El proceso electoral del 2000 podría motivar el rechazo, en el Congreso federal, de la solicitud de endeudamiento del gobierno del Distrito Federal por 7 mil 500 millones de pesos. En efecto, se prevé la posibilidad de que los diputados federales del PRI y del PAN -en suma, dos hacen mayoría- puedan votar en contra, aunque los diputados locales de este último partido en el DF no parecen estar de acuerdo, debido al daño que resultaría para esta entidad. Una posible motivación sería tratar de hacer difíciles las cosas para este gobierno, con el propósito de debilitar al PRD, del cual surgió este gobierno, con miras a las elecciones del 2000.

Ese endeudamiento apoyaría, básicamente, obras mayores de agua y drenaje y de ampliación del metro. No es seguro, sin embargo, que todos los diputados federales de estos dos partidos asuman, con su voto en contra, la responsabilidad por afectar o frenar estos proyectos que, en el caso del PRI, habrían sido apoyados cuando ese partido gobernaba la ciudad, antes de que el gobierno de la misma fuera electo por la ciudadanía.

El pretexto del un endeudamiento supuestamente excesivo tendría poco valor, dado que los mismos dos partidos acaban de aprobar otro, casi cien veces mayor que ese, en el ámbito federal, a fin de que el erario asuma la mayoría de las deudas del Fobaproa. A diferencia del crédito solicitado por el GDF, dirigido a obras públicas, el del Fobaproa está destinado, en su mayor parte, a apoyar a los bancos.

En efecto, de los 552 mil millones de pesos que valía la deuda del Fobaproa en marzo, 472.8 miles de millones se destinaron a los bancos. El apoyo a deudores fue una pequeña parte del total. El valor de la deuda aumentó y, aunque con los cambios de matiz demandados por el PAN a cambio de su voto aprobatorio, una parte minoritaria de la deuda se regresa a algunos bancos, el grueso de ese endeudamiento público sigue siendo para cubrir a banqueros, de los cuales algunos están sujetos a proceso penal.

Todo país necesita de bancos, pero en su momento se planteó públicamente, y fue ignorado por las autoridades financieras, el verdadero camino de la solución, antes de que las deudas crecieran de manera tan monstruosa. Se planteó prestar a los deudores dinero a largo plazo y con bajos intereses -fueran personas o empresas- para pagar de inmediato al banco. Eso liquidaba la cartera vencida, saneaba al banco y también a la empresa productiva o al tarjetahabiente consumidor, manteniendo en marcha la economía del país. Pero a las autoridades financieras nunca le preocupó la quiebra de miles de empresas productivas, el desempleo de millones de trabajadores, la ruina de cientos de miles de tarjetahabientes y otros deudores individuales, ni el funcionamiento de la economía nacional en su conjunto, sino sólo los bancos, como si éstos pudieran sobrevivir con sus clientes arruinados. En efecto, de 24 instituciones financieras, sólo cinco siguen siendo propiedad de sus anteriores dueños, y con sus acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores a precios bajísimos. Cientos de miles de millones de pesos dilapidados, que hoy dan lugar a un nuevo ajuste de cinturón a la población y a la economía nacional, con aumento a impuestos y a precios de bienes y servicio de consumo generalizados, pero no para que el gobierno federal aumente los servicios públicos y el gasto productivo, sino para que los reduzca.

En todo caso, el querer usar los recursos para que la población del Distrito Federal tenga más agua, mejor servicio de drenaje y mejor comunicación con la ampliación del metro, podría no ajustarse a las prioridades de funcionarios del sector financiero federal, a los cuales subsidiar el precio de las tortillas es una herejía inconcebible, y el único subsidio justificado es para algunos banqueros.