Investiga ya la PGJDF el tráfico de armas en el Reclusorio Sur
José Galán Ť Ante la crisis generada durante casi 24 horas por cuatro presidiarios que, con armas de grueso calibre y explosivos, retuvieron entre 25 y 26 de diciembre a 19 rehenes en la enfermería del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, luego de intentar fugarse sin éxito, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investiga a los cerca de 300 empleados del penal: desde el director, Edgardo Aguilar Aranda, hasta el último de los afandores, incluyendo custodios, cocineros, enfermeros, encargados de la lavandería, los talleres e incluso personal administrativo.
Para llevar a cabo las indagatorias, además de atraer las pesquisas producto de la denuncia por privación ilegal de la libertad, portación de arma prohibida, robo, amenazas y lo que resulte en contra de los cuatro reos, personal de la agencia 50 del Ministerio Público, establecida en el sector central, en el mismo edificio de la sede de la Policía Judicial capitalina, se trasladó ayer al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
La Policía Judicial busca a los culpables de permitir el ingreso al penal de las armas --tres pistolas 9 milímetros, parque y una granada de fragmentación-- con las que Carlos Angel Ferret García, El Beto; Mario Mendoza Vázquez, El Pantera; Carlos Eduardo Pérez Fernández y Luis Jaime González pretendían darse a la fuga, y el origen de un dispositivo de bajo perfil el día 24 que incluso permitió el ingreso a ese penal de personas en estado de ebriedad, en violación a las ordenanzas, como lo pudieron constatar testigos del motín.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Disrito Federal, los cuatro reos permanecen aún en el reclusorio y hasta el momento no han sido trasladados al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México, debido a la necesidad de llevar a cabo de inmediato las averiguaciones pertinentes sobre la forma en que, particularmente, lograron hacerse de las armas y los explosivos.
Por otra parte, las autoridades ni desmintieron ni negaron las versiones de que los reos más peligrosos fueron reubicados en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, como todos los años en esta temporada, en la que comúnmente aumentan los intentos de fuga, las rebeliones, los motines y las agresiones a las autoridades carcelarias.
Las investigaciones se han centrado particularmente en los custodios y policías a cargo de la vigilancia en el área de tránsito y encuentro de visitas, así como en la aduana por donde salen y entran vehículos, mercancías e insumos, e incluso las rejillas de prácticas de los juzgados allí instalados, ya que la intención es descubrir sin tardanza a los culpables. Incluso las revisiones se han extendido a las celdas, particularmente del dormitorio 2, de donde salieron los cuatro reos para intentar huir.
Los rumores sobre una posible fuga concertada en los tres principales penales de la ciudad, y de la que el incidente en el Reclusorio Sur formaría parte, han sido objeto de un intenso escrutinio que ha llevado a las autoridades penitenciarias, en coordinación con investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, a poner marcaje personal a cerca de 120 reclusos considerados de alta peligrosidad en los tres penales de la ciudad, no sólo el sur, sino también el norte y el oriente, cuyas poblaciones fluctúan entre 4 y 5 mil presos cada uno.
Por lo pronto, las corporaciones policiacas han redoblado la vigilancia durante las jornadas de visita en todos los reclusorios, se han cancelado permisos y buscado el personal necesario para cubrir todas las plazas y turnos en cada uno de los penales; se ha fortalecido la vigilancia y revisión en las zonas de acceso y de salida de las cárceles, e incluso se ha procedido a aislar a ciertos reos catalogados como potencialmente conflictivos por parte de las autoridades en cada uno de los centros de detención.