La iniciativa de ingresos del gobierno federal para 1999 propone un incremento al impuesto telefónico de 15 por ciento (La Jornada, 25-XI-98), es decir, duplicar el impuesto que ahora se paga bajo la forma de IVA. Las razones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aduce para elevar tan drásticamente ese impuesto, así como los precios de la gasolina, son las que corresponden a los criterios generales clásicos de los presupuestos.

El punto nodal de esos criterios puede expresarse sintéticamente así: se requiere aumentar los ingresos fiscales para promover la equidad social y mantener el equilibrio de las finanzas públicas. Sin embargo, numerosas razones hacen ver que la iniciativa está muy lejos de corresponder a esos criterios y que grandes ausencias en la política gubernamental están generando una situación verdaderamente crítica para la mayor parte de la población del país.

Una de las causas reconocidas de la crisis actual es el entorno económico externo, en particular, la reducción de los precios internacionales del petróleo, que se han deprimido un dólar por debajo de lo estimado para este año. Esto ha afectado la principal fuente de ingresos del gobierno, ya que, pese a los discursos, la economía mexicana y los ingresos del gobierno siguen dependiendo básicamente de un sólo recurso y del mercado mundial. Si esto ese así históricamente, ¿por qué razones el gobierno mexicano no ha desarrollado una estrategia sólida para aumentar el precio del petróleo? Salvo algunos acuerdos informales y la reducción leve de la producción hace unos meses, lo cual motivó un ligero repunte, tradicionalmente no se han hecho esfuerzos en ese sentido. Ni siquiera México ha entrado a la OPEP; sigue siendo observador pasivo de un mercado que lo afecta directamente.

No se trata, por supuesto, de confrontarse con los intereses económicos internacionales de los cuales la economía mexicana también depende. Pero existen formas y mecanismos para desarrollar una estrategia internacional que, sin vulnerar la disposición internacional a la inversión mexicana, permitieran una iniciativa ofensiva a favor del precio del petróleo.

Otro factor que afecta severamente la situación de las finanzas nacionales es la deuda externa. Actualmente el 20 por ciento del presupuesto se destina al servicio de su pago (La Jornada, 25-XI-98), y ninguna estrategia de negociación se ha emprendido, a pesar de que la experiencia del secretario de Hacienda se forjó básicamente en esos avatares. ¿Por qué ahora se asumen una actitud pasiva y se mantienen las condiciones del pago de la deuda sin la mínima iniciativa para mejorar la situación a favor de México? El asunto es tan escandaloso que el mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Bours, ha dicho que deben buscarse alternativas al pago del débito (ibídem).

Internamente existen, además, varios recursos que el gobierno federal no ha ensayado por las mismas razones que hacia el exterior se mantiene pasivo; es decir, supongo que porque no quiere alterar los equilibrios existentes. Uno de ellos es la evasión fiscal, sobre lo cual existe una tradición nacional que, sin embargo, se mantiene incólume. Puede incluso lanzarse la hipótesis de que hay enormes fugas en el funcionamiento de grandes empresas, que no son ni remotamente tocadas.

Otro tema interno es el de la economía informal, que puede considerarse algo así como una enorme válvula de escape al desempleo. No obstante, los intentos por gravar a la economía informal, especialmente a la de grandes dimensiones, no son necesariamente tan antisociales como a primera vista pudiera parecer. En primer término este tipo de economía, pese a ser subterránea, requiere del reconocimiento institucional en tanto depende en alguna medida de decisiones públicas. Además, la regulación de la economía informal constituye una necesidad nacional en la medida en que sólo así se apunta hacia una intervención institucional integral. No se trata de cobrarle impuestos a los vendedores de chicles, pero sí de gravar una economía que tiene seguramente fuentes importantes de renta.

En todo caso, puede verse que la estrategia gubernamental para sortear la crisis económica actual -y de paso las elecciones del 2000- ha apostado por gravar más a la sociedad. Incrementar el impuesto a la gasolina y al teléfono significa afectar directamente y con mayor gravedad que a nadie más, mínimamente al 50 por ciento de la población, sin contar con los efectos en cascada sobre la población de menores ingresos. El resultado lógico es una nueva restricción del consumo, el cierre de más empresas y una crisis más severa. ¿No puede haber realismo en la política económica?