El pasado viernes 4 de diciembre, con la asistencia de distinguidos académicos y líderes de opinión de México y de Estados Unidos, tuvo lugar en El Colegio de la Frontera Norte un coloquio que desde diferentes perspectivas analizó la cuestión del voto de los mexicanos en el extranjero para las elecciones presidenciales del año 2000. Sin pretender sintetizar lo que ahí se expresó, me parece importante retomar algunos puntos de vista que el suscrito y otros asistentes formulamos durante el encuentro, y que sin duda reflejan algunos de los argumentos que en los próximos meses ocuparán buena parte del debate político nacional. El coloquio se organizó una vez que la comisión de expertos que constituyó el Instituto Federal Electoral entregó su reporte y que éste fue enviado al Congreso para su análisis y eventual decisión al respecto. En esencia, el coloquio tomó como documento de discusión el contenido de dicho reporte.

La complejidad del problema

Uno de los aspectos más relevantes y eje de la discusión es, sin duda, ``el tamaño'' del problema. Como ya se ha dicho, se trata de dar condiciones para que cerca de 10 millones de mexicanos participen en las elecciones presidenciales del año 2000. Esta cifra representaría el tercer estado de la República (sólo por debajo de la ciudad de México y del estado de México) en términos del número de ciudadanos involucrados e incrementaría 15 por ciento el padrón actual. Este solo hecho convierte este asunto en único en el mundo y hace discutible las comparaciones con otras experiencias de otros países. Ninguna nación tiene a casi 10 millones de sus ciudadanos en otro país el día de sus elecciones. La aplicación de procedimientos para garantizar la participación de una cantidad tal de personas sin poner en riesgo la confiabilidad de las elecciones, que tanto trabajo y dinero han costado a la sociedad mexicana, parece por lo menos un reto difícil de sortear.

Esta misma cifra provoca al menos otras reflexiones: ¿Cómo es posible que una cantidad tan grande de mexicanos quede fuera de una decisión de tal trascendencia?, sobre todo si se toma en cuenta que sus vínculos con el país y en particular con sus lugares de origen, no sólo son de una gran fortaleza sino que son ``constantes y sonantes''. Efectivamente, no podemos olvidar que las remesas que los migrantes envían a sus regiones de origen constituyen, en algunos casos, un factor básico para el desarrollo de esas regiones. Estas remesas ascienden a casi 5 mil millones de dólares anuales y se convierten en una de las fuentes más importantes de ingreso de divisas para el país, sólo por debajo de actividades que tienen una gran inversión estatal como el turismo o la industria manufacturera. ¿Cómo es posible que no exista una dependencia gubernamental de alto nivel que se haga cargo de los problemas de una población comparable a la del tercer estado del país? ¿Cómo se modificaría la distribución del padrón electoral actual, toda vez que los lugares de origen de los migrantes no se distribuyen de manera uniforme y cómo impactaría esa nueva distribución las decisiones políticas básicas, como por ejemplo, la distribución por estados del presupuesto?

Ahora bien, aunque a la hora del voto ``todos somos iguales'', el completo y documentado trabajo que realizó la comisión de especialistas nos lleva a pensar que algunos son ``más iguales que otros''. Efectivamente, dicho trabajo establece cerca de 30 categorías de mexicanos que el día de las elecciones no estarán presentes en el país. Para algunas de esas categorías es incuestionable el derecho a participar en las elecciones, por ejemplo: ¿quién pondría en duda el derecho a participar en las elecciones de referencia de un empleado de un consulado mexicano que se vería ``penalizado'' por representar a nuestro país si le negáramos esa participación? y ¿quién no cuestionaría la participación de un hijo de padre o madre mexicanos, nacido en Estados Unidos, que nunca ha estado en México y que probablemente ni siquiera habla español? --lo cual implicaría disponer de boletas en inglés. El análisis de esas categorías y sus dimensionamiento numérico (incluido en el estudio) será probablemente uno de los caminos para la solución del complejo problema. Mientras que en el primer caso, el número de mexicanos involucrados es de apenas unos miles, el número de hijos de mexicanos no nacidos en México es, según el propio estudio, de alrededor de 2.6 millones.

Otras de las posibles categorías incluyen: los que ya cuentan con credencial para votar con fotografía y los que no; los residentes en otro país (casi en su totalidad en Estados Unidos), y los que solamente están de manera temporal fuera de México, etcétera. De cualquier forma, resulta claro que oponerse o favorecer el voto de cualquier mexicano en el extranjero a partir de consideraciones sobre algunas de las categorías mencionadas, no solamente es una generalización poco válida, sino que se acerca más a la búsqueda de argumentaciones que justifiquen una posición ideológica.