En punto muerto, las negociaciones sobre el paquete económico

Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Silva Ť Las negociaciones PAN-gobierno en torno al paquete económico entraron ayer ``en un punto muerto'', luego de que Acción Nacional endureció su postura, desconoció acuerdos -incluso de temas ajenos a lo económico, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)- y demandó la realización de un segundo periodo extraordinario de sesiones para el mes de enero, en el que el PRI cumpla lo pactado y se apruebe una nueva Ley Orgánica del Congreso, se hagan ajustes al recién creado órgano superior de fiscalización y reformas al artículo 115 constitucional.

La actividad legislativa se paralizó ayer a tal punto que la sesión programada para las 11 de la mañana nunca se realizó por falta de materia de trabajo -dictámenes medianamente consensados- pese a que en la agenda del periodo extraordinario están enlistados 11 asuntos y sólo uno de ellos ha sido desahogado.

Ayer estaba programado el debate en torno a la CNDH, pero como el PAN desconoció los acuerdos se tuvo que posponer. Dado que los diputados están formalmente instalados en sesión permanente, alrededor de las dos de la tarde el perredista Jesús Martín del Campo anunció desde la tribuna que no habría sesión y no se fijó fecha y hora de la próxima -aunque en todas las bancadas la indicación fue irse a casa ``a pasar la Navidad''-. Por la noche, la Comisión de Régimen acordó citar el martes a las 10 de la mañana, y terminar así con la incertidumbre que generó la falta de una fecha para sesionar.

Cancelan acuerdos

Acción Nacional, en voz de Gerardo Buganza, anunció que no aceptará ninguna alternativa para hacer cuadrar los ingresos del gobierno con sus egresos del próximo año que no sea ``ajustar el gasto, es la única opción''. Porque no avalarán ninguna modalidad de impuesto telefónico.

Asimismo los panistas cancelaron los acuerdos en principio a que habían llegado con el PRI y el gobierno relacionados con el aumento en el déficit -se había hablado de 0.22-, la inflación en 17 por ciento y un recorte gubernamental de 18 mil millones de pesos. Dijeron que esperarán a que el gobierno les haga una propuesta concreta de ajuste que evite el impuesto telefónico y entonces ``volveremos a hablar''.

Algunos panistas comentaron que el endurecimiento en sus posiciones no sólo tiene que ver con que el PRI no les cumplió en lo de la Ley Orgánica del Congreso -se comprometió a que se aprobaría-, sino que el PAN no aguantaría el golpe político -después de haber aprobado Fobaproa- que le significaría ahora volver a votar a favor de una propuesta del gobierno.

En este contexto -de incertidumbre y demasiados temas sobre la mesa- Juan Bueno Torio, también miembro del grupo negociador panista, abordó una veta que antes sólo había explotado el PRD. Comentó que el gobierno todavía puede ajustar su gasto no sólo en algunas dependencias, sino disminuir su presupuesto en materia de servicio de la deuda, estimado en 160 mil millones de pesos, porque este año le invirtió 120 mil millones y el próximo bajarán los intereses, así que está ``sobrevaluado''.

La decisión de los panistas de marcharse a sus estados y dejar en suspenso las negociaciones del paquete provocaron desconcierto en los diputados del PRI, quienes preocupados por la respuesta de los mercados -``no es sano'' lo que está pasando, diría Carlos Jiménez Macías-, emitieron un comunicado de prensa ``destacando la importancia de continuar en la sesión''.

Un poco más optimista, Angel Aceves Saucedo, presidente de la Comisión de Hacienda, advirtió que hay un problema ``de aproximadamente 25 mil millones de pesos, lo que detiene el proceso de elaboración de dictamen'', y descartó la posibilidad de que ``exista un partido político, del signo que sea, que se eche el tiro de dejar al país sin presupuesto. Eso no sucedió el año pasado y no sucederá este año, simplemente por la responsabilidad política y por el clientelismo''.

Pero como ``el que está con la sartén por el mango es Acción Nacional'' -comentaría Juan Miguel Alcántara- esperará a que el gobierno ``manifieste voluntad, es decir, anuncie un recorte en áreas no prioritarias'', y mientras no haya acuerdo no se puede presentar al pleno ningún dictamen y por lo tanto no hay materia.

Juan Miguel Alcántara dijo que hay una agenda ``que debemos encarrilar'', una que debe salir en este periodo extraordinario y otra más para ser desahogada en un segundo periodo extraordinario a celebrarse en el mes de enero próximo.

En ese segundo periodo los temas serán: ``mejorar el dictamen'' del órgano superior de fiscalización, que ya está en el Senado de la República. Los ajustes serán para adelantar al primero de enero del año 2000 la entrada en funciones de dicho órgano -está para el 2001- y diferir de marzo a junio la entrega de la cuenta pública del año 1999 por tratarse de un lapso de transición entre la desaparición de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara y el inició de operaciones del nuevo órgano fiscalizador.

Los otros temas serán las reformas al artículo 115 Constitucional, para hacer valer el criterio demográfico en la asignación de las participaciones federales a los municipios y la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Congreso.

``El PRI está muy arrepentido de lo que hizo'', dijo Alcántara en referencia a la Ley Orgánica. Resulta que el PRI no está de acuerdo con ella, pero se había comprometido con los panistas -en el marco de las negociaciones del paquete- a que le dejaría aprobarla con el PRD, retirando del salón de sesiones a los priístas que fueran necesarios para que dichos partidos alcanzaran mayoría. Pero no fue así, y ahora el PAN quiere que le cumpla.

La decisión del PRI de no cumplir ese compromiso provocó la reprimenda del secretario de Hacienda, José Angel Gurría, quien se quejó de que esa actitud lastimaba las negociaciones.

El panista explicó que está es la parte política de la negociación y que está por consolidarse la agenda con los otros grupos parlamentarios.

Marcha atrás, con acelerador a fondo

Así, el PAN no sólo dio marcha atrás en los acuerdos que en principio tenían en materia económica, sino que introdujo nuevos temas de carácter político. Y algo más, ayer decidió desconocer también los acuerdos con el PRI en torno a las reformas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El tema de la CNDH sería debatido ayer en el pleno y aprobado por el binomio PRI-PAN. Pero, ¡oh!, sorpresa, aunque un día antes habían aprobado el dictamen, el PAN decidió ayer que ya no lo avalaba, que quería ``clarificarlo'', ``mejorar la redacción'' y por lo tanto ``abrir un espacio''.

El PRD -en voz de Porfirio Muñoz Ledo y Demetrio Sodi de la Tijera- había cuestionado que el acuerdo PAN-PRI implicará no ampliar las facultades de la CNDH para que pudiera conocer asuntos electorales, laborales y judiciales. Incluso, cuando planteó que se discutiera el dictamen en las comisiones unidas, el PAN y el PRI le dijeron que no se podía porque si se hacían cambios tendría que regresar la negociación a la Secretaría de Gobernación porque ya estaba cerrada.

Santiago Creel, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, comentó ayer que Acción Nacional quiere que muy claramente se diga en el dictamen que la CNDH sí tiene facultades para intervenir en asuntos laborales y electorales. Apuntó que actualmente ya hace recomendaciones en materia laboral, así es que seria conveniente ``que podamos fraguar una redacción''.

En la parte electoral, recordó que el Consejo General del IFE aceptó 14 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces cómo podemos decir que la CNDH no tenga competencia cuando ya la tiene la Inter-americana.

La reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política programada para elegir al nuevo oficial mayor y al próximo tesorero de la Cámara de Diputados se tuvo que suspender por falta de consenso. PRI y PAN habían manejado algunos nombres, pero el PRD no los aceptó.