. Pero es este diciembre frío el que ahora nos hace recordar, con la intervención militar en Unión Progreso, que la masacre de Acteal estuvo allí, que hoy está presente, y que existen fuerzas que quieren recordarla, pero con fuego.