El costo. En alguna ocasión el secretario de Gobernación mencionó que el costo de estas elecciones sería de mil millones de dólares. El reporte de la comisión de especialistas establece cifras, según la modalidad de participación, que alcanzarían cientos de millones de dólares. Independientemente de la exactitud de estas cifras, los investigadores que desde hace algún tiempo estudiamos el fenómeno migratorio rechazamos los análisis económicos de un fenómeno a partir solamente de los costos, sin tomar en cuenta los beneficios. Una medida es cara o barata, según lo que se obtenga con ella. Si solamente consideráramos el argumento de los costos al tomar una decisión, deberíamos de clausurar el país por costoso.

Dicho lo anterior, el argumento de los costos da ``para un poco más''. Este aspecto también nos lleva a otras reflexiones, por ejemplo: el dinero que se dedicaría a la organización de esta participación, ¿sería la mejor inversión en beneficio de los migrantes? ¿No sería mejor destinar ese dinero a organismos y actividades que los ayudaran a vivir mejor en Estados Unidos? ¿No encontrarían esos recursos un mejor destino en las regiones de origen de estos migrantes?

Hasta ahora, el debate se ha centrado en si se otorgan o no condiciones para que se vote en el extranjero, y se ha discutido poco o nada en qué se beneficia con ello a los migrantes, así como si esa es la mejor forma de ayudarlos.

La preferencia electoral

De manera cada vez menos explícita y preocupantemente cada vez más implícita, aparece como argumento en contra o a favor de la participación, el asunto de la preferencia electoral, es decir, pugnar por que sea permitida esta participación partiendo del supuesto de que los votos de los migrantes favorecerán mayoritariamente a un partido o estar en contra porque supuestamente los votos correspondientes no favorecerían a otro. En primer lugar, los mencionados supuestos no están mínimamente comprobados. No conozco ningún estudio serio que permita concluir de manera representativa sobre las preferencias electorales de los migrantes internacionales. En segundo lugar, y dicho con todo respeto, esa actitud es tan inmoral como la de algunos políticos norteamericanos como Pete Wilson, ex gobernador de California, o la senadora Diane Feinstein que utilizan a los migrantes solamente para obtener votos.

Una propuesta

Una de las conclusiones que se puede derivar del coloquio es que las posiciones extremas dicotómicas de ``a favor o en contra'' son totalmente inapropiadas y no ayudan ni a la solución del problema ni a los migrantes ni al avance de la democracia. El estudio realizado por la comisión aporta elementos para generar un espectro de posibilidades. No solamente en términos de las modalidades de participación sino incluso en los tipos de migrantes a los que se aplicarían tales modalidades.

Dicho estudio refleja situaciones sumamente complejas, que no pueden ser atacadas y resueltas simultáneamente. Una de las primeras conclusiones es que esta participación debe ser vista como un proceso gradual, que con pasos firmes no ponga en riesgo lo que la sociedad mexicana ha logrado en términos de la confianza en sus procesos electorales. Ciertamente, las elecciones del 2000 serán fundamentales en el futuro de México.

Por estas razones, considero que en una primera fase deberían ser considerados algunos de los subgrupos de estos migrantes que incuestionablemente mantienen vínculos estrechos con México, como por ejemplo aquéllos que cuentan con credencial para votar con fotografía (alrededor de 1.3 millones, según el estudio de la comisión). Generar una modalidad de participación para ellos sería perfectamente legal en términos de la legislación vigente; es factible incluso temporalmente hablando, y con seguridad, menos costoso que una participación generalizada e incuestionable en términos de la confianza y transparencia del proceso. Después de que durante años se nos dijo que un componente básica de la confianza de nuestros procesos electorales era la credencial para votar con fotografía, no veo cómo ahora se justificaría que para los mexicanos que están fuera del país esa credencial no es necesaria y, menos aún, cómo en tan corto tiempo se podría credencializar a cerca de nueve millones de personas fuera de nuestro territorio.