La Jornada 19 de diciembre de 1998

La mayoría de procesos a soldados, por faltas leves: inconformes

Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas Ť Noventa por ciento de los procesos que enfrentan en los juzgados militares mil 500 integrantes del Ejército Mexicano corresponden a ``faltas leves administrativas'', que podrían ser sancionadas con un ``correctivo disciplinario'', como el arresto, el cual podría cumplirse en las unidades a las que pertenecen los infractores, aseguran los inconformes que el viernes demandaron la desaparición del fuero de guerra en una insólita manifestación callejera.

Los documentos que los manifestantes hicieron llegar el viernes a los medios de comunicación abordan una serie de propuestas para modificar las penas y castigos que son aplicados por la justicia militar.

Entre los argumentos que desarrollan figura el de la supresión del fuero de guerra, porque es ``obligación'' del gobierno ``que en tiempos de respeto al estado de derecho y a las garantías individuales esta prerrogativa castrense desaparezca''.

Aducen en sus escritos que la existencia de fueros especiales data de los tiempos de la Colonia, pero ahora -en las condiciones actuales del país- la situación política y social es distinta, y las modificaciones al derecho internacional hacen ``obsoleta'' la persistencia del fuero militar.

``La justificación del fuero militar está apoyada en necesidades prácticas y disciplinarias, pero en la actualidad ya no se justifican, porque en nombre de la disciplina se han cometido injusticias y atrocidades en contra de los integrantes de las fuerzas armadas, a quienes por simples sospechas y falsos infundios, sin haber elementos de juicio que soporten las acusaciones, se les somete a un fuero especial, por demás represivo e intrigante''.

Los militares que el viernes protagonizaron una marcha por Paseo de la Reforma aseguran tener ``hambre y sed de justicia, dado que los aproximadamente mil 500 militares sujetos a proceso por diferentes motivos en las cárceles castrenses del país han sido despojados de sus derechos como militares, ciudadanos y seres humanos, en virtud de que 90 por ciento de los casos son faltas leves administrativas que trastocan la disciplina militar, pero sin constituir un verdadero delito'', puntualizan el teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez y el capitán de caballería Alberto Enríquez del Valle, encargados de elaborar la propuesta de iniciativa de decreto para reformar y modificar el artículo 13 de la Constitución.

Al respecto, proponen que esas faltas cometidas en contra de la disciplina militar se castiguen con arrestos, los cuales podrían cumplirse en las unidades a las que pertenecen los infractores si ameritaran un encierro de 15 días o menos. Si el arresto fuera por más de 15 días y menos de 90 éste podría cumplirse, en caso de ser una falta administrativa, en los centros de corrección disciplinaria, como se les denomina a las cárceles militares.

En caso de que la infracción implique un proceso más amplio y complicado -dicen los inconformes- el militar acusado se trasladaría al fuero común o federal, donde se castigaría y sentenciaría de acuerdo con el más estricto derecho.

``Las anteriores propuestas evitarían abusos e injusticias de los mandos militares y facilitaría la aplicación de justicia pronta y expedita, así como evitar castigos a inocentes o que se les dicte sentencias excesivas.

``El estado de derecho en nuestro país, que actualmente se pregona en los ámbitos nacional e internacional, hace paradójico que a un militar se le prive de su libertad, de sus derechos económicos, jerárquicos, y de sus garantías individuales, por falsas imputaciones o por represalias de sus comandantes'', subrayan.

Antecedentes históricos del fuero de guerra

El proyecto de modificación constitucional, que firmaron los 51 inconformes que marcharon por Paseo de la Reforma, destaca que el fuero militar tiene su antecedente más lejano en la Constitución de 1857, cuyo artículo segundo señalaba: ``Todos los habitantes de la República tienen, sin distinción de clases ni de origen, los mismos derechos. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ninguna persona o corporación puede ser investida de fueros o privilegios exclusivos, ni dotada de emolumentos que redunden en gravamen de la sociedad. Solamente subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los casos de esta excepción''.

Las referencias históricas que utilizan quienes elaboraron el proyecto refieren que la Constitución de aquel año ``era más completa y lógica'', porque el país se encontraba en revueltas constantes. Señalan que el artículo octavo de ese texto constitucional de hace 142 años también acotaba la actividad castrense: ``los militares están en todo tiempo sometidos a la autoridad civil, y esto es lo que actualmente se está solicitando, que se derogue el fuero de guerra para que los militares pasemos a ser ciudadanos de primera''.

El repaso histórico recuerda al constituyente de 1917 que apoyó la postura de excluir la jurisdicción militar respecto de la civil, y afirmó la necesidad de mantener el fuero de guerra. En aquel entonces, 8 de enero de 1917, Francisco J. Múgica ``impugnó'' el fuero y propuso que el artículo 13 de la Constitución quedara redactado de la siguiente forma: ``subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, cuando la nación se encuentre en estado de guerra o cuando el Ejército se encuentre en campaña en determinada región del país''.

Ahora, los militares que protestaron el viernes resaltan que el fuero de guerra se trata de ``un odioso privilegio militarista''.