Ocultar operaciones fraudulentas al auditor, el objetivo: Padierna
César Martínez y Roberto González Amador Ť Antes que el auditor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) contratado por el Congreso reciba la información sobre las operaciones de saneamiento financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó a lavar expedientes para ocultar irregularidades en los procesos de rescate bancario, de acuerdo con una investigación conducida por una subcomisión de la Cámara de Diputados.
La CNBV ha dispuesto de los expedientes bancarios en donde se asienta la existencia de operaciones fraudulentas e irregulares cometidas por instituciones de crédito que luego traspasaron al Fobaproa pérdidas, con el fin de evitar que la información sea descubierta por Michael Mackey, auditor independiente contratado por la Cámara de Diputados para investigar el proceso de rescate financiero, aseguró la diputada perredista Dolores Padierna.
La Cámara de Diputados emprendió hace siete meses la investigación de las operaciones realizadas por el Fobaproa desde septiembre de 1994, ante la sospecha de la oposición de que el fondo gubernamental se hizo cargo de deudas provocadas por operaciones fraudulentas e incluso habría asumido créditos vinculados al financiamiento de las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la que llevó a la Presidencia a Ernesto Zedillo.
Como parte de esa investigación, los legisladores contrataron al consultor canadiense Michael Mackey, quien inició la auditoría al Fobaproa el 29 de octubre pasado, sin que hasta la fecha haya recibido de las autoridades la información sobre las operaciones de ese fondo, afirmó ayer Padierna.
La diputada, que participa en la subcomisión legislativa encargada de investigar el proceso de rescate bancario establecido por el gobierno desde septiembre de 1994, aseguró que el retraso en la entrega de información al auditor contratado por el Congreso obedece a la intención guberna- mental de ocultar ``la mayor cantidad posible'' de operaciones irregulares y fraudulentas que los bancos trasladaron al Fobaproa, un fideicomiso que asumió pasivos por un monto actualizado de 674 mil millones de pesos.
Dolores Padierna aseguró que el lavado de expedientes es realizado por la CNBV en todos los bancos del sistema financiero y no sólo en aquellos que fueron intervenidos por el gobierno, cuya documentación está en su totalidad en poder del Fobaproa.
En los casos de aquellos bancos que no fueron intervenidos por el gobierno, la CNBV hace valer sus atribuciones de supervisión y aprovecha las visitas que periódicamente realizan sus funcionarios a las instituciones para detectar aquellos créditos transferidos a Fobaproa que entrañan irregularidades, para ``corregirlas'' antes de que el auditor contratado por el Congreso reciba los expedientes, aseveró la diputada.
Para sustentar su afirmación, citó el ejemplo del Banco Unión, que fue intervenido por el gobierno en septiembre de 1994, luego de que la CNBV detectó operaciones fraudulentas cometidas por su entonces presidente, Carlos Cabal Peniche, quien actualmente se encuentra sujeto a un juicio de extradición en Australia.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció dos meses atrás que por lo menos 300 millones de dólares en créditos del Banco Unión que fueron absorbidos por el Fobaproa corresponden a aportaciones de Cabal Peniche para las campañas electorales del PRI en 1994.
En dicha institución bancaria la CNVB elaboró un listado de los créditos en Fobaproa que no cumplieron con los requisitos legales exigidos para su otorgamiento y aun así fueron asumidos en su totalidad como deuda del fideicomiso. La investigación determinó que, por ejemplo, un crédito liberado a favor de la empresa Organización de Operación Factoring, por 42 millones 989 mil pesos, fue otorgado por Banco Unión a pesar de que esa entidad no cumplió con ninguno de los 28 requisitos legales que una institución financiera está obligada a exigir al deudor.
Entre los requisitos que la ley exige para que un banco autorice un crédito se encuentran: que el contratante presente la estructura constitutiva de la empresa, su relación patrimonial, referencias comerciales o bancarias, un análisis de la situación financiera del aval, estados financiero dictaminados, avalúos actualizados de las garantías, un reporte de verificación de propiedad y la autorización del crédito.