Reitera la CIDH recomendaciones al gobierno mexicano sobre la masacre

Triunfo Elizalde Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe dado a conocer recientemente en Washington, reitera al gobierno mexicano las recomendaciones que le hizo en torno a la masacre de Acteal. Sobre todo, le pide actuar ``de manera seria, rápida y eficiente'' para asegurar que las denuncias sobre violaciones del derecho a la vida por parte de miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas mexicanas, sean investigadas en forma exhaustiva, para que se sancione debidamente a los responsables de esos hechos.

En el informe, hecho llegar a La Jornada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CIDH ratifica su postura de mediados de año, cuando, luego de ``reconocer'' la importancia de las medidas que habían sido tomadas hasta esa fecha por el gobierno, subrayó ``la facultad de pronunciarse en detalle acerca de la efectividad de las mismas'', si era llamada a hacerlo eventualmente en un caso individual.

La Comisión Interamericana manifestó que ``espera seguir recibiendo periódicamente información del Estado mexicano, para transmitirla a los peticionarios para que los mismos formulen las observaciones del caso''.

Reitera que deben desarrollarse estrategias integrales, a fin de combatir efectivamente la proliferación de guardias blancas, organizadas por propietarios de tierras, desarticular a dichas bandas, desarmar a sus miembros, investigar los hechos violatorios, y sancionar a quienes resulten responsables de los mismos.

En el punto 211 de su informe, la CIDH recomienda al gobierno mexicano promover y desarrollar iniciativas de paz ``en las zonas de violencia armada, particularmente en los estados de Chiapas y Guerrero, acompañadas de las reformas necesarias para lograr vigencia plena de los derechos humanos''.

El 24 de diciembre de 1997 (dos días después de la masacre de Acteal), la CIDH solicitó al gobierno de México la adopción de medidas cautelares relacionadas con la protección de la vida, integridad física y salud, tanto de los sobrevivientes de la matanza como de las demás personas en situación de desplazamiento que se encuentran en el municipio de Chenalhó.

Desde ese entonces, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el hecho ocurrido en Acteal evidenció las inusitadas consecuencias a que puede llegar el conflicto en Chiapas. ``Específicamente -dice en su informe-, el Estado (mexicano) tiene la obligación que le impone el artículo 1.1 de la Convención Americana, de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción''.