Hace apenas tres meses a la UAM se le había asignado un presupuesto para 1999 de mil 650 millones de pesos. Con dicha cantidad, escasamente se habría logrado cubrir la inflación de 1998, lo cual significaría que, en términos reales, no iba a existir incremento alguno con respecto al presupuesto de este año.

Sin embargo, en el mes de diciembre se anunció que sólo se contaría con mil 326 millones, cantidad exactamente igual que la asignada para 1998. Es decir, que para el año próximo tendríamos un presupuesto real menor al de este año. Esto implicó un recorte de 324 millones de pesos para la operación de las actividades cotidianas.

Con dichas cantidades, y sabiendo que sólo lo estimado para pagar salarios, prestaciones, becas y estímulos durante 1999 ascenderá a mil 309 millones, quedarían sólo 17 millones para los gastos de operación, incluyendo en ellos los pagos imprescindibles de luz, agua, teléfonos, etcétera. Es decir, sería imposible funcionar. Además, no se incluía un solo peso para gastos de inversión en equipos, laboratorios y nuevas construcciones indispensables.

Ante este panorama desolador, la UAM adoptó inmediatamente la medida, de tipo administrativo y transitorio, de suspender toda contratación temporal de profesores hasta que no se tuviera el dato definitivo del presupuesto que le asignará la Cámara de Diputados. Esto supone dejar sin empleo en 1999 a 350 ó 400 profesores aproximadamente. Además, se prevén otras medidas que, de aplicarse, afectarán los ingresos de los profesores definitivos, provocarán supresión de programas, disminución de matrícula, afectación de prácticas de campo y disminución de publicaciones. Sin embargo, la amenaza de su aplicación es inminente.

La opinión pública ha sido testigo de numerosos pronunciamientos de los órganos colegiados y de conjuntos de profesores y trabajadores ante tal amenaza presupuestal, tanto para la UAM como para toda la educación superior en México. También los rectores de las principales universidades del área metropolitana emprendieron intensas negociaciones, para obtener recursos destinados a gastos de inversión.

El pasado lunes 21 se anunció que se había llegado al acuerdo de otorgar un aumento de 380 millones a la UNAM, 136 a la UAM y 70 al IPN. Parece ser que esto es el resultado definitivo de las negociaciones, ya que tanto el secretario de Educación Pública como los rectores de la UNAM y de la UAM informaron de tales incrementos como un logro al que se había arribado, lo cual permitiría formular escenarios tan sólo de supervivencia para las universidades.

El rector Francisco Barnés ha declarado que si no se aprueba un presupuesto mayor, la UNAM operará en niveles de ``astringencia'', con congelamiento de plazas y cero crecimiento, ya que para mantener las mismas condiciones de este año requeriría 600 millones y sólo tendrá 380. Es decir, tendrá una deficiencia de 220 millones.

En el caso de la UAM, la asignación de 136 millones de pesos provocará un faltante de 188 millones para alcanzar, por lo menos, las condiciones de operación de este año, y eso a reserva de los niveles inflacionarios del año venidero y de posibles recortes financieros. Es claro, por lo tanto, que con lo asignado, la UAM tendrá que adoptar medidas humanamente muy dolorosas y académicamente desastrosas; sufrirá un grave deterioro y no podrá cumplir sus compromisos con la sociedad.

Ante estos panoramas no se deben adoptar posiciones de agradecimiento ni al Ejecutivo federal ni a las secretarías de Hacienda o de Educación, ni se pueden hacer votos por la sensibilidad gubernamental para reconocer las necesidades económicas de la educación superior. Sabemos que algunas dependencias del sector público son susceptibles de recortes en gastos no prioritarios y que existen varias propuestas que harían viable el dotar a las universidades de un adecuado presupuesto. El financiamiento de la educación superior pública es una obligación gubernamental con la sociedad, y no motivo de negociaciones cupulares.

La UAM no puede esperar a que la ANUIES o el Consejo de Universidades Públicas definan programas de financiamiento que, supuestamente, nos dejarán al margen de vaivenes económicos. Por lo pronto, el Colegio Académico de la UAM ha resuelto que una vez que se cuente con la asignación presupuestal definitiva por la Cámara de Diputados, así como con una estimación general del ejercicio presupuestal de 1998, se reunirá para discutir las prioridades académico-presupuestales. Se espera que esta reunión se realice lo más pronto posible, presumiblemente para el mes de enero. Eventualmente estas actividades colegiadas podrían llevar a resoluciones importantes.

Mientras tanto, esperamos que los diputados, más allá de acuerdos logrados en la penumbra de las negociaciones partidistas, sean sensibles a las verdaderas prioridades nacionales, y aprueben un presupuesto que favorezca a la educación superior.

*Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco.