Abren procesos contra militares por rebelión y sedición

David Aponte, Jesús Aranda y Gustavo Castillo Ť La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) inició averiguaciones previas en contra de los miembros del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP) y otros miembros de las fuerzas armadas --actualmente en prisión-- por los delitos de rebelión, sedición y contra el honor militar, bajo el argumento de que participaron en la manifestación pública del 18 de diciembre pasado para demandar la desaparición del fuero de guerra, informaron ayer integrantes del grupo inconforme.

Por separado, el procurador militar, Rafael Macedo de la Concha, informó que la dependencia a su cargo ya solicitó orden de aprehensión en contra del dirigente del CPCP, teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, por deserción a las fuerzas armadas.

Los militares agrupados en el CPCP fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público Militar durante la mañana y la tarde del martes. Al filo de las 18:00 horas, la senadora del PRD Amalia García acompañó a seis elementos del Ejército relacionados con el grupo disidente a las oficinas de la PGJM, ubicadas en Ejército Nacional y bulevar Avila Camacho.

Antes, el ex capitán Alberto Enríquez del Valle dijo que el teniente coronel Bacilio Gómez interpuso un amparo ante la justicia federal en contra de cualquier orden de aprehensión.

El teniente administrativo Jesús Felipe Sada González dio a conocer que al menos 70 miembros del grupo disidente promueven un amparo en contra de ilícitos que pretende imputarles la Procuraduría Militar, principalmente los de rebelión, sedición y contra el honor militar.

Por la mañana circuló la versión de que siete miembros del CPCP habían sido detenidos y torturados por elementos de la Policía Judicial Militar en la prisión del Campo Militar Número Uno. En respuesta, el procurador Macedo de la Concha declaró que los militares inconformes únicamente habían sido citados para comparecer ante el Ministerio Público castrense, con el objetivo de rendir su declaración en torno a la manifestación del 18 de diciembre pasado, pero aseguró que de ninguna manera han sido privados de su libertad.

``Las versiones o rumores que corren tienen oscuras intenciones que deben ser desenmascaradas'', argumentó.

El general confirmó que el órgano a su cargo realiza una exhaustiva investigación de los hechos, y que en caso de que haya elementos para consignar delitos del fuero federal, dará parte a la Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de que sancione tanto a los militares como a los civiles involucrados, dijo en alusión al segundo comandante del CPCP, el ex capitán Enríquez del Valle.

``La actuación de la Procuraduría Militar se ha ceñido a lo establecido en los códigos y leyes militares. Por ello, se ha procedido a indagar los acontecimientos (la marcha del pasado viernes) y a deslindar responsabilidades'', agregó.

En respuesta a lo que llamó ``amenaza'' del procurador militar, el ex capitán Enríquez dijo que él es civil, por lo que la procuraduría castrense no puede investigarlo ni actuar en su contra.

Si el general Macedo solicita la intervención de la PGR es porque esa dependencia ``está militarizada'', y los miembros del Ejército son los que ordenan las acciones a seguir, sostuvo.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Senado de la República, manifestó que entre 10 y 15 miembros del CPCP habían sido torturados física y mentalmente por agentes judiciales militares cuando acudieron en la mañana a pasar revista en la prisión del Campo Militar Número Uno.

Acompañado por el legislador perredista Mario Saucedo, el ex militar denunció que varios familiares de los miembros del grupo disidente han sido hostilizados por personal de la procuraduría castrense, a la cual responsabilizó de cualquier incidente o represalia en contra de los inconformes.

Por otra parte, aseguró que ha recibido más de dos mil 800 mensajes de solidaridad en los que apoyan su causa por vía del correo electrónico y mediante llamadas telefónicas.

Enríquez cuestionó la veracidad de la carta de apoyo al general secretario Enrique Cervantes Aguirre, firmada por generales del Ejército y distribuida por la Secretaría de la Defensa Nacional, al señalar que la misiva no incluye las firmas de los jefes militares.

Además, aprovechó la presencia del legislador Saucedo para afirmar que el movimiento del que forma parte es ``apartidista'', y que si bien coincide en muchos puntos con tesis del PRD, el CPCP surge al interior de las fuerzas armadas con el objetivo único de exigir justicia y respeto a la dignidad y los derechos humanos de los soldados.

``Este es un movimiento apartidista, y queremos que esto quede muy claro. Nuestra meta es actuar dentro de la legalidad, y no pretendemos salirnos del marco constitucional'', agregó.

Ante las versiones de la detención del teniente coronel Bacilio Gómez, afirmó que el dirigente del CPCP se encuentra en un lugar seguro y ``bajo resguardo'', aunque bromeó sobre su posible permanencia en territorio nacional.

Entrevistado a las puertas de la Procuraduría Militar, el teniente administrativo Jesús Felipe Sada González manifestó que las autoridades castrenses han desatado una persecución en contra del grupo de inconformes y de los elementos actualmente sujetos a proceso.

Añadió que incluso los agentes de la Judicial Militar interrogan a los detenidos bajo el pretexto de que se trata de ``una orden del señor secretario''.

Durante los interrogatorios, los agentes judiciales buscan que los inconformes declaren ``en contra del teniente coronel Bacilio y que él nos forzó para involucrarnos en este movimiento. Nos quieren presionar para que ellos procedan en contra de él y nos quieren achacar el delito de rebelión, pero no se da, porque nunca fuimos agresivos y no fuimos armados a la manifestación (del viernes pasado), no insultamos al gobierno. Lo único que exigíamos era justicia'', sostuvo.

--¿Por qué solicitaron la presencia de la senadora Amalia García en los interrogatorios?

--Mire, ahorita principalmente lo que estamos viendo y estamos buscando es un amparo colectivo contra la orden de aprehensión por los supuestos delitos que nos están achacando, que son rebelión, sedición y contra el honor militar, por la portación de los uniformes. Y ya estuve viendo a tres licenciados y por miedo no han querido ayudarnos...Entonces, lo que estamos pidiendo es el apoyo de los senadores para que nos ayuden a conseguir abogados.

De acuerdo con los inconformes, los interrogatorios a los militares que participaron en la marcha continuarán en el curso de los próximos días.