Hoy podrían dictaminarse la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal

Mireya Cuéllar Ť Inmersos en una negociación cuya dinámica sólo ellos conocen, el PAN y el gobierno han colocado al Congreso en una posición inédita e incómoda. Al año le quedan sólo cuatro días y la inmensa mayoría de los diputados y senadores ni siquiera sabe con precisión en qué momento tendrá que votar la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y el Presupuesto de Egresos del próximo año.

Ni siquiera en los años de la hegemonía priísta en el Congreso, los legisladores estaban tan desinformados como ahora. Hoy, la Comisión de Hacienda no se ha reunido desde el 11 de diciembre, cuando en diez minutos aprobó el dictamen del Fobaproa sin haberlo leído. Se prevé que lo mismo pasará con el paquete económico del 99.

Cuando el pasado 23 de diciembre los diputados recibieron la instrucción de ``irse a casa a pasar la Navidad'', y prepararse para sesionar el 29 de diciembre, los integrantes de la Comisión de Hacienda fueron citados para este lunes a las 15 horas. Son los indicios de que hoy podrían dictaminarse la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal, para ser presentadas mañana al pleno de la Cámara de Diputados y el miércoles cumplir el trámite de su aprobación en el Senado.

También el hecho de que la fracción panista haya sido convocada para hoy a las 15 horas, hace prever que ahí serán informados de los resultados de la negociación que sus dirigentes tuvieron en Navidad con el gobierno, y se les pedirá aprobar el paquete económico del próximo año.

Los resultados de la larga y muy reservada negociación -más que la del Fobaproa- que el gobierno y el PAN mantuvieron sobre el paquete económico se irán conociendo con los días, cuando se nombren los vocales de la junta de gobierno del nuevo instituto que sustituirá al Fobaproa, y que deberá empezar a funcionar en marzo del próximo año. Estos cargos y los de quienes controlarán el órgano superior de fiscalización, fueron parte de las negociaciones y el origen de que se hayan prolongado tanto.

La palabra empeñada

Estará por verse hoy -si la Comisión de Hacienda finalmente se reúne- si Acción Nacional mantiene su palabra de no aceptar ninguna modalidad de impuesto telefónico, como mucho ha repetido, y obliga al gobierno a reducir sus gastos, si no en los 26 mil millones de pesos que demanda, cuando menos en una cantidad cercana.

De acuerdo con documentos que circularon entre algunos miembros de la fracción panista, la Secretaría de Hacienda aceptó, en la mesa de negociaciones, desde mediados de diciembre diversos ajustes al Presupuesto de Egresos.

A la propuesta gubernamental de imponer un gravamen de 15 por ciento al servicio telefónico, reducir las participaciones a los municipios y dejar a los estados en libertad de cobrar 2 por ciento adicional al 15 por ciento de IVA, Acción Nacional respondió que no y le pidió reducir sus gastos en 26 mil 400 millones de pesos para ajustar ingresos y egresos.

Y propuso reducir en 5 mil 238 millones de pesos el subsidio a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; quitarle 238 millones a Ferronales; cerrar las delegaciones de Sedesol, Sagar y Semarnap en los estados, para ahorrar 2 mil 300 millones de pesos; en las dependencias ajustar 8 mil 110 millones de pesos destinados a ``administración de recursos y formulación de políticas publicas''; ajustar las previsiones salariales en 4 mil 948 millones de pesos; eliminar la Secretaría de la Reforma Agraria; ``redimensionar'' Sectur y ``reducir gradualmente el monto de las transferencias'' a la agencia Notimex.

También propuso reducciones al gasto de los otros poderes y el IFE: 144 millones de pesos a los diputados; 76 a los senadores; 688 al Poder Judicial; 230 al IFE y 350 a los partidos políticos.

El ajuste a las previsiones salariales planteado por el PAN es el aspecto que más inquietó a los funcionarios de Hacienda, quienes lo consideraron ``inconveniente'', porque entonces el gobierno estaría imposibilitado para cumplir los contratos colectivos de trabajo, no podría llevar a cabo medidas de recuperación salarial para el magisterio y se vería imposibilitado para crear nuevas plazas para los programas de seguridad pública.

A las observaciones de la dependencia el PAN respondió que había que dar a los burócratas un aumento de 14 por ciento, ``o bien el incremento propuesto por el Ejecutivo, cuando éste sea menor de 14 por ciento''; asimismo, reducir en 50 por ciento el monto propuesto para la creación de nuevas plazas, y para otras medidas salariales y económicas.

De las pláticas Hacienda-PAN sobre los ajustes, se concluyó que, ya con costos de liquidación de trabajadores, el gobierno se ahorraría 20 mil 039 millones de pesos. Ello, sumado a los ingresos que el gobierno obtendrá al comprar gasolina barata a Estados Unidos y venderla cara a los mexicanos, y la posibilidad de posponer algunos pagos del servicio de la deuda externa por la caída de los precios del petróleo, equilibraría las finanzas públicas, según los panistas .

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el pasado 23 de diciembre a la opinión pública su propuesta en materia económica.

Primero, reiteró su rechazo al impuesto telefónico y propuso aumentar los ingresos regularizando los vehículos de origen extranjero que ya circulan en el país; estimó que se podrían recaudar mil 750 millones de pesos por este concepto; cobrar aranceles a los excedentes de importación de productos agropecuarios que se encuentran por arriba de los volúmenes previstos en el TLC, y utilizar el ``subejercicio'' de 1998 por dos mil millones de pesos que el gobierno federal hizo público recientemente.

También consideró que se puede hacer como que el Fobaproa nunca existió y cancelar las erogaciones destinadas al salvamento financiero, estimadas en 25 mil 145 millones de pesos; reducir en 18 mil millones de pesos lo destinado al pago del servicio de la deuda (presupuestado en 185 mil 958.8 millones de pesos) y recortar 18 mil 237 millones de pesos los ``gastos innecesarios'' del gobierno federal, tales como lo previsto para gasolina, muebles, ropa, perfumería, viajes y ``servicios oficiales'', de los funcionarios de alto nivel.

Esos recursos ahorrados se destinarían a otorgar un incremento salarial de 18 por ciento para los trabajadores del Estado, se implantaría un programa de apoyo a deudores, se incrementaría el gasto educativo en 10 mil millones de pesos, se ampliarían los programas de desarrollo agropecuario, de desarrollo social y las pensiones a jubilados.

La propuesta general de Presupuesto de Egresos que el gobierno envió al Congreso el 13 de diciembre pasado fue de un billón 40 mil 936 millones de pesos; 67.2 por ciento se canalizaría al gasto programable y 32.8 a erogaciones de naturaleza no programable (como pago del servicio de la deuda). El crecimiento real del presupuesto, de aceptarse en sus términos, sería de 5.6 por ciento. Como proporción del PIB , su monto es equivalente a 22.4 por ciento, 0.6 puntos porcentuales más que el año anterior.