Los militares siempre han sido un factor importante en la política de los países latinoamericanos. México, en sus 177 años de vida independiente, ha sido gobernado por un porcentaje muy reducido de civiles. De hecho, hasta 1946, de forma directa o indirecta, tuvieron el control del aparato del Estado. Además, durante muchos periodos México no gozó de un Ejército profesional. Entre 1821 y 1857 no hubo un Ejército propiamente, fueron militares financiados por las élites liberales y conservadoras. Más adelante, la intervención francesa disolvió la naciente fuerza armada, sustituyéndola con fuerzas extranjeras y soldados mercenarios mexicanos bajo su mando.

Con la Revolución desapareció el Ejército nacional y en su lugar surgieron las guerrillas revolucionarias. En los años veinte los nuevos generales comenzaron a profesionalizar y desarmar a los campesinos. El reparto agrario sirvió como moneda de cambio (tierras por armas). La prueba de fuego fue la Guerra Cristera.

A fines de los años veinte y durante los treinta inicia la profesionalización militar, bajo el contexto de un gobierno autoritario. En esos años fue difícil distinguir al Ejército del partido. El PNR tenía su brazo militar y nadie movía un dedo sin el aval del Ejército o los militares licenciados para ser gobernadores, ministros, gerentes de empresas paraestatales o grandes hacendados (la nueva élite de la revolución).

Profesionalizar a una fuerza armada con ese poder no fue fácil. Sin embargo, poco a poco, se redujeron los presupuestos para las fuerzas armadas, y el número de hombres en armas y México se volvió uno de los países más desmilitarizados del mundo, (partiendo de la relación existente entre la población, el territorio a defender y el porcentaje del presupuesto militar respecto al producto interno bruto y al gasto de gobierno).

La desmilitarización no se dio democratizando al país. No hizo falta. La institucionalización de la revolución se dio a través de políticas agrarias, de salud, educación, vivienda, etcétera. Sin embargo, pensar que los grupos de presión más importantes de un país como México iban a perder poder de forma automática es iluso. En las constituciones de México, el clero y las fuerzas armadas tienen fueros especiales. Los clérigos, por ejemplo, no pagan impuestos, los militares tienen su propio sistema de justicia (en este caso, el Código de Justicia Militar), amparado en el artículo 13 de la Constitución. La sola existencia de estas condiciones especiales reflejan el peso de estas dos instituciones.

El no tener un país democrático significó una excesiva concentración del poder en el Presidente, la existencia de sistemas de justicia federales, estatales y municipales politizados, ineficaces y corruptos, y un Legislativo débil. Esto está cambiando o debe cambiar. Sin embargo, las leyes que regulan las atribuciones del Presidente sobre el Ejército y la armada se sustentan en la historia política del país.

En un país democrático, y México por fortuna está en ese camino, esperemos que sin retrocesos, los militares se deben subordinar al mando político que se escoge por la vía de las urnas, a través de una competencia en igualdad de circunstancias.

En el momento de presentarse la elección del mando político del país, los militares se deben subordinar a él. A la par, los militares en activo, por estar sujetos al fuero militar, se deben acatar a él. El fuero militar por naturaleza es mucho más duro que el civil.

Por ejemplo, en las leyes civiles no obedecer a un superior, en una secretaría de Estado, simplemente se castiga o cuando mucho, si hay incompatibilidad entre el jefe y el subalterno, el segundo renuncia; en una empresa o en el gobierno si un trabajador no asiste a su trabajo, se le descuenta el día, y si persiste en la falta, se le puede despedir. En el Ejército esto implicaría el encarcelamiento. Esto es así en todos los países.

Sin embargo, esto no quiere decir que el Código de Justicia Militar no pueda ser analizado por legisladores o que pudiera ser modificable en sus partes. En muchos países, por ejemplo, en la mayoría de los europeos, existe el ``defensor del soldado'', una especie de ombudsman en el seno de las fuerzas armadas. Esta es la pelea del general Francisco Gallardo y ahora del llamado Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP). Para bien o para mal es un debate abierto que afecta a las fuerzas armadas de nuestro país.

En este sentido, el reto más grande de América Latina tiene que ver con los militares políticos. Uno de los grandes triunfos de los ochenta y los noventa ha sido lograr cambiar las atribuciones meta-constitucionales que los militares se abrogaron para dirigir la vida política de sus países. Un sinónimo de avance y modernidad es tener a los militares sin actividad política defendiendo la soberanía y protegiendo a la población ante las eventualidades destructivas de la naturaleza. En muchos países constitucionales --entre ellos México-- se les otorga atribuciones para participar en el interior cuando son rebasados los cuerpos de seguridad. Esto también es polémico.

Afortunadamente, la vida contemporánea de México no ha tenido los sobresaltos de muchos países de América Latina: golpes de Estado, cuartelazos, guerras civiles, etcétera. El tránsito a la democracia se está logrando sin ese traumático escalón. Habrá que prestar atención a la suerte de la que se consideraba la democracia mejor restaurada del continente, la chilena, lo que ha provocado la detención de Pinochet en Gran Bretaña.

Muchos analistas, sorprendidos por la aparición pública del CPCP el pasado viernes 18 de diciembre, se entusiasman por su aparición y aplauden el que se sumen a las angustias del pueblo contra el gobierno ``responsable de todas sus miserias''. Algunos dirigentes políticos, como la senadora Amalia García, se transforman en sus protectores.

Por supuesto los militares no deben estar apartados de la realidad del pueblo y debe hacerse justicia de forma objetiva e imparcial cuando sean afectados, pero arrogarse el abanderamiento de las causas populares por un grupo de militares que tienen penas judiciales pendientes es jugar con fuego en términos políticos.

Hay que conocer las causas por las cuales están bajo proceso, y es imperioso que la sociedad sepa --y opine-- sobre la forma cómo se imparte la justicia militar, pero de ahí a que sustituyan a los partidos políticos que se han ganado el apoyo de la población en contiendas electorales, hay una gran diferencia.

Eso no quiere decir que los partidos políticos se desentiendan de ``lo militar''. Por el contrario, deben conocerlo a fondo para saber cómo interactuar con las fuerzas armadas a un nivel responsable, como podría ser, digamos, entre el Poder Legislativo y los dos ministerios militares. ¿Qué dirían los dirigentes de los partidos, que ante una disidencia en su seno, un militar o el Ejército en pleno se manifestara públicamente? Sería visto con gran preocupación.

En América Latina la maduración política se mide por el nivel de evolución de los partidos políticos, de la forma de acceder al poder de la vía electoral y por el nivel de respeto a las instituciones del Estado por las fuerzas armadas.

La actividad política de los militares puede ser riesgosa. En México el entendimiento cívico-militar, implícito pero respetado, puede pasar por una prueba de fuego. Se acusó a los militares de servir al PRI o a los intereses particulares de los gobernantes en turno. En ese escalón se encuentra el debate sobre la participación del Ejército en 1968, sobre si fue por decisión civil o hubo autonomía en el proceso de decisiones por las fuerzas armadas.

En los noventa el tránsito a la democracia y la emergencia de los partidos de oposición ha dejado manifiesto el desconocimiento hacia ``lo militar'', y no se discrimina la forma cómo se debe interactuar hacia las fuerzas armadas.

Es un peligro que se le dé igual importancia a una marcha, con todo lo justa que pueda ser, que, por ejemplo, una interacción responsable de los dirigentes políticos con el secretario de Defensa, de Marina, con los Estados Mayores de ambas, o por ejemplo, en las escuelas donde los militares discuten con los civiles, como el Colegio de Defensa Nacional.

Creer que por que un militar como Hugo Chávez pudo acceder a la presidencia de Venezuela, primero dando un cuartelazo y luego volviéndose popular, una experiencia repetible, o insinuar ello, es comparar dos cosas diferentes. La descomposición política que vivió Venezuela y la pérdida de credibilidad de sus líderes políticos no se puede comparar con la forma cómo se va construyendo en México la democracia. En Venezuela la descomposición de la democracia llevó a Chávez al poder, en México lo que tenemos es la construcción de la democracia como el hecho de que condiciona la política. La situación es exactamente la inversa.

En México uno de los indicadores de la maduración política del país, por supuesto no el único, será la forma cómo se transforme la relación cívico-militar dentro del marco de la democracia, donde incluso podría ser sustituido el PRI del mando del Estado por un partido de oposición. Por ello se requiere que las fuerzas armadas se identifiquen con esos mecanismos nuevos, desconocidos, pero para ello invocar o alentar expresiones políticas que aparecen en las fuerzas armadas, sea por militares en proceso judicial, sea por militares prestigiados, es muy delicado. Puede acusarse a alguna fuerza política, en este caso el PRD, de provocar a las instituciones y eso podría generar una desconfianza mutua innecesaria.

México, en la transición a la democracia, necesita que los distintos actores políticos y grupos de poder, aunque tengan intereses opuestos, puedan construir confianza y comunicación. O se da ello como premisa o podríamos alterar los frágiles acuerdos políticos que aún subsisten.