La Jornada 19 de diciembre de 1998

Interviene la PGR al grupo hotelero Palace Resort; lavado, el cargo

David Sosa Flores, corresponsal, Cancún, QR, 19 de diciembre Ť El grupo hotelero Palace Resort, propiedad del empresario yucateco Armando Xacur --uno de los coordinadores de campaña del candidato del PRI a la gubernatura, Joaquín Hendricks--, fue intervenido por la Procuraduría General de la República (PGR), pues presuntamente sirvió para lavar dinero del narcotráfico.

Con esta acción aumentó a 14 la cifra de hoteles y otros establecimientos de servicio turístico que supuestamente tienen nexos con narcotraficantes, según fuentes de la PGR.

Así, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UECO) dio a conocer que los hoteles Sheraton, Camino Real, Blue Bay, Howard Johnson, Gran Caribe Real, Kin-Ha, Porto Real, Laguna Real y Costa Real están siendo investigados por sus presuntas implicaciones con el narcotráfico, específicamente con el cártel de Juárez.

Hasta el momento, algunas personas, entre militares, empresarios y funcionarios, permanecen en arraigo domiciliario en residencias de la ciudad de México, vigilados por elementos de la PGR.

El director de Seguridad Pública municipal de Cancún, Federico Márquez, y el subdirector de la Policía Judicial del estado, Manuel Salinas, quienes al parecer reciben los beneficios del ``Programa de testigos protegidos'' señalaron a varios funcionarios de la administración estatal y municipal, así como a militares de alto rango, como el general de división Gastón Menchaca Arias, comandante de la décima Región Militar.

El general de brigada Jesús Beltrán Guerra, ex comandante de la guarnición militar de Cancún, y el teniente coronel Juan David Márquez Silva fueron señalados por el coronel Froylán Carlos Cruz, coordinador de la Policía Judicial Federal Antinarcóticos.

Según información proporcionada por agentes de la UECO, Menchaca Arias y Beltrán también están en arraigo en un domicilio de la ciudad de México, por sus presuntas relaciones con el narcotráfico.

También están en arraigo domiciliario los empresarios Fernando García Salvidea, presidente del consejo de administración de la cadena Best Day, así como Irving Trigo, propietario de una agencia de seguridad privada en esta ciudad.

Los hoteles Sun Palace y Cancún Palace que concentra las oficinas generales de la cadena de hoteles que incluye al Beach Palace permanecen operando ``normalmente'', pese a la intervención de la PGR.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Seguridad, Irving Trigo Segarra, desde su arraigo en un domicilio de Santa Ursula Xitla, en la delegación Tlalpan, denunció que ``la investigación'' que se realiza en Quintana Roo contra el narcotráfico es una farsa y un atentado que está siendo inventado por el coordinador de la Policía Judicial Federal Antinarcóticos, coronel Froylán Carlos Cruz.

Indicó que el involucramiento de altos funcionarios y jefes militares únicamente lo están realizando para justificar una investigación contra el narcotráfico que carece de sustento.

``Desconozco qué intereses los están moviendo para llevar a cabo estos señalamientos, pero han perdido la razón. A quienes detienen les enseñan una lista donde se incluyen varios generales, y los obligan a firmar una declaración, donde dice que vendían protección al narcotráfico''.

Precisó que bajo tortura y amenazas de muerte para su familia lo han obligado a declarar en contra de altos jefes militares, funcionarios estatales y empresarios turísticos de estar vinculados con el cártel de Juárez. Incluso dijo que mediante golpes y tortura corporal y psicológica lo han obligado a acogerse al ``Programa de testigos protegidos'' para involucrar a más funcionarios del gobierno estatal, con el objetivo de ``hundir'' al gobernador Mario Villanueva Madrid.

Trigo Segarra, desde su cautiverio, formuló serias acusaciones contra la UECO, pues dijo que ``seguirán las detenciones y secuestros por parte de estos elementos''.

Insistió en que fue detenido violentamente, torturado y obligado a firmar una declaración, donde menciona a funcionarios del gobierno estatal, e incluso al cónsul honorario de Italia, Augusto Pastaccini, de estar involucrados en el narcotráfico.