Pobladores de Unión Progreso permanecen ocultos en las montañas ante el temor de un ataque de paramilitares

Hermann Bellinghausen, enviado, San Juan de la Libertad, Chis., 17 de diciembre Ť La gente de Unión Progreso se disponía hoy a pasar su tercera noche a la intemperie, oculta en algún lugar de estas escarpadas montañas. Su temor es que los paramilitares de Los Plátanos los encuentren.

``Ellos sí conocen la zona, pues somos vecinos'', dice un joven que salió hacia los poblados de la carretera a conseguir alimentos para las familias fugitivas.

Campesinos de San Antonio El Brillante, por otro lado, confirmaron esta tarde que la gente del ``pueblecito'' perseguido había decidido posponer su regreso a Unión Progreso, pues persiste en ellos el temor de que los ataque la policía y les fabriquen cargos para detenerlos.

Desde San Antonio El Brillante se distinguen, esta tarde que levantó la neblina, las casas de Unión Progreso, montaña abajo, y hacia el otro extremo de la cañada, el pueblo de Los Plátanos. El escenario de la nueva etapa contrainsurgente en los Altos de Chiapas.

El mismo día que el gobernador Roberto Albores Guillén presentaba al Congreso estatal un proyecto de ley de amnistía para el desarme de grupos civiles, la Seguridad Pública realizaba un ataque contra Unión Progreso, respaldado por miembros de un grupo civil armado, de filiación priísta, que controla Los Plátanos.

``En Los Plátanos siempre han estado contra nosotros'', declaró ayer el agente municipal de Unión Progreso a este enviado. ``Ven mal que participemos en la organización del EZLN. Dicen que ese es nuestro delito. Nosotros sabemos que la organización es libre. A nadie le obliga'', abundó.

Cabe señalar que las comunidades de este municipio tzotzil, que une los Altos y la zona norte del estado, son por aplastante mayoría miembros del municipio autónomo San Juan de la Libertad. Esto, a pesar de que hace seis meses el gobierno tomó a través de la fuerza pública la presidencia municipal de El Bosque, ocupada hasta entonces por las autoridades autónomas. El saldo: siete muertos.

Los Plátanos es uno de los pocos reductos priístas de la región. Precisamente allí surgió un grupo civil armado, bajo la sombra de la Seguridad Pública, que controla los accesos del poblado. A principios de este año fueron expulsadas de Los Plátanos las familias zapatistas.

Pero, como se ha documentado repetidamente, los priístas parecen lejos de estar de acuerdo entre sí.

``El problema es que hay división entre ellos, y se hacen justicia'', dice un señor mayor, de nombre Antonio, también fugitivo de Unión Progreso. ``Entre hermanos no nos podemos hacer daño. Tenemos la misma sangre''.

``Ni tan siquiera conocemos al que mató'', agrega, en relación con la emboscada criminal de la que el gobierno de Albores Guillén está empeñado en culpar ``a quien resulte responsable'', siempre y cuando sea zapatista.

La reticencia de los fugitivos para regresar se debe a que desde hace varios días corren rumores de que las casas de Unión Progreso serán destruidas. Estas versiones tienen su origen entre los priístas de Los Plátanos, directamente.

Unión Progreso es una comunidad nueva, con una década de existencia, y ha resultado muy productiva y organizada. Se asienta, legalmente, en la que fuera finca ``del tal Pedro'', como se refieren al antiguo propietario, uno de los más poderosos patrones de la región en el pasado.

Hoy, sus pobladores siguen ocultos en la montaña, casi sin alimentos y sufriendo frío. Anoche sólo tuvieron una lona para cubrir a unos 80 niños de la llovizna para que durmieran. Muchos otros niños no alcanzaron ni este precario cobijo.

Los Plátanos, enclave paramilitar

El grupo civil armado de Los Plátanos parece haber aparecido sin relación visible con los grupos similares que operan en los municipios aledaños de Chenalhó (responsables de la matanza de Acteal) y de la zona norte (es decir, Paz y Justicia).

Evidentemente, han tenido problemas. Por ello, el gobernador Albores envió el pasado día 14 al diputado local Ramiro Micelli para calmar a los priístas de Los Plátanos e invitarlos a la unidad. Allí, el legislador priísta dijo que ``gente sin escrúpulos se ha dedicado a reprimir a la gente de la comunidad'', compuesta hoy sólo por priístas. Les pidió ``no caer en provocaciones y mantener la unidad''.

El camino donde perdió la vida el domingo pasado el niño Samuel Sánchez Hernández, que une la importante comunidad priísta con la carretera asfaltada que conduce a Simojovel y a Bochil, es patrullado permanentemente por la Seguridad Pública, según los campesinos de Unión Progreso, desde donde ese camino es visible, montaña arriba.

``La Seguridad Pública pasa con sus carros continuamente y también se mete en los cafetales y allí se queda todo el día'', dice don Antonio.

En una de sus muchas declaraciones sobre la emboscada, el gobernador sustituto dijo: ``es una trampa en la que no vamos a caer; quieren incitar a los deudos a hacer justicia con su propia mano''.

Según esto, la ``trampa'' se habría tendido en una ruta completamente controlada por la policía y al parecer los paramilitares.

En tanto, la propuesta de ley de desarme y amnistía de Albores fue rechazada totalmente por PAN y PRD estatales.

Gabriel Gutiérrez Avila, dirigente perredista, consideró ayer que con este proyecto ``se pretende institucionalizar la actuación y presencia de los grupos paramilitares''. Lo consideró ``un acto demagógico más del gobierno, pero seguimos entrampados en un conflicto no resuelto y que no nos acerca a la paz''.

Dentro del mismo clima, en días pasados la Contraloría estatal declaró ``inhabilitados'' para ocupar cargos públicos a los principales funcionarios del gobierno de Ruiz Ferro, ``implicados'' en la matanza de Acteal. Sanción que ha sido considerada tibia, por decir lo menos, por los organismos de derechos humanos.

Todo parte del nerviosismo oficial en vísperas del 22 de diciembre. Por un lado, se intenta transmitir la idea de que ``se avanza'' en la resolución del caso. Y por el otro, se busca involucrar a los simpatizantes del EZLN en actos criminales para restarle credibilidad en una hora tan incómoda para el gobierno, cuando todo mundo se acuerda de Acteal.

Hasta Emilio Rabasa, coordinador del diálogo por parte de Gobernación, se apresuró, como pocas veces, a censurar la emboscada.